Alberto Fernández y su entorno más cercano, junto a los gobernadores peronistas, se tomaron toda la tarde de ayer para desarrollar los argumentos jurídicos con los que buscaron justificar la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación. Sabían que la determinación, así como la recusación de los miembros del máximo tribunal, provocaría una fuerte polémica, y que podría desembocar en consecuencias penales. Sin embargo, están decididos a mantener la defensa de su posición, y rechazan las acusaciones de la oposición.
La decisión se basó en una lectura política de las normas, que fue detallada ayer pasadas las 20 en un breve comunicado desarrollado entre el Presidente y los mandatarios provinciales, con guía de la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el cerebro jurídico y la “guardiana de la lapicera” de Alberto Fernández; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, los tres miembro del círculo íntimo del primer mandatario.
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Los máximos referentes del gobierno nacional informaron que, como el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para entregarle los fondos correspondientes a la Ciudad, el Presidente decidió “instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”.
En el Gobierno rechazaban, después de una jornada extenuante por la cantidad de actores involucrados en los diálogo, el uso de las palabras “incumplimiento” o “desacato” para calificar la postura oficial. “Nosotros explicamos por qué no se puede cumplir, que no es lo mismo que no acatar”, justificaron. En el comunicado, dijeron que se trató de un “fallo político, de cara al año electoral” y, entre calificativos para la sentencia -como “inédito” e “incongruente”- sostuvieron que “la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”.
De la redacción del comunicado también participó el ministro del Interior y referente kirchnerista, Eduardo Wado de Pedro, que a pesar de la distancia con el Presidente en la interna del Frente de Todos, formó parte del encuentro encabezado por Alberto Fernández en la Casa Rosada junto a 14 gobernadores peronistas. Fue en ese mítin, que duró una hora y media, donde se determinó no sólo rechazar la sentencia, sino también sentar las bases para evitar cumplirla.
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El comunicado lleva la firma, además del primer mandatario, de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Según el Presidente, todos ellos instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación.
La decisión de desacatar la sentencia del máximo tribunal generó un cimbronazo en la oposición, porque afecta directamente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En la sede gubernamental de Uspallata confiaba en que la Nación cumpliría la decisión de la Corte, al punto de que poco después de que se publicara el fallo, la administración local dio de baja el impuesto a las tarjetas de crédito que había instaurado para compensar, en parte, los fondos que se le habían recortado en 2020 por decisión del gobierno nacional. Y anoche habían puesto el grito en el cielo frente a la inesperada decisión de Alberto Fernández junto a los mandatarios provinciales del PJ.
En el Gobierno no tienen intenciones de transferir los fondos que, según la Corte, le corresponden a la Ciudad. Pero si eventualmente lo hicieran, la operación estaría en manos del Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa, informaron en la Casa Rosada. Así descartaron las versiones que circularon ayer de que la cartera de Interior debería tener algún tipo de injerencia. Por ahora, el titular de Hacienda no se expresó al respecto ni participó personalmente de las negociaciones sobre la postura, aunque siguió el tema y envió delegados que lo pusieron al tanto de las conversaciones.
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