“Nos quería sacar la mitad de cada plan”: denuncian por extorsión a un militante K que trabaja en el Estado

Las denuncias sobre el pago de “aportes” que deben realizar los beneficiarios de planes sociales suelen naufragar en los pasillos del Ministerio de Desarrollo Social. Solo un puñado de esos casos termina en la Justicia, donde también se diluyen por falta de pruebas.

En este caso, la denuncia judicial está acompañada de chats, audios, y hasta comprobantes de las transferencias. El apuntado es Daniel Galvagno, un militante K que tiene vínculos políticos con la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y quedó salpicado durante la pandemia por una compra de lavandina por parte de la Gobernación. Ahora lo acusan de montar un sistema de recaudación con el Potenciar Trabajo, que abarca a 1.200.000 personas.

“Nosotros veníamos amparados por el movimiento Octubres de Gastón Arispe. A Galvagno lo conocimos por Facebook, él tenía la unidad de gestión, una organización que se llama “Sumando x Argentina”, y nosotros teníamos gente en todo el país. Empezó pidiéndonos 1400/1500 pesos por cada beneficiario, luego 2300 pesos, y terminó exigiendo que le demos la mitad de cada plan”, cuenta uno de los afectados, Nicolás Riccardi, en diálogo con Infobae.

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La denuncia fue presentada el lunes pasado en los tribunales de Comodoro Py y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, aunque podría terminar en el juzgado de Maria Eugenia Capuchetti, quien investiga hace meses a los dirigentes del Polo Obrero por un supuesto sistema de recaudación similar.

En el caso de Galvagno, también hay una presentación judicial en los tribunales de Lomas de Zamora y decenas de denuncias ante el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un canal especial para este tipo de reclamos.

Riccardi asegura que fruto del acuerdo con Galvagno se sumaron más de 500 personas a “Sumando por Argentina”, una organización muy pequeña que milita para el kirchnerismo. “Al comienzo nos llevaba a los actos de la UTEP (donde confluyen el Movimiento Evita, Barrios de Pie, CCC, entre otros), pero todo estaba dentro de lo normal. Él necesitaba gente y nosotros buscábamos una unidad de gestión para que los compañeros trabajen y crezcan”, cuenta el denunciante.

Las unidades de gestión son los encargados de gestionar los planes en el territorio. Pueden ser organismos gubernamentales, universidades, o cualquier organización de la sociedad civil. “Deben presentar un plan de actividades al Ministerio, una propuesta de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios y sociolaborales, certificar la participación de beneficiarios así como la provisión de materiales, indumentaria y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades previstas”, explicó una fuente de Desarrollo Social.

Galvagno tenía esa estructura que le permitía captar beneficiarios.

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Oriundo de Río Gallegos, Galvagno emigró a Buenos Aires en 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente, y comenzó a militar en la provincia de Buenos Aires para el Frente Grande, una pequeña agrupación que integraba el Frente para la Victoria.

También fue parte de “Compromiso K”, un agrupación liderada por Carlos Zannini, Rudy Ulloa y Damián Barijhoff, entre otros, y terminó trabajando para Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Desde entonces, según registros comerciales, es empleado de la CNRT.

En su sitio de Facebook, Galvagno suele publicar consignas políticas a favor del kirchnerismo y tiene decenas de fotos en actos políticos con funcionarios K como el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico.

Durante la pandemia, Galvagno fue salpicado por un escándalo de sobreprecios en la venta de lavandina para el gobierno de Santa Cruz. La empresa denunciada, Emprendimientos NVCD, no tenía antecedentes y había sido creada apenas un mes antes. No es todo: uno de sus socios, Claudia Idalia Bordón Noceda, aparecía en otra firma junto a varias personas oriundas de Río Gallegos, entre ellos el propio Galvagno.

“Ella era mi contadora, no tuve nada que ver con todo eso de la lavandina”, se defiende ante una consulta de Infobae.

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Según la denuncia en su contra, Galvagno comenzó a recaudar un “aporte” mensual. “Al comienzo eran 1400/1500 pesos por cada plan, juntábamos casi 900 mil pesos. Yo recaudaba en efectivo o por transferencia, y se lo mandaba a otra persona de Pergamino, que finalmente le transfería en montos más pequeños”, asegura el denunciante.

Infobae tuvo acceso a uno de esos comprobantes. El dinero fue enviado a una cuenta de Galvagno radicada en el Banco Nación.

Además de realiza un “aporte”, siempre según la denuncia, los beneficiarios tenían que ir a las marchas con las pecheras de “Sumando x Argentina”. Una de las convocatorias fue horas después del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner en Recoleta.

“La relación se rompió cuando nos pidió el 50 por ciento de cada plan. Si juntábamos de 1000 personas eran como 14 millones de pesos. La excusa era que la gente no iba a trabajar pero era mentira, nosotros hacíamos tareas de limpieza, íbamos a los centros de jubilados. Muchos dijimos que no, otros por miedo se quedaron”, cuenta Riccardi.

Consultado por este medio, Galvagno aseguró que los denunciantes “son estafadores que captaban gente en Facebook y se quedaban con la plata de la gente”. “Los echamos nosotros, nunca pedimos un aporte, si hay transferencias son por honorarios de mi trabajo como abogado”, agregó.

En los últimos años, la mayoría de las denuncias penales por el manejo de los planes se diluyeron en los Tribunales. En muchos casos es por falta de pruebas, y en otros porque los damnificados se “arrepienten” o reciben presiones de los propios denunciados.

Pero ahora hay una causa que tiene en vilo al Gobierno. Se inició por una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán tras las irregularidades que detectó la AFIP entre los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Ese informe había sido pedido por el ex ministro Juan Zabaleta pero aterrizó en Desarrollo Social apenas comenzó la gestión de Victoria Tolosa Paz.

El organismo recaudador, manejado por el kirchnerismo, detectó irregularidades en 253.184 beneficiarios como haber comprado dólares o tener más de dos propiedades. Cuando la tensión aumentaba en las calles, el Gobierno dio de baja apenas un puñado de planes y postergó hasta febrero el relevamiento de fondo.

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