Sin definición sobre sesiones extraordinarias, el Congreso podría retomar su actividad recién febrero

El Congreso de la Nación se encuentra virtualmente paralizado. Las negociaciones políticas están frenéticas pero la actividad parlamentaria se encuentra estancada. En la Cámara de Diputados aún están abiertas las heridas de la última sesión en donde hubo gritos, gestos y reproches. En el Senado, en tanto, la falta de número que asegure el quórum como consecuencia de la ausencia de legisladores por cuestiones de salud y por el Mundial de Qatar 2022, también puso pausa toda especulación de una vuelta al recinto.

En la Cámara Alta, a la ausencia del senador del Frente de Todos José Mayans, que fue dado de alta y se recupera en su casa, se le sumó que Sergio Leavy, del Frente de Todos, sigue los pasos de la Selección desde Doha, lo que hace que el oficialismo no tenga el número necesario para asegurarse el quórum.

Pero no solo eso, el renunciamiento público de la Vicepresidenta y Presidenta del Senado, Cristina Kirchner a cualquier candidatura modificó el esquema político dentro del Frente de Todos y eso repercute en el armado interno.

“Los gobernadores ahora están en otra posición y están expectante y eso obviamente repercute en los posicionamientos de los senadores. Aunque en el bloque hay senadores cristinistas, como pueden ser Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Oscar Parrilli entre otros, los que representan a provincias cuyos gobernadores pueden tener aspiraciones hoy son más cautos”, explica una fuente que suele recorrer los despachos del Senado.

Este parate impacta en algunos proyectos de ley que llegaron con media sanción de Diputados como, por ejemplo, la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios; el Certificado Único de Discapacidad; o la exención del pago de Ganancias a partir de la quinta guardia médica.

En la Cámara Baja la situación es diferente pero el resultado parece ser el mismo. Aunque a diferencia del Senado, en Diputados hay contactos frecuentes entre los presidentes de los bloques que tienen como intención retomar la senda del diálogo que se rompió en la última sesión que terminó en un escándalo con gritos, golpes en las bancas y gestos poco adecuados que terminó con pedidos de expulsión cruzados.

Esa sesión terminó con un pedido de expulsión para el diputado Cristian Ritondo por parte del bloque del Frente de Todos y otro de parte de Juntos por el Cambio para el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, situación que no hizo más que profundizar la grieta que ya existe entre los dos bloques mayoritarios.

“Hay contactos para reencauzar el diálogo pero está difícil porque hay presiones externas e internas. Los dichos de la última sesión pasaron a planos personales que hacen difícil el acercamiento y a eso se le suma que hay intenciones de los sectores más duros de no acordar nada de cara al año electoral”, reconoció un diputado que suele hablar con todos los sectores ante la consulta de Infobae.

El problema es que esta situación está retrasando temas que son muy importantes y prioritarios para el Ejecutivo, Y, en algunos caso, hasta había consenso previo para que sean tratados y aprobados.

En ese listado esperan la reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta norma, que tiene como fin adaptar la legislación argentina a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuenta con el apoyo de los bloques mayoritarios y es de vital importancia porque en el 2023 el Gafi realizará una auditoría sobre el sector público y privado argentinos para evaluar la efectividad en la prevención del lavado de dinero.

Pero también están la creación de nueve universidades y la instrumentación de un plan de pago de deudas previsionales antes de que venza la actual moratoria previsional que impacta en 800.000 personas que este año no se podrán jubilar por no contar con los 30 años de aportes.

En medio de esto, el Ministerio de Economía este fin de semana hizo trascender que enviará al Congreso un proyecto de ley para avanzar en un blanqueo de capitales. Según había dicho el ministro Sergio Massa, su intención era tenerlo aprobado para el 1 de enero cuando comience a regir el intercambio de información con los Estados Unidos con la intención de tender un “puente de plata” para aquellos que tienen fondos no declarados en ese mercado.

“Es poco probable que se logre avanzar. Hay contactos no sólo de miembros de la Cámara sino también del Ejecutivo para intentar destrabar la situación, pero por los tiempos parlamentarios aunque quisiera se hace muy difícil., Suponiendo que el proyecto ingrese en Diputados esta semana y se dictamine y se lleve al recinto la próxima, no hay margen para que en el Senado se apruebe antes del 1 de enero porque necesita como mínimo dos semanas”, explicó un senador oficialista.

Aún resta saber si el Ejecutivo va a llamar a sesiones extraordinarias, pero las últimas experiencias no han sido fructíferas. Este año la Casa Rosada dispuso la extensión hasta el 31 de diciembre de las sesiones ordinarias y no se logró llevar adelante ninguna y durante el 2021 dispuso el llamado a extraordinarias y tampoco se logró sesionar.

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