Un informe reservado, que aún no llegó al ministerio de Desarrollo Social, revela que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.
El decreto número 728, firmado el jueves pasado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el ingreso de nuevos titulares a ese plan social y que los que son dados de baja sean reemplazados. Esos fondos, realza la normativa, será destinados a la adquisición de máquinas y herramientas para nuevos emprendimientos sociales.
El informe al que accedió Infobae de manera exclusiva fue pedido el 30 de junio pasado por el entonces ministro del área Juan Zabaleta. Según fuentes del ministerio de Desarrollo Social, el entrecruzamiento de información aún no llegó al despacho de Victoria Tolosa Paz, pero que si esto sucede, y la funcionaria convalida la información, la decisión es dar de bajas a los que estén por fuera de las normas, ya sea por la compra de dólares, por la adquisición de un auto o por que perciben más de un plan social por valores superiores al salaria mínimo vital y móvil.
El pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social se respondió el día 24 de octubre, pero la nueva gestión está aún esperando dar con los datos.
El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del Potenciar Trabajo. La tarea, que demandó más de cuatro meses, detectó que 253.184 de ellos -el 18,30% del padrón de beneficiarios- realizaron una “manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales” y que 35.398, el 2,56%, “habían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses”.
“Si corroboramos incompatibilidades, vamos a depurar el padrón. La voluntad de este ministerio es acompañar el crecimiento del empleo registrado en la Argentina, que permitirá una mayor inversión por parte del Estado en bienes de capital para la Población Económicamente Activa de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”, aseguraron desde la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz y abundaron: “Necesitamos darle especialmente a la juventud las herramientas y las máquinas para que ese saber y esa experiencia se vuelquen en el sistema productivo”.
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El artículo sexto del decreto presidencial número 728 es muy claro en la determinación de ir achicando los planes sociales y reemplazarlos por trabajo genuino.
El texto especifica que, a partir del viernes pasado -fecha de su publicación en el Boletín Oficial-, “no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’, ‘Potenciar Inclusión Joven’, ‘Nexo’ Y ‘Plus Esencial’”.
En la cartera, la más sensible del gabinete nacional junto con la de Economía, entienden que se dan situaciones aberrantes. Hay denuncias sobre personas que cobran de manera ilegal el programa cuando indigentes no han accedido al segundo plan más importante del ministerio, detrás del denominado Alimentar.
El decreto 728 también está firmado por Tolosa Paz; Sergio Massa (Economía); Juan Manzur (Jefatura de Gabinete); Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Kelly Olmos (Trabajo).
La normativa afirma que “el ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación”.
Es lo que va a suceder, según las fuentes consultadas, con los fondos que hasta ahora percibían los casi 300.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, si la ministra convalida los datos volcados en el informe oficial al que accedió este medio.
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