Revolución Federal: el juez Leopoldo Bruglia demandará a Alberto Fernández por daños y perjuicios

El juez de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia demandará por daños y perjuicios al presidente Alberto Fernández, según adelantó el magistrado a Infobae. Fue después de la serie de tuits que el jefe de Estado publicó ayer para cuestionarlo tras el fallo que ordenó la libertad de los integrantes de Revolución Federal. El jefe de Estado aseguró que “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”. Pero Bruglia advirtió la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables”.

“No soy ilegítimo”, sostuvo el juez en una presentación en donde advirtió que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia el que ordenó restituirlo en su cargo, luego de que se revocara su traslado, hasta que el concurso para designar un nuevo magistrado avance. “Constituye un hecho que trasciende una simple ofensa a la investidura individual para traslucir una clara injerencia sobre otro poder del Estado”, advirtió.

En ese contexto, tras la consulta de Infobae, el juez anticipó que demandará por daños y perjuicios al presidente de la Nación por difamación.

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Las críticas de Bruglia hacia el Presidente se conocieron a través de la carta que envió esta mañana a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial para presentar su renuncia y a la que accedió este medio Es que el juez manifestó su desconcierto por la falta de reacción de la entidad ante las críticas de Ejecutivo luego de las resoluciones tomadas en las últimas horas por el tribunal que integra, en el marco de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner y las excarcelaciones ordenadas para los detenidos en la causa Revolución Federal.

“Vengo por la presente a renunciar formalmente a esa Asociación de Magistrados y debo, necesaria y lamentablemente, fundarla. No haré referencias ni alusión a cuestiones ya históricas y seré breve. Uds. no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación -en sus tweets del día de ayer- y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables”, afirmó.

La carta siguió: “Saben Uds. muy bien que por un decreto presidencial (asentado en una compleja maniobra anterior), publicado en una especial edición del Boletín Oficial de la Nación, fui apartado del cargo que actualmente estoy ocupando y al que, meses después, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituirme. Allí señaló el Supremo que debía permanecer en el sitio que actualmente ocupo, hasta tanto fuera designado un juez reemplazante. Así concretamente lo dice el fallo. No soy ilegítimo, como falazmente lo afirman los funcionarios; la Corte expresamente así lo dijo y sólo consideró que el cargo que legalmente ocupo lo es en forma transitoria”, señaló.

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Bruglia sostuvo: ”El Presidente de la Nación y el Ministro de Justicia (Martín Soria) han sido claramente ofensivos con sus dichos hacia un juez integrante de esa institución, y constituye además un hecho que trasciende una simple ofensa a la investidura individual para traslucir una clara injerencia sobre otro poder del Estado, lo cual debería -cuanto menos- haber generado en Uds. algún tipo de alarma, …aunque parece que no”.

Y añadió: “No creo que deba extenderme más, sin duda concebimos y sentimos la Justicia de una forma distinta, motivo por el cual no tiene ningún sentido permanecer en esa institución”.

Bruglia y su colega Bertuzzi quedaron en el ojo de la tormenta cuando en julio del 2020 el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura ,Gerónimo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de trasladados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces Consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py. Desde allí, Bruglia y Bertuzzi intervinieron, por ejemplo, en el caso “Cuadernos”, en la cual Cristina Kirchner fue señalada como la jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios entre 2003 y 2015.

Un fallo de la Corte Suprema, vía per saltum, se pronunció sobre el tema en noviembre del 2020: decidió terminar con el sistema de traslados. Dijo que Bruglia y Bertuzzi, pero también el resto de los jueces trasladados, debían ganar un concurso y conseguir el acuerdo del Senado si querían ser titulares de un tribunal. Por eso, indicó que debía abrirse un concurso para los cargos de la Sala I de la Cámara Federal e impidió de esta manera que se pudieran sumar sus vacantes a un concurso ya abierto, algo que frustró los planes iniciales en el oficialismo.

El fallo enojó al Ejecutivo. El oficialismo en el Consejo de la Magistratura activó la puesta en marcha del concurso para elegir a los futuros integrantes de ese tribunal clave. Pero la oposición rechazó votar la terna propuesta.

En paralelo, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi presentaron una denuncia ante la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. Esa denuncia está activa. Allí los jueces sostuvieron: “Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder, por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional del que se valieron las actuales autoridades del Estado Argentino para desalojarnos en forma expedita de los cargos que detentábamos. Fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad (centrado en el Consejo de la Magistratura de la Nación), montados desde la estructura máxima del poder del Estado y perfectamente coordinados. Mediante esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de la que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”.

“Es difícil pensar que el Presidente de la República Argentina no se encontraba especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos”, se añadió.

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