La táctica que Cuba usa para eludir su responsabilidad en la muerte de presos, según un informe de derechos humanos

Un preso de 34 años en Las Tunas murió con 1.78 metros de estatura y apenas 32 kilogramos de peso, según documentó Cubalex, organización cubana de derechos humanos.

El caso ilustra lo que la organización describe como un patrón de “externalización de la muerte”: liberar a los reclusos cuando su deterioro de salud ya resulta irreversible para que el fallecimiento ocurra fuera de los muros de la prisión.

El mecanismo fue identificado en siete casos concretos: personas excarceladas o beneficiadas con licencias extrapenales que murieron horas o días después de salir del penal, cuando el daño causado durante el encierro ya no tenía reversión posible.

“Consiste básicamente en excarcelar a la persona cuando ya está en una situación que es prácticamente irreversible para de esta manera desligarse o evitar la responsabilidad del Estado en esa muerte”, explicó el abogado Alain Espinosa, de Cubalex, a Martí Noticias, medio de comunicación con sede en Miami.

115 muertes bajo custodia en dos años y medio

La cifra corresponde a un relevamiento de Cubalex sobre fallecimientos vinculados a establecimientos penitenciarios cubanos entre febrero de 2024 y junio de este año.

Los siete casos de excarcelación en estado crítico forman parte del total y, según el informe, la salida formal de prisión no borra las responsabilidades por lo ocurrido durante el encierro.

La negligencia o la negación de atención médica aparece como el mecanismo dominante: Cubalex la identificó en al menos 80 de los 115 casos, cerca del 70% del total documentado.

Dentro de ese universo, la organización atribuyó 21 muertes a desnutrición severa o inanición y otras 12 a tuberculosis. Espinosa señaló los brotes de la enfermedad y la falta de alimentos con aporte proteico adecuado como los ejemplos más visibles del deterioro que enfrentan los reclusos.

La prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, concentra el mayor número de fallecimientos del período, con 23 casos. El penal mantiene destacamentos específicos para reclusos identificados como “desnutridos” o “bajo peso”, algo que Cubalex interpreta como reconocimiento institucional de un problema que el Estado conoce y no corrige.

La violencia dentro de las celdas

Espinosa advirtió que reducir el análisis a la desatención sanitaria deja fuera otra causa de muerte igual de grave. “Estas muertes no solamente ocurren por la negligencia en la atención médica adecuada”, señaló el abogado, que apuntó a agresiones ejecutadas por funcionarios de orden interior o por otros internos.

Esa violencia puede responder a órdenes directas de agentes de la Seguridad del Estado o de funcionarios penitenciarios, o bien tratarse de agresiones que los responsables de los centros permiten de forma intencional como mecanismo de castigo.

La distinción importa porque desplaza la pregunta más allá de quién golpea. Para Espinosa, también hay que establecer quién ordena la agresión, quién la tolera y quién incumple el deber de impedirla.

Un subregistro, según la propia organización

Espinosa fue categórico sobre los límites del relevamiento. “Como siempre este informe constituye un subregistro”, afirmó. “No son todos los casos que puedan ocurrir dentro de Cuba, con lo cual la magnitud de este problema es muchísimo mayor”.

La advertencia cobra sentido a la luz de los datos más recientes de la misma organización. Cubalex documentó 12 muertes bajo custodia durante septiembre, diez de ellas en establecimientos penitenciarios, la cifra mensual más alta desde febrero de este año y el doble de los cinco fallecimientos registrados en agosto.

Entre los casos de septiembre figuran nuevamente dos personas que salieron de prisión en estado grave de salud y murieron poco después de la excarcelación, el mismo patrón que describe el informe de los 115 casos. Tres de los episodios del mes presentaron además indicios de posible ejecución extrajudicial.

El informe especial incluye 12 casos de acción letal directa: nueve clasificados como ejecuciones extrajudiciales por golpizas atribuidas a guardias penitenciarios y tres muertes de sospecha particular, en las que la versión oficial de suicidio convive con indicios de violencia estatal.

Entre los fallecidos, Cubalex identificó a nueve presos políticos o miembros de la sociedad civil independiente, varios de ellos vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021.

Sin investigaciones independientes, persiste la impunidad

Para Espinosa, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas perpetúa “ese ciclo de impunidad que impera en Cuba”. No existen, según explicó, vías para exigir de manera efectiva la determinación de responsabilidades de los mandos militares y políticos por sus acciones u omisiones en estas muertes.

Esa ausencia obstaculiza el derecho de las familias a conocer la verdad sobre las circunstancias en que perdieron a sus seres queridos. Las preguntas permanecen abiertas caso por caso: qué atención recibió cada persona privada de libertad y quién debía actuar para proteger su vida.

El régimen cubano no publica estadísticas oficiales de mortalidad carcelaria, no permite inspecciones independientes y no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Prisoners Defenders, otra organización que monitorea la situación de los reclusos en la isla, contabilizaba 1.356 presos políticos al 7 de octubre, de los cuales cientos presentan patologías médicas graves vinculadas, según esa entidad, a la desnutrición y la falta de atención sanitaria dentro de los penales.

Cubalex reclama investigaciones completas e independientes, supervisión externa de los centros penitenciarios y reparación para las familias de las víctimas. La organización también presentó ante el Relator Especial de la ONU sobre la tortura una propuesta técnica que exige supervisión internacional sin restricciones y la prohibición de negar beneficios penitenciarios por motivos políticos, un reclamo que por ahora no ha tenido respuesta del Gobierno de la isla.