Hay quejas destempladas, acusaciones de todo tipo y advertencias sobre lo que vendrá. Ese es el clima en el que quedó envuelta la Confederación General del Trabajo (CGT) luego de que la Cámara de Diputados votó en contra de un artículo del proyecto de Presupuesto 2023 acordado con el Frente de Todos y que iba a permitir un alivio en el creciente déficit financiero de las obras sociales. “Ahora sí quedamos al borde del colapso”, dijo un sindicalista que siguió de cerca el tema.
Sin embargo, el ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los interlocutores del sindicalismo sobre la crisis de las obras sociales, tiene decidido recibir la semana próxima a la central obrera para evaluar alternativas que brinden un auxilio para los números en rojo del sistema sindical de salud.
El artículo 127 del proyecto de Presupuesto 2023, que fue rechazado en Diputados y era reclamado desde hace años por la CGT, contemplaba incorporar $175.000 millones para que el Estado se hiciera cargo de los gastos de educación y transporte en el rubro discapacidad y, además, de la financiación de la cobertura de medicamentos de alto costo y tratamientos de alta complejidad.
Los sindicalistas le apuntan al Gobierno por no haber podido garantizar la sanción del artículo 127, pero desde el oficialismo, ante la consulta de Infobae, respondieron: “Que se vayan a quejar a Macri”. Es que el artículo en cuestión fue votado en forma afirmativa por los 117 diputados del Frente de Todos, más 3 aliados (los del Frente de la Concordia de Misiones, el Movimiento Popular Neuquino y SER, de La Rioja), pero recibió el rechazo de los 124 legisladores de Juntos por el Cambio y la abstención de 4 diputados del Frente de Izquierda.
En la sesión de esta madrugada, la que alertó sobre inconsistencias del artículo 127 fue la diputada Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, quien advirtió que ese punto nunca se había discutido en comisión y que fue incorporado a último momento, el viernes pasado, en el dictamen oficial.
La legisladora se quejó de una redacción confusa que le daba al Ministerio de Salud atribuciones para determinar la validez de los medicamentos de alto costo y tratamientos de alta complejidad y, además, que no estaba claro de dónde saldrían los fondos para que el Estado se haga cargo de pagarlos. La acompañó en marcar sus objeciones la diputada nacional Mónica Fein, del Partido Socialista. Por eso la oposición se unió para rechazar ese artículo. Curiosamente, nadie del Frente de Todos lo defendió.
Los dirigentes cegetistas, por su parte, también se quejan de que todavía no les llegó a las obras sociales los $24.000 millones prometidos por Massa, a razón de cuatro tramos de $6000 en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que no eran fondos del Tesoro Nacional sino plata genuina del sistema sindical de salud que, según fuentes oficiales, “Martín Guzmán tenía pisada”´. Se trata de dinero que proviene del aporte de trabajadores y empresarios y debería haber sido girado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), desde donde se pagan los reintegros a las obras sociales.
Más allá de esta deuda, hace largos meses que los dirigentes de la central obrera, encabezados por José Luis Lingeri, titular del Sindicato de Obras Sanitarias y secretario de Acción Social de la CGT, vienen alertando al Gobierno que las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación representan actualmente casi un 70% de la recaudación del FSR. El fuerte impacto de las prestaciones por discapacidad que no tienen que ver con la salud, según asegura la central obrera, acentúa el desfinanciamiento de las obras sociales.
Alberto Fernández le había prometido hace un año a la CGT una solución a ese tema mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que iba a permitir que las obras sociales traspasaran al Estado las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, pero la norma en estudio quedó trabada en los despachos oficiales, pese a la fuerte presión sindical.
La preocupación por este tema fue uno de los primeros puntos que la CGT le planteó a Massa apenas asumió en Economía, aunque el ministro, urgido por frenar el aumento del gasto público, pidió archivar la idea del DNU y, en cambio, propuso incorporar en el proyecto oficial “una partida dentro de los mecanismos que tiene el presupuesto para solucionar este tema”.
Así se negoció el artículo 127, que despertó el entusiasmo de la CGT porque su aprobación habría ocasionado un alivio en las cuentas en rojo de las obras sociales. Los sindicalistas alertaron en las últimas horas que prácticamente no hay plata en el Fondo Solidario de Redistribución y esa forma no podrían pagarse a las obras sociales los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos de alto costo. El sistema entraría así en un estado de quiebra.
Ahora, tras el golpe que dieron los diputados opositores al auxilio a las obras sociales, Massa tendrá que hacer malabares para encontrar una solución que evite el colapso de las prestaciones de salud en el sistema médico que administran los sindicatos, en un contexto de un Estado con pocos recursos.
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