La firma “Caputo Hermanos” se puso este miércoles a disposición de la Justicia y negó haber financiado a la agrupación Revolución Federal, un hecho que se investiga en una causa paralela al expediente que investiga el atentado contra la vida de Cristina Kirchner. Sobre las transferencias a la carpintería de Jonatan Morel, líder de esa organización, sostuvo que se trató de dos proyectos de carpintería “ya ejecutados y concluidos”.
“Dentro de los proyectos desarrollados y ejecutados por la firma, en particular los proyectos de Espacio Añelo (Provincia de Neuquén) y Santa Clara Sur (Provincia de Buenos Aires) se contrató a la carpintería del Sr. Jonathan Ezequiel Morel para la realización de un trabajo dentro del Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Santa Clara al Sur y la confección e instalación de una parte del mobiliario de los departamentos del edificio Espació Añelo”, dice el escrito firmado por el abogado Matías Cuneo Libarona y entregado esta tarde en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
La presentación, a la que tuvo acceso Infobae, lleva la firma de Flavio Luis Nicolás Caputo, hermano mayor de Luis “Toto” Caputo (ex ministro de Finanzas) y presidente del directorio de la empresa Caputo Hermanos SA, una desarrolladora inmobiliaria con más de 20 años de experiencia en el mercado.
La firma explicó que el trabajo encargado se pagó a través de varias facturas porque Morel “se valió de un equipo de trabajo con colegas suyos”. “Luce descabellado pretender relacionar la actividad habitual y comercial de la empresa con un supuesto financiamiento de presuntas actividades delictivas de una organización completamente desconocida, de la cual sería partícipe uno de los más de 250 proveedores de la empresa”, destaca otros de los párrafos de la presentación.
En ese expediente, que se encuentra bajo secreto de sumario, Cristina Kirchner fue aceptada ayer como querellante. Al ser aceptada, la Vicepresidenta podrá conocer todos los detalles del caso (una vez levantado el secreto) y promover medidas de investigación.
La denuncia contra Revolución Federal tiene una especial relevancia para el Gobierno porque ven con preocupación el crecimiento de grupos violentos radicalizados. Pero además porque la denuncia la hizo la propia AFI dentro de la causa del atentado contra la ex presidenta en base a un diálogo en Twitter registrado unos días del ataque. Cristina Kirchner aseguró no creía que la banda de los copitos hubieran planificado el atentado en su contra. “Nadie puede creer que esa banda tiene la autoría intelectual”, aseguró.
Inicialmente, el fiscal Gerardo Pollicita entendió que el caso debía investigarse en el marco del atentado a CFK. Y señaló en un dictamen que “no podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación”. En ese contexto repasó “otros sucesos que constituyen una escalada temporo-espacial de violencia desplegada desde la agrupación hacia funcionarios de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional”.
Pero tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo entendieron que por el momento no había pruebas para vincular a la agrupación Revolución Federal con el intento de homicidio. Eso fue respaldado por el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens.
Ayer al mediodía se realizó una audiencia ante la Cámara Federal en la que Nicolás Gabriel Carrizo, el denominado jefe de los “copitos”, y Agustina Díaz dijeron que no participaron del atentado y pidieron ser liberados.
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