La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo -República Francesa- el 10 de octubre de 2018.
La norma, que ya cuenta con la media sanción del Senado y el dictamen de la Comisión de Relaciones exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, tuvo un tratamiento express en la comisión que preside el diputado pampeano por el Frente de Todos, Hernán López Araujo, que rápidamente obtuvo las 28 firmas para dictaminar y dejar listo el proyecto de ley para que la semana que viene, cuando se supone que habrá una nueva sesión, sea finalmente aprobado en el recinto.
El proyecto de ley establece un Protocolo modificatorio del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
La diputada radical, Karina Banfi, había señalado a la hora de respaldar la norma que “se trata de una deuda que tenemos con la sociedad para proteger algunos datos personales que circulan por internet, como los genéticos, los biométricos, la opinión política, las creencias religiosas, y sexuales, entre otras”.
Específicamente, el Protocolo Modificatorio amplía la protección a categorías especiales de datos personales, entre los que se incluyen: datos genéticos; datos biométricos que identifiquen inequívocamente a una persona; y datos personales relacionados con el origen racial o étnico, opinión política, afiliación a gremios, creencias religiosas, salud o vida sexual; cuyo tratamiento estará permitido únicamente cuando se consagren salvaguardas apropiadas, complementando las que surgen del Convenio.
Además, establece que cada Parte dispondrá que se adopten medidas de seguridad adecuadas contra riesgos como los de acceso accidental o no autorizado a los datos, destrucción, pérdida, uso, modificación o su divulgación.
Por otra parte, señala determina que la transferencia de datos a Estados u organizaciones internacionales que no sean Parte del Convenio “solo podrá llevarse a cabo en la medida en que se asegure que dichos datos posean una legislación con un nivel de protección adecuado conforme a sus previsiones”.
Excepcionalmente, el convenio señala que cada parte “podrá prever que la transferencia se lleve a cabo a Estados u organizaciones internacionales que no poseen legislación adecuada si se acredita alguna de las siguientes condiciones: a) que se haya obtenido el consentimiento del titular de los datos; b) que se encuentren comprometidos intereses específicos del titular de los datos; c) que prevalezcan intereses legítimos, en particular, intereses públicos importantes y la transferencia constituya una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática o d) que constituya una medida necesaria y proporcional para la libertad de expresión en una sociedad democrática”.
En paralelo a este protocolo, el Gobierno llevó adelante una consulta pública respecto de un anteproyecto de ley de la Agencia de Acceso a la Información Pública para modificar la ley modificación de la Ley de Protección de Datos Personales, que desde el año 2000 reglamenta el artículo 43 de la Constitución nacional. El período de consulta pública finalizó el pasado 30 de septiembre.
Entre las modificaciones que propone establece la ampliación de la definición de datos sensibles, es decir aquellos que se refieran a la esfera íntima o que puedan generar discriminación o riesgo grave para el/la titular. Bajo este paraguas se incorporan los datos genéticos y los biométricos.
Otro punto que destaca la modificación que impulsa la Agencia de Acceso a la Información pública se refiere a que los buscadores de internet tienen que ser más transparente a la hora de explicar los mecanismos como la inteligencia artificial.
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