Juan Pablo “Pata” Medina, ex secretario general de la UOCRA de La Plata, fue sobreseído en la causa en la que era investigado por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión a empresarios de la construcción.
Según el juez federal Alejandro Esmoris, la acusación contra Medina y otros siete familiares suyos fue consecuencia de un armado instrumentado por la mesa de la “Gestapo”, en relación a la reunión en 2017 en la que funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia hablaron con empresarios de la construcción de cómo iniciarle causas judiciales a Medina.
Para el magistrado, la situación del gremialista “no sería más que el fruto de los delitos que se vienen investigando en causa 18933/21, por resultar consecuencia de actividades de inteligencia ilegal, desplegadas en el marco de un proyecto delictivo más amplio, que incluía la actuación ilegal de múltiples funcionarios con altísimos cargos gubernamentales, dispuestos a que se impute, procese y detenga con total prescindencia de las normas relativas al debido proceso y con afectación evidente de todos los principios rectores que inspiran la actuación de la justicia en el marco de cualquier Estado Republicano”.

El dirigente sindical había sido detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, que lo procesó por los delitos de “asociación ilícita”, “lavado de dinero” y “extorsión” y además le trabó un embargo por 200 millones de pesos. En febrero de 2020 fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumplió en su casa de la localidad bonaerense de Ensenada, en calle 60 entre 9 bis y 11 de Villa del Plata.
Un año después, en febrero de 2021, fue excarcelado por el TOF 2 de La Plata. En ese momento, el juez le fijó una serie de restricciones como la prohibición de salida del país, la de acercarse a las víctimas de los hechos por los cuales se lo acusa, y también de participar de actividades gremiales en la UOCRA u otras seccionales. Pero incumplió las medidas y volvió a quedar detenido en agosto de 2021, bajo prisión domiciliaria.
En marzo de este año, el juez Esmoris le había otorgado la libertad al sindicalista porque estaban vencidos los plazos de su prisión preventiva, que llevaba más de tres años, el máximo que prevé la ley. Sin embargo, el magistrado dispuso que la libertad no iba a ser inmediata, sino cuando la decisión quede firme porque la Fiscalía se había opuesto y podía ser apelada. Eso ocurrió y la Sala II de la Cámara Federal de Casación la confirmó por lo que así quedó firme y en condiciones de ejecutarse.
Finalmente, el juicio oral contra Medina fue postergado porque la defensa pidió la nulidad luego de que se conociera la causa de la llamada “Gestapo antisindical”. Se trata de la reunión en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia en la que funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia hablan con empresarios de la construcción de cómo iniciarle causas judiciales a Medina. En la causa de la Gestapo, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a los principales acusados.
El sindicalista dijo que esa era la prueba de que el expediente por el que iba a ser juzgado estaba armado. El Tribunal postergó el inicio del juicio para analizar el planteo de Medina, por lo que finalmente hoy fue anulada la causa.
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