Días después de que el juez Federico Villena ordenara que el piloto Gholamreza Ghasemi y otros seis tripulantes del avión venezolano-iraní deben permanecer retenidos en el país, desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) aseguraron que hay varias líneas investigativas en curso para determinar en qué circunstancias arribó el Boeing 747-300 al aeropuerto internacional de Ezeiza el pasado 6 de junio. “No hay un solo elemento, cuando el avión es retenido, que nos indique que es de instrucción”, advirtió hoy Marta Nercellas, abogada de la asociación.
“Acabo de pedir medidas para que se trate de desenmascarar esta supuesta pertenencia; no tenemos el título de propiedad”, confirmó esta mañana Nercellas, en diálogo con radio Mitre. La letrada representa a la DAIA en la mesa de trabajo que participa en la investigación del caso del avión venezolano-iraní, que continúa retenido en Ezeiza a dos meses de su aterrizaje.
Durante el reportaje, Nercellas mostró su preocupación al asegurar que hay “preguntas que todavía no tienen respuesta”. Y en este sentido, planteó: “Ghasemi tiene casi 10 mil contactos en su teléfono. ¿No tendríamos que saber quiénes son esos contactos?”. Sobre el material hallado en el móvil del piloto iraní, la abogada de la DAIA ratificó que hay información que lo vincula al “transporte de armas o de personas”.
En la misma línea, agregó: “Estamos reclamando la información sobre el motivo por el cual el Ejecutivo de Uruguay pidió que el avión, que ya estaba en vuelo, vuelva. Es algo que todavía no tenemos en el expediente”.
Nercellas, por otra parte, respaldó la resolución del juez Villena para que 12 de los 19 tripulantes de la aeronave puedan salir del país mientras continúa la investigación, al considerar que su fallo es “totalmente legítimo”. Sin embargo, aclaró: “Nosotros no apelamos la resolución porque consideramos que es mucho más importante avanzar en la investigación, para poder tomar más medidas más importantes”.
La abogada de la AIA también confirmó que los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní continúan en el hotel Plaza, ubicado en la localidad bonaerense de Canning, y que la estadía de todos ellos es pagada “en exclusivo” por uno de los miembros de la tripulación.
El juez Villena autorizó este lunes la salida de 12 de ellos (11 venezolanos y 1 iraní), y hasta les devolvió sus pasaportes, pero la medida todavía no se hizo efectiva porque fue apelada por la fiscal del caso, Cecilia Incardona. Ahora deberá definir la Cámara Federal de La Plata. Entre los tripulantes que deberán quedarse en el país hasta que se resuelva lo contrario se destacan el ya mencionado Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José García Contreras. En cambio, sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, no hay indicios puntuales de vínculos con el terrorismo, pero el juez quiere que se queden en el país hasta que se termine la pericia sobre los teléfonos y las computadoras.
Sobre el avance de la investigación, esta semana una Corte de Estados Unidos formalizó un pedido para incautar el avión. Villena ya le corrió traslado a la fiscal Incardona y decidirá en los próximos días, pudo saber Infobae. “El avión podría quedar secuestrado para la Justicia argentina y para la justicia de Estados Unidos”, admitió una fuente judicial a este medio.
Según un comunicado difundido esta semana por el Departamento de Justicia de EE.UU., el pedido de la Corte del estado de Columbia es porque la aeronave habría violado las leyes de control de exportaciones locales por la transferencia no autorizada de la aerolínea iraní Mahan Air hacia Emtrasur. Estas irregularidades se profundizaron cuando, entre febrero y mayo de 2022, Emtrasur permitió que la nave volara desde Caracas a Teherán y Moscú.
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