La Argentina se encuentra envuelta en una controversia entre Estados Unidos y Venezuela por el destino del avión Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur que aterrizó el pasado 6 de junio en Ezeiza con 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes. El Departamento de Justicia estadounidense solicitó el embargo del avión por violación a las restricciones de las operaciones de la empresa Mahan Air por colaboración con las Brigadas Quds (IRGC), que forman parte de la organización terrorista Yihad Islámica. Las operaciones de esa firma deben contar con la aprobación de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU., que ejerce el control cuando involucra equipos de origen norteamericano.
Las restricciones a Mahan Air datan de 2008 y han sido renovadas periódicamente. En 2011, fue identificada por el Departamento del Tesoro, Control de Activos Extranjeros, por el apoyo a las Brigadas Quds. El comandante registrado de la nave formó parte de IRGC y sería accionista de Qeshm Fars Air controlada por Mahan Air. El Comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia aclara que CONVIASA, la principal accionista de EMTRASUR, fue listada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2020 y su flota fue bloqueada negándosele el derecho de privilegios de exportación.
Doce senadores norteamericanos ya habían solicitado un mayor involucramiento de la administración Biden en la investigación sobre los tripulantes del avión. La carta de los senadores fue dirigida al fiscal general Merrick Garland, pidiendo prioridad para esclarecer los motivos del vuelo y la composición de la tripulación.
El presidente Nicolás Maduro, en su alocución televisiva, solicitó al Gobierno argentino que rechazara la solicitud de embargo y comparó esta situación con el oro retenido en el Banco de Inglaterra, que desconoce la legitimidad del gobierno venezolano. Este reclamo se suma a los reiterados pedidos para obtener la liberación de los tripulantes y la devolución de la aeronave.
Esta crisis que parecía constreñida a la identificación de la tripulación se convirtió para el Gobierno argentino en un conflicto internacional que involucra a gran parte del gobierno de los Estados Unidos, y más aún en momentos en que el el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, planea un nuevo viaje a ese país para explicar sus planes de reordenamiento macroeconómico. Las coincidencias de los hechos pueden ser una casualidad, pero obligan a preguntarse las razones por las cuales el gobierno de Nicolás Maduro hizo caso omiso a todas las notificaciones norteamericanas sobre las limitaciones para operar un avión adquirido a una empresa sancionada por los Estados Unidos. Los controles de los Estados Unidos comenzaron en 2008 y fueron acentuándose a medida que se deterioraban las relaciones con Irán, a las cuales se sumó después una política de sanciones a Venezuela.
No resulta fácil con todos los antecedentes obrantes considerar que todo se debió a un error “tropical”, o que había confianza en la incapacidad de los organismos de control argentinos para detectar la identificación de la nave. El gobierno de Venezuela no podía desconocer la posibilidad de una intervención de los Estados Unidos que forzarían al Gobierno argentino a tomar una posición y definir sus oscilaciones respecto a su alineación con la revolución bolivariana. El envío de este avión solo puede leerse en un marco político con consecuencias negativas para la Argentina.
El incidente llamó la atención del Congreso, del Departamento de Comercio y de Justicia de los Estados Unidos, y la Embajada en la Argentina tendrá la obligación de intervenir en favor de los pedidos de las instituciones de su país. La actitud del Gobierno de Venezuela revela una vez más sus juegos políticos para promover la confrontación que merecería una advertencia para evitar caer en sus trampas.
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