Horas después que trascienda un pedido de la Cancillería de Irán ante el gobierno argentino a favor de los cinco tripulantes de esa nacionalidad que viajaban en el avión de Emtrasur, el abogado de los 19 tripulantes (cinco iraníes y catorce venezolanos) le pidió al juez federal Federico Villena que levante la medida cautelar que les impide salir del país y les devuelva el pasaporte.
“Si las medidas de restricción de derechos por su intensidad y prolongación dejan de lado la presunción de inocencia terminan constituyendo una sanción encubierta y anticipada que resulta inadmisible”, dice el escrito presentado esta tarde en el juzgado federal de Lomas de Zamora por el abogado Hernán Caluccio. Y agrega que no hay motivos “razonables” para mantener las medidas cautelares.
Aunque todavía la investigación está en pleno proceso, el abogado aseguró que no hay pruebas en su contra. “No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable”, sostuvo.
La causa estuvo bajo secreto de sumario hasta la semana pasada. Antes de decidir sobre las cautelares, el juez Villena quiere tener el resultado final de la pericia de los 30 aparatos secuestrados en el hotel de Canning y varios informes del exterior que todavía no fueron contestados.
La expectativa de los investigadores está puesta en los exhortos, especialmente uno enviado a Estados Unidos, para conocer más detalles de los tripulantes y del avión. La prueba más valiosa sigue siendo el informe del FBI que vincula al piloto Gholamreza Ghasemi con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah.
La información del exterior llega a cuentagotas. En los últimos días se sumó al expediente una respuesta del ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, quien rechazó dar información sobre el vuelo del 13 de mayo por la ley de inteligencia de su país. Concretamente, sostuvo que la Secretaría Nacional de Inteligencia “se ve imposibilitado de brindar una respuesta hasta tanto no se den los presupuestos establecidos” por esa normativa. La respuesta no cayó bien en la justicia argentina.
Ante la falta de pruebas contundentes, la cancillería de Irán expresó en un comunicado “la profunda preocupación del gobierno y de las familias de la tripulación iraní por la retención de sus documentos de viaje y la restricción de abandonar el país, lo que constituye una violación de los derechos humanos”.
“Irán pide al gobierno de Argentina que cumpla con sus deberes y responsabilidades poniendo fin a las restricciones y facilitando la salida inmediata de los cinco miembros de la tripulación iraní”, dice el texto. Y agrega: “El estatus del avión venezolano y de los miembros de la tripulación iraníes es completamente legal en el marco del derecho internacional y de las convenciones aéreas, por lo que no hay lugar a investigar a los ciudadanos iraníes”.
Tras el pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, el abogado de los 19 tripulantes cuestionó hoy la investigación judicial, a la que calificó como una “expedición de pesca”, y reclamó ante el juez Villena que se levante la prohibición de salida del país de todos los imputados. “La prohibición de salir del país en relación a mis asistidos resulta ciertamente más gravosa que lo que podría resultar para un ciudadano argentino o si se quiere para cualquier persona que resida en nuestro país. Incluso hasta podemos decir que una medida como la que tratamos prácticamente podría no tener incidencia en su vida cotidiana. Sin embargo, esto resulta totalmente diferente cuando se trata de extranjeros, siendo que su situación, de prolongarse la medida, se puede equiparar a la de un paria: sin familia, sin domicilio, ni arraigo, ni pertenencia”, dice el escrito al que tuvo acceso este medio.
La abogada de la DAIA, Marta Nercellas, le anticipó a Infobae que se opondrá al levantamiento de las medidas cautelares. “Si ellos tenían premura podrían haber colaborado en este tiempo. Lejos de colaborar, permanecieron en silencio. Ni siquiera aportaron todas las claves de los teléfonos. Pedir ahora que los liberen hablando de derechos humanos parece una burla”, sostuvo.
El abogado de los tripulantes también pidió en su presentación la devolución del avión de Emtrasur, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. Para los investigadores todavía hay muchas dudas sobre la titularidad de esa aeronave pese a los documentos aportados en el expediente.
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