El oficialismo, atrapado en su microclima: vuelve al ataque contra la Corte y sólo empeora el frente económico

Rechazo y un inquietante interrogante. El renovado ataque del oficialismo sobre la Corte Suprema combina esos dos efectos externos. Se trata de una ofensiva resistida por el grueso de la oposición -lo cual refuerza que tiene minúscula chance en el Congreso- y por eso mismo, agrega alarma política frente a la insistencia -en ese orden- de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. ¿Buscan cerrar filas frente a los temores de un colapso o de un severo ajuste? ¿Es apenas un recurso discursivo ante la crisis? En cualquier caso, refleja el nivel de encerramiento interno, sin registrar que sólo empeora el foco principal de sus propias tensiones: la economía.

El discurso oficial repuso a la Corte en los primeros renglones de una lista amplia que acaba de incluir también a Martín Guzmán. Es una mezcla de elementos sobre los que pueden ser descargadas diversas culpas. El Gobierno deja trascender un muy delicado estado de las cuentas, casi desesperante, pero que habría sido advertido recién ahora en el inicio de la gestión de Silvina Batakis. El ex ministro, que el kirchnerismo esmeriló durante meses, es señalado en estas horas desde Olivos por alimentar medidas que en rigor y sin éxito pretendieron dibujar una contabilidad acorde con los compromisos asumidos ante el FMI.

Pero la escalada contra la Justicia -que en los tuits de CFK no se limitó a la Corte y expuso como dato saliente la causa Vialidad- es llamativa por varios otros elementos: el principal es su horizonte de fracaso práctico.

CFK dedicó dos videos a su objetivo de descalificación y necesidad. “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”, fue el título general. El argumento, reiterado, es que durante el gobierno de Mauricio Macri fue desarrollado un proceso de “persecución política, judicial y mediática”. Y la conclusión es que debe ser armada una nueva Corte. El Presidente se sumó un día después. Dijo que “nuestra Justicia está deslegitimada” y que es necesaria una “reforma urgente”.

Casi de inmediatito, trascendió que el oficialismo intentaría avanzar hacia fin de mes con el proyecto de ampliación de la Corte, que quedó en lista de espera del Senado. Se trata del texto impulsado formalmente por gobernadores del PJ y motorizado, en rigor, por el kirchnerismo. Propone elevar a 25 el número de integrantes del tribunal.

Es un proyecto poco sólido en varios sentidos. En primer lugar, el interbloque del Frente de Todos, que reporta sin escalas a la ex presidente, debe garantizar el número que no logró hace algunas semanas para llevarlo al recinto. La cuenta decía, como en otros casos, que el oficialismo lograría número ajustado sumando aliados. Debe trabajar en esa línea y saldar algunos problemas domésticos inesperados. Se supone que podría hacerlo. Nada indica que después pueda transitar con éxito el trámite en Diputados.

Aún en el caso de que superara la prueba de la Cámara baja, el proyecto expone otros problemas. El primero de ellos, la incertidumbre sobre la implementación con sentido “federal” -es decir, el reparto con los gobernadores, en especial con sus impulsores-y de “paridad de género”. La segunda cuestión, y la más potente, es la exigencia de dos tercios de los votos para consagrar a los nuevos integrantes del tribunal.

La expresión de dobleces añade una consigna agitada desde el oficialismo: la denuncia de un intento de “proscripción” de CFK, a través de una “operación” judicial con terminal en la Corte. Son conocidos los tiempos de la Justicia. Para quedar fuera del juego electoral, la ex presidente debería enfrentar una sentencia firme. Este tipo de casos, como el de Vialidad, suelen terminar en la Corte, previo camino de recursos y apelaciones, después del tribunal oral federal y de las escalas de Cámara del fuero y Casación. Nada hace suponer tal recorrido antes, al menos, de las próximas elecciones.

Todo indica que el reimpulso al proyecto de reforma de la Corte y la agitación del fantasma de la proscripción son piezas de un movimiento de puro artificio. El tema se resume en un par de interrogantes: ¿por qué CFK y el Presidente vuelven a esta actuación ahora? ¿Qué mensaje terminan transmitiendo?

La explicación más difundida en circunstancias similares de deterioro grave de gestión es elemental y poco sostenible frente a la profundidad de la crisis: una movida para modificar la agenda pública. Más bien, parece un intento de blindarse frente al agravamiento del cuadro económico y social, con una construcción conocida: cerrar filas frente a un enemigo gigante, representante de los poderes fácticos. Evitar dispersión en la perspectiva electoral.

Al mismo tiempo, también en clave interna, constituye otro síntoma del visible esquema de poder invertido. La iniciativa contra la Corte -es decir, contra otro poder del Estado- es motorizada por la Vicepresidente y seguida por el Presidente. En sentido inverso, el Presidente espera que la Vicepresidente convalide los lineamientos anunciados por Batakis, algo que por el momento no tuvo expresión pública.

Visto en conjunto, la ofensiva contra el máximo nivel de la Justicia representa una mala señal en términos institucionales, aún cuando tenga chances mínimas o directamente nulas de ser coronada. Y el alineamiento detrás de CFK -su capacidad de veto y de arrastre- muestra el estado de cosas en el poder.

En conjunto, se trata de datos políticos significativos en el delicado cuadro general, marcado por la disparada del dólar y la trepada de precios como elementos más erosionantes. Nada que pueda generar certidumbre o “tranquilizar a los mercados”. Es llamativo además de preocupante, porque ese fue el objetivo difundido desde el propio Gobierno en el estreno de la ministra de Economía.