El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, salió al cruce del Servicio Penitenciario Federal por las versiones que dejaron trascender sobre el traslado de presos, que esta semana provocó motines en dos comisarías. Desde la institución aclararon que “no es cierto que no reciban detenidos de la Policía de la Cuidad”, lo que provocó la inmediata respuesta del funcionario: “Es insólito”.
En su cuenta de Twitter, D’Alessandro denunció: “El insólito relato kirchnerista sobre la relación de la Ciudad con el Servicio Penitenciario Federal raya la ciencia ficción. Ahora niegan que hayan cerrado la recepción de detenidos desde el inicio de la pandemia. Un par de datos que hablan por sí solos. A lo largo de todo el 2019, el Servicio Penitenciario recibió casi 18 mil detenidos en dependencias de la Ciudad. Un año después, la cifra bajó a tan solo 6 mil. La tercera parte”.
“Peor aún: durante el año pasado, el número cayó a unos 3.500, o sea 42% por ciento menos respecto a 2020 y 80% menos que en el 2019. Por las dudas: en cuarentena, y hasta diciembre de 2020, remitimos un promedio de 217 detenidos por mes. En lo que va de 2022, 200. Y, desde 2019, el Estado Nacional le adeuda a la Ciudad los fondos por la transferencia de competencias penales ya realizadas, las cuales sigue sin efectivizar tras 2 años. Sin las partidas correspondientes y sin diálogo, crear un sistema penitenciario propio se vuelve imposible. Por eso, lamento estas chicanas de la política que no aportan nada al profundo debate que necesita la seguridad en la Argentina para construir un plan integral que hoy brilla por su ausencia”, informó en un hilo de Twitter.
La reacción del ministro de Seguridad se debe a la información que dejó trascender el Servicio Penitenciario Federal al negar que no reciban presos de la Policía de la Ciudad. Según informaron, desde el mes de mayo de 2020 a la actualidad llegaron más de 5.700 detenidos, incluso, aseguraron que el flujo de ingresos supera a otras provincias. Además, denunciaron que el Gobierno porteño no organiza su propio servicio penitenciario y que usa el federal sin aportar fondos.
El jueves por la noche en la Comisaría 3A de la Ciudad de Buenos Aires un grupo de 22 detenidos se amotinó dentro de un calabozo, en reclamo de ser trasladados. La seccional está ubicada la calle Lavalle 1958, en el límite entre los barrios porteños de Balvanera y Recoleta. De acuerdo con las fuentes consultadas, el pedido puntual de los reclusos amotinados era que los trasladaran a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que vive hace meses un escenario de tensión con el Ministerio porteño que reclama cupos para trasladar detenidos mientras enfrenta una fuerte sobrepoblación.
Para darle fuerza a sus pedido, los líderes del motín realizaron un tabique en la puerta de acceso con los elementos que tenían a su alcance. Además rompieron parte del mobiliario dentro de la celda y los baños. El objetivo era evitar que ingresaran grupos de apoyo.
Por este motivo, representantes de Juntos por el Cambio citaron a la actual interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, para que se presente ante el Congreso a dar explicaciones sobre el motivo por el cual no recibe detenidos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires “con celeridad”.
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