Insólito: una comunidad mapuche ocupó un predio y ahora denuncia a los dueños por usurpación

La disputa judicial entre una comunidad mapuche y los propietarios de 92 hectáreas a pocos kilómetros de Bariloche tiene cada vez más fojas, aunque una de las aristas más llamativa es una denuncia por usurpación que los representantes del “grupo originario” realizaron contra quienes poseen el título de propiedad de las tierras.

La comunidad identificada como Lof Che Buenuleo irrumpió en septiembre de 2019 en un predio privado ubicado el pie del cerro Ventana, a unos 15 kilómetros del centro de Bariloche, y despojó a sus dueños aduciendo una supuesta reivindicación territorial. Desde entonces, los abogados de las partes pusieron sobre la mesa innumerables estrategias, recursos y herramientas para defender sus intereses.

En el marco de esa confrontación – que incluyó también episodios de violencia – integrantes de la comunidad mapuche denunciaron por usurpación a quienes ostentan la titularidad del predio.

El escrito fue rubricado por Deolinda Buenuleo, que denunció el ingreso al territorio de varias personas, quienes, tras dañar la tranquera del acceso, iniciaron la construcción de una casilla con maderas extraídas del lugar.

“Denuncian por usurpación aunque no son los dueños del lugar. Los Buenuleo son quienes usurparon en 2019 y la Justicia debe expedirse sobre la causa madre”, indicaron a Infobae fuentes con acceso al abultado expediente.

Los antecedentes

Las tierras pertenecían, años atrás, a Antonio Buenuleo, quien – antes de fallecer- las habría comercializado de manera legítima. “Actuaba como un agente inmobiliario”, aseguran quienes tuvieron contacto con él. Sin embargo, sus sucesores desconocen esas operaciones inmobiliarias y quieren recuperar lo que ya fue vendido.

En ese marco, que la familia lo plantea como un plan de recuperación de tierras originarias, el 10 de septiembre de 2019 varios de sus integrantes y allegados ingresaron al predio, ubicado al pie del cerro Ventana, y despojaron a sus dueños del lugar y de las construcciones que estaban allí.

La justicia rionegrina había dispuesto el desalojo, aunque una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) cambió el escenario y frenó la medida. El organismo que preside la rionegrina Magdalena Odarda reconocía “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo”.

El documento da por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por la ley 26.160 de comunidad indígenas. Ese relevamiento determinó las tierras que la comunidad Buenuleo ocupa tradicionalmente, desconociendo incluso la documentación que presentaron los despojados y las operaciones inmobiliarias que habría ejecutado Antonio Buenuleo.

La resolución de Odarda, que se publicó en el Boletín Oficial al día siguiente que el Tribunal de Impugnación Provincial (TIP) confirmara el desalojo del predio, frenó la medida y estableció un nuevo panorama al litigio.

A pesar del giro que provocó dicha resolución en el avance de la causa, la misma fue anulada en noviembre pasado por la Cámara Contencioso Administrativa, que detectó “graves falencias en su elaboración”, por lo que determinó su nulidad a partir de una acción de amparo que presentó el propietario de las tierras en conflicto.

La Cámara opinó que la funcionaria nacional omitió cumplir con el debido proceso previo a su dictado “afectando con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho de defensa del actor, motivo por el cual corresponde hacer lugar a la acción de amparo promovida y declarar su invalidez”.

Los Buenuleo fueron sobreseídos en diciembre pasado, aunque el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro aceptó una apelación presentada por la querella y deberá expedirse en los próximos días.

Violencia

Desde 2019 hasta la actualidad, hubo numerosas denuncias cruzadas por episodios de violencia, amenazas y agresiones. La semana pasada, la justicia local condenó a varios hombres vinculados al dueño de las tierras por amenazar y lesionar a los integrantes de la comunidad mapuche el 29 de abril de 2020, además de provocar daños a la vivienda.

Uno de los agresores condenados es, a su vez, querellante en la causa por usurpación iniciada en 2019.

A pesar de la reciente resolución, los enfrentamientos entre las partes no se detuvieron. El 15 de marzo pasado, cuando se desarrollaba el juicio por la agresión a los integrantes de la comunidad, las partes radicaron denuncias cruzadas por un nuevo enfrentamiento ocurrido ese día en inmediaciones al predio en conflicto.

Fuentes con acceso al expediente indicaron que ambos escritos fueron adosados al expediente original para avanzar con el proceso judicial correspondiente.