El 13 junio del 2021 el ex guerrillero Hugo Torres Jiménez fue detenido por orden del dictador nicaragüense Daniel Ortega. Allanaron su casa en Managua y lo arrestaron ilegalmente. El sábado 12 de febrero, a sus 73 años, murió. Fue luego de dos meses en los que la dictadura que conduce los destinos de Nicaragua ocultó su paradero físico y su estado de salud. Una muestra más de la persecución que existe contra la oposición en ese país. Es el primer preso político muerto después de que se hayan denunciado fraude en las elecciones nicaragüenses.
En un comunicado emitido ese mismo día, la Policía Nacional de Nicaragua informó que Torres Jiménez fue detenido y que era investigado “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
El caso de Torres volvió a poner en la agenda política la relación del gobierno argentino con Nicaragua y el posicionamiento sobre los presos políticos. En este caso puntual, el Gobierno decidió no fijar una posición. Se mantuvo en silencio sobre el tema concreto. “No va a haber ningún pronunciamiento del Gobierno en forma específica”, indicaron desde la gestión de Alberto Fernández.
El gobierno argentino, que preside la comisión de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha mantenido una posición cambiante con respecto a Nicaragua: evitó condenar las violaciones a los derechos humanos aunque apoyó algunas declaraciones en contra de la persecución de líderes políticos.
A principios de 2022, Nicaragua invitó a Mohsen Rezai, uno de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA, a los actos por la asunción de Ortega. Ante los pedidos de la Argentina -que tuvo una reacción tardía-, rechazó la posibilidad de cumplir circulares rojas de Interpol y detener al sospechoso. Además, aseguró ante la OEA que los imputados por el ataque a la mutual judía eran bienvenidos en el país.
La comisión de Derechos Humanos sesionará a partir del 28 de febrero y hasta el 1° de abril. Fuentes del Gobierno adelantaron a Infobae que el tema será abordado allí. “Argentina denunciará las violaciones y planteará firmemente su preocupación, más ahora con la muerte de Torres” expresó una fuente oficial. La vocación de hacer un pronunciamiento está presente, aunque no ahora.
En un video que grabó pocas horas antes de que lo detuvieran, Torres Jiménez señaló: “Tengo 73 años de edad. Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación como para permanecer en el poder”.
“La lucha hoy es pacífica. Hace 46 años arriesgue la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y otros presos políticos. Así son las vueltas de la vida. Los que alguna vez acogieron principios en favor de la justicia y la libertad, hoy son los principales enemigos de esos principios. El fin de la dictadura está próximo. Ánimo pueblo”, indicó. Luego, fue encarcelado.
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