El Gobierno convocará las sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 1 de febrero

Las sesiones extraordinarias del Congreso ya tienen fecha de inicio. El próximo martes el gobierno nacional presentará la convocatoria formal para el 1 de febrero. Sin embargo, la lista definitiva de temas continuará bajo análisis hasta último momento.

Entre los proyectos que casi con seguridad llegarán al recinto se destacan la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022 firmado recientemente por los gobernadores. El resto de las iniciativas, según dejaron trascender desde las filas del Frente de Todos, girará en torno a temáticas económicas y productivas.

Debido a las demoras en la negociación con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, el Plan Plurianual probablemente deberá esperar al inicio de las sesiones ordinarias en marzo para llegar al Congreso. Alberto Fernández lo había anunciado, con un mensaje grabado, luego de las elecciones del 14 de noviembre. En aquella oportunidad dijo que la primera semana de diciembre lo enviaría al Congreso y que incluiría la línea de negociación que tiene la Argentina con el Fondo. Cabe destacar que la presentación de este plan económico se ha convertido en uno de los principales reclamos de la oposición.

Desde Juntos por el Cambio aseguraron a Infobae que durante las últimas semanas no hubo ningún tipo de diálogo con el oficialismo en relación al diseño del temario -que para las extraordinarias está formalmente a cargo del Poder Ejecutivo- y lamentaron que no se incluya ningún proyecto de la oposición. Por otro lado, prevén duras negociaciones a la hora de conformar las comisiones por las que tendrán que pasar los proyectos, dada la reciente paridad de fuerzas entre los interbloques del Frente de Todos (118 diputados) y de Juntos por el Cambio (116 diputados).

La relación entre el oficialismo y la oposición atraviesa momentos de tensión que quedaron a la vista una vez más esta semana con la fallida reunión entre el ministro de Economía y los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio y los gobernadores. Debido al desacuerdo sobre el lugar de la reunión -Guzmán quería hacerla en su Ministerio y la oposición en el Congreso- el encuentro pactado para el martes no pudo concretarse. La discusión sobre la responsabilidad de la deuda y su actual negociación será el telón de fondo sobre el que se desarrollen las extraordinarias.

La reforma del Consejo de la Magistratura deberá tratarse durante febrero para poder cumplir en tiempo y forma con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley de 2006 que modificó la constitución del organismo que se encarga de seleccionar y controlar a los jueces.

El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo eleva el número de integrantes de 13 a 17 y mantiene el estamento político: tres diputados, tres senadores, un representante del Poder Ejecutivo (total 7) y lo que hace es aumentar la representación de jueces (3), académicos (2) y abogados (1): pasarían a ser 4 jueces, 2 académicos y 4 abogados. También se presentaron dos proyectos por parte de la oposición.

Por su parte, el paquete de iniciativas económicas que analiza el Ejecutivo estaría conformado por la Ley de Hidrocarburos, que propone generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo; la Ley de Desarrollo Agroindustrial, que establece un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas; la modificación de la ley de Compre Argentino, estableciendo preferencias a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional y empresas del Estado; y la Producción de Cannabis y Cáñamo, que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad.

También se discutirían la Ley de Electromovilidad, con un plan de incentivos impositivo, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años, y la Ley de Industria Automotriz que buscará declarar al sector Automotriz Autopartista como industria estratégica estableciendo beneficios fiscales para las nuevas inversiones.

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