La Corte Suprema ordenó seguir investigando a Felisa Miceli por delitos contra la administración pública

Es por la presunta venta irregular de un frigorífico que era propiedad del Banco Nación cuando ella estaba al frente. La ex ministra de Economía había sido sobreseída en todas las instancias pero fue revocado por el máximo tribunal

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Felisa Miceli continuará siendo investigada
Felisa Miceli continuará siendo investigada

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó hoy el sobreseimiento que tenía la ex ministra de Economía Felisa Miceli en una causa por presuntas irregularidades en la venta de una propiedad del Banco Nación cuando estuvo al frente de esa entidad entre 2003 y 2005.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el máximo tribunal por unanimidad ordenó que la ex funcionaria siga siendo investigada. Se trata de un expediente en el que se investigan delitos contra la administración pública por la presunta venta irregular de un frigorífico propiedad del Banco Nación a la empresa “Santa Elena Alimentos S.A”.

La ex titular del Banco Nación había sido sobreseída en primera instancia, por la Cámara Federal de Comodoro Py y por la Cámara Federal de Casación Penal. El Ministerio Público Fiscal llegó con apelaciones hasta la Corte Suprema de Justicia. Ahora los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz revocaron el sobreseimiento y ordenaron que la causa se siga investigando. El máximo tribunal también revocó los sobreseimientos de otros ex funcionarios y de privados. El procurador general interino, Eduardo Casal, había dictaminado para que la causa se reabra.

En la causa se investiga presuntas irregularidades en la venta del frigorífico. Puntualmente que la operación se hizo a un precio inferior al del mercado. La compra estuvo a cargo del empresario Sergio Taselli. También se investiga si Taselli le hizo a Miceli un pago indebido del 20 por ciento del monto de la operación para que el proceso administrativo de la compra sea a favor de la empresa “Santa Elena Alimentos S.A.”.

Taselli es uno de los empresarios que estuvo preso en la causa de los llamados “cuadernos de la corrupción” que escribió el chofer Oscar Centeno. Fue detenido en agosto de 2018 por el fallecido juez Claudio Bonadio cuando el empresario se presentó a declarar luego que su empresa fue allanada. Un mes después la Cámara Federal ordenó su libertad.

Junto con Miceli y Taselli seguirán siendo investigados Juan Fabrega, Eduardo Barbier, Jorge Miralles, Alberto Vidal, Oscar Ferrari, Ricardo Lospinatto , Eduardo Caballero Lascale, Gabriela Ciganotto, Emilio García Escudero, Estela Palomeque y Marcelo Quevedo Carrillo.

Sergio Taselli, el empresario beneficiado
Sergio Taselli, el empresario beneficiado

Miceli reemplazó a Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Estuvo en el cargo hasta julio de 2007 cuando se encontró en el baño de su despacho una bolsa que tenía 100 mil pesos y 31 mil dólares. Fue durante una requisa de rutina de oficiales de bomberos que dejaron asentado el hallazgo en un acta. La funcionaria explicó que era dinero para una operación inmobiliaria.

Por ese hecho, Miceli fue investigada y enviada a juicio oral y público. En diciembre de 2012 el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de encubrimiento agravado por el dinero encontrado y sustracción de documento público por la destrucción del acta que hizo bomberos. También ordenó el decomiso del dinero encontrado.

“Sería tremenda injusticia que yo vaya presa, estoy arrepentida de haber llevado el dinero, fue un error. Nunca jamás voy a ocupar un cargo público, ya aprendí la lección”, había dicho Miceli antes del veredicto.

La condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal pero consideró que el monto de la pena no estaba justificado y ordenó que se dicte uno nuevo. Así, un nuevo tribunal oral la fijó en tres años de prisión en suspenso, a seis años para ejercer cargos públicos y el decomiso de la plata. Esa decisión fue confirmada en abril de 2015 por la Corte Suprema y así quedó firme la condena.

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