La oposición cuestionó a Santiago Cafiero por no haber nombrado a un nuevo titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública

En medio de los cuestionamientos y preguntas de los legisladores de la oposición al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su primer informe en un año ante la Cámara baja, la diputada Karina Banfi (UCR) le reclamó que ponga fecha para iniciar un nuevo proceso de selección de un nuevo titular de Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Sin embargo, el funcionario evitó dar precisiones al momento de responder.

El candidato propuesto en febrero por el Ejecutivo, Gustavo Fuertes, un abogado de confianza del jefe de Gabinete, fue objetado por legisladores de Juntos por el Cambio y una docena de ONGs. Las críticas se centraron en su falta de antecedentes en la materia y de la “autonomía necesaria” que requiere el cargo, al ser actualmente asesor de Cafiero.

Pero frente a los Diputados, el jefe de Gabinete eludió confirmar si esa candidatura propuesta seguía en pie, aunque tampoco dijo que la retiraría.

Esa designación sigue sin definición al cabo de seis meses, pese a la importancia del cargo en un organismo clave, tanto en materia de transparencia respecto de los datos en poder del Estado, como de protección de datos personales de los ciudadanos.

“Quiero hacerle un pedido: que ponga fecha al inicio de un nuevo proceso de selección del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales. En este momento usted está incumpliendo con la ley 27.275 que se votó por unanimidad por este Congreso. Es usted tomó conocimiento que en noviembre ese cargo queda vacante. Y desde enero, siete meses, estamos esperando tener un titular de esa Agencia, de un órgano rector en materia de Acceso a la Información y, por sobre todas las cosas en este momento de la pandemia, de protección de Datos Personales”, le reclamó Banfi en el momento de las preguntas realizadas por el principal bloque opositor.

Sin embargo, el jefe de Gabinete no contestó esa pregunta ni dio precisiones, en el espacio que tenía asignado para responder. Sí admitió que “aún restaba terminar la designación de quien vaya a ser titular de la Agencia”, tras la publicación de los antecedentes de Fuertes y de la realización de la audiencia pública con “una participación importante”.

Optó por destacar que “la Agencia siguió trabajando” durante este tiempo y que, desde la Jefatura de Gabinete “se tramitaron 160 pedidos de Acceso a la Información Pública, un número que ya es mayor a lo que fue todo el año 2019”.

La audiencia pública donde debía defender su candidatura se realizó el 23 de marzo pasado - que se realizó de forma virtual por la pandemia - en medio de críticas de legisladores opositores y organizaciones de la sociedad civil por no cumplir los requisitos previstos en la ley de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016. Entre ellos, contar con el expertise necesario en el tema y la suficiente “independencia política” como para exigirle a los propios funcionarios del Poder Ejecutivo que cumplan con la ley, implementen una política de Transparencia Activa, y brinden los datos solicitados por los ciudadanos, ya sea porque son de interés público o para ejercer el debido control sobre la gestión.

Fuertes recibió en esa instancia más de una treintena de observaciones y unas 50 adhesiones, en su mayoría de organizaciones de defensa del consumidor, universidades, académicos, y ex funcionarios que compartieron gestión con él. Sin embargo, esa audiencia no era vinculante y, tras su realización, la Jefatura de Gabinete - bajo cuya órbita está la Agencia pese a ser un organismo autónomo y autárquico- tenía 7 días hábiles para confirmar la designación de Fuertes o retirarla. Pero no lo hizo.

Pero los plazos para su designación ya vencieron, pese a lo cual, desde Jefatura de gabinete no avanzaron con su designación formal, ni hicieron una nueva propuesta.

Ante la consulta de Infobae a mediados de mayo, desde el Gobierno afirmaron que seguía en pie su candidatura y que estaban “dentro del plazo” para “recurrir el rechazo de Jefatura de Gabinete a sus impugnaciones. Esa resolución 376/2021 estaba fechada hace más de dos meses, el 26 de abril último.

También defendieron la candidatura de Fuertes, al considerar que “cumple con los requisitos necesarios para el ejercicio de la función, contando con antecedentes personales y profesionales que dan cuenta de su idoneidad para el desempeño del cargo referido, en virtud que el mismo no se encuentra incurso en las incompatibilidades conforme la Ley N° 27.275, ni se ha desempeñado en el transcurso de los cinco años anteriores en cargos electivos o partidarios”.

La diputada radical cuestionó que la audiencia del 23 de marzo, “no fue abierta ni pública”, ya que no fue televisada en forma abierta en vivo, motivo por el cual pidió su nulidad, junto a las diputadas de Juntos por el Cambio Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Dolores Martínez, acompañadas por los presidentes del interbloque, en referencia a Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). “Pedimos la nulidad de esa audiencia porque fue un fraude”, sostuvo en el recinto.

Al argumentar por qué rechazaron la candidatura de Fuertes, recordó que “las 40 adhesiones que había tenido, eran todos compañeros de trabajo, no dieron la cara” y hubo “objeciones de todas las Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en este tema”.

Entre ellas, figuran ACIJ, Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Vía Libre, y Democracia en Red.

La propuesta de Fuertes sorprendió ya que este abogado y escribano tiene vastos antecedentes en la Administración Pública bonaerense, básicamente en el área de Comercio y Defensa del Consumidor, pero no cuenta con una trayectoria o aportes conocidos en el tema de Acceso a la Información Pública.

“No tenemos nada en contra el Sr. Fuertes. Solo que no es idóneo. No tiene ni un curso de Acceso a la Info de la OEA. No tiene idea. No puede diferenciar cómo opera un derecho humano de un derecho administrativo”, advirtió Banfi en la Cámara de Diputados, reiterando uno de los argumentos centrales que había presentado en su impugnación antes de la audiencia pública.

La legisladora, impulsora de la ley de Acceso a la Información, destacó finalmente que “el órgano garante es un principio rector impuesto por el sistema interamericano de los Derechos Humanos para proteger a los ciudadanos de los gobiernos oscurantistas”. Y concluyó: “Le pedimos que cumplan con los Derechos Humanos. Si usted hoy no nos da una fecha, nos veremos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

La Agencia de Acceso a la Información Pública está sin titular desde el 1 de enero de este año, luego de la renuncia de Eduardo Bertoni, designado en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. Bertoni dejó su cargo para asumir como representante alterno de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para América del Sur. El ex funcionario tenía mandato hasta agosto de 2022, ya que el nombramiento era por cinco años.

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