La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, habló en ese organismo sobre “las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa”, durante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.
La ex presidenta de Chile se refirió este lunes a un informe de la ONU acerca de las políticas restrictivas que llevó a cabo el gobierno de Gildo Insfrán en esa provincia argentina, “cuando la pandemia se apoderó de ella”.
“En Argentina, el equipo de la ONU en el país se movilizó rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa cuando la pandemia se apoderó de ella. El Coordinador Residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de UNICEF, UNFPA, OMS / OPS y ACNUDH. Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluye abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”, indicó Bachelet en un documento oficial, en el marco del Consejo de Derechos Humanos del organismo.
“El llamado a la acción ha sido decisivo para desbloquear cambios significativos. Será una ayuda fundamental a medida que trabajemos para cumplir con la ambición de la nueva generación de análisis comunes del país y los marcos cooperación para el desarrollo sustentable. Tenemos que asegurarnos de que todos los actores de las Naciones Unidas comprendan quiénes son los más marginados y por qué y que identifiquemos conjuntamente los retrocesos en materia de derechos humanos, como así también que actuemos juntos cuando el apoyo colectivo de la ONU para ayudar a los Estados a abordar los principales retos en materia de derechos humanos, incluidas las desigualdades estructurales”, añadió.
No hay antecedentes en los últimos años de una mención de este estilo en una actualización oral de la alta comisionada. De hecho, Argentina pasó así de tener la Vicepresidencia del Consejo de derechos humanos a ser citados por la situación comprometida en esa materia, en este caso en la provincia de Formosa.
A principios de febrero de este año, la oposición, con el PRO a la cabeza, hizo un informe para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa, por los regímenes de aislamiento y distanciamiento obligatorios impuestos debido al COVID-19.
La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, junto a otros siete referentes del partido, expusieron en ese documento casos concretos, con nombre y apellido, “de personas que han sido víctimas de injustificables decisiones gubernamentales”.
El informe de 25 páginas argumentó que el esquema de prohibiciones establecido por el Gobierno nacional, su implementación y control, operó como un régimen propicio y adecuado para la violación de los derechos humanos de los y las habitantes del país. Agregó que el Gobierno nacional, y en particular el Gobierno provincial de Formosa, desarrollaron una política que favoreció y promovió acciones gubernamentales arbitrarias en perjuicio de la vida, la salud, la integridad y la dignidad de las personas.
Este dossier de la oposición llegó a las Naciones Unidas, pero Bachelet no lo tuvo en cuenta al momento de hacer su presentación formal. La Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se basó en su propia información y sobre eso aseguró que tres países -Cambodia, Servia y Argentina- entendieron la situación institucional y se comprometieron a mejor la situación en sus territorios.
La posición de Bachelet y la reacción posterior de la Casa Rosada, contrasta con la postura del secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla, que antes de la presentación en la ONU había visitado Formosa. A pesar de las múltiples denuncias, aseguró que no había delitos de lesa humanidad en Formosa.
”(Los centros) son lugares que están con aire acondicionado, nadie se quejó de la comida, nadie se quejó del trato de las personas que están a cargo del lugar... Sí hubo reclamos de ciertas cuestiones puntuales, donde no se les explicó más los detalles de los procesos de hisopado y vacunación. Eso lo transmitimos y la idea es que haya más diálogo”, dijo Pietragalla, desconociendo las acusaciones de los referentes opositores provinciales y las investigaciones previas que hacía la ONU en Formosa.de aquella provincia.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
Javier Milei criticó con dureza a Paolo Rocca tras la licitación que perdió Techint por el gasoducto de Vaca Muerta
El presidente lo llamó “Don Chatarrín de los tubitos caros”, en medio de las quejas del grupo empresario porque la compañía india Welspun se impuso en la pelea para proveer los caños para un ducto de 480 kilómetros
“Es música para mis oídos”: Berni avaló la baja de la edad de imputabilidad y propuso que no haya un mínimo
El exministro de Seguridad bonaerense consideró que la legislación vigente no aborda adecuadamente la reincidencia y el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley. Además pidió hacer una reforma amplia y criticó al peronismo por no haber abordado antes el tema
“No vamos a pagar más caro los caños”: el Gobierno no evalúa tomar una medida antidumping como pidió Techint
En Casa Rosada son tajantes, en medio de las especulaciones de que el grupo industrial analizaba realizar una denuncia por competencia desleal, luego de que la empresa india Welspun ganara la licitación para proveer los tubos que unen Vaca Muerta con Río Negro
El Gobierno aumentó los salarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales
Los nuevos montos de los haberes quedaron detallados en una resolución conjunta publicada en Boletín Oficial
El Gobierno amplió el temario de las sesiones extraordinarias y sumó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil
La iniciativa busca actualizar las disposiciones vigentes con el objetivo de reducir la edad de imputabilidad a 13 años. La iniciativa volvió a la agenda del Ejecutivo luego de que se conociera el brutal asesinato de Jermerías Monzón
