El sistema de salud, en alerta por un amparo judicial que obliga a pagar a un paciente el medicamento más caro del mundo

En medio de la crisis por la pandemia, un fallo judicial conocido la semana pasada complica la delicada situación financiera de las obras sociales y de las empresas prepagas y puede poner al borde de la quiebra al sistema de salud.

El conflicto se originó luego de que el Juzgado Federal N 1 de Santiago del Estero le ordenó a la obra social Sancor y a la Superintendencia de Servicios de Salud que paguen un medicamento que cuesta más de 2 millones de dólares (considerado el más caro del mundo) a un paciente de dos años que sufre de Atrofia Muscular Espinal (AME).

Zolgensma se llama el medicamento desarrollado por el Laboratorio Novartis, que fue aprobado en la Argentina por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y el tratamiento tiene efectos curativos para los enfermos de la AME en grado 1 (en los primeros seis meses de vida) y en grado 2 (hasta el año y medio).

Se calcula que en la Argentina hay unas 500 personas que sufren esta enfermedad genética neuromuscular y que a partir del amparo judicial podrían resolverse favorablemente no menos de 10 casos similares al de Santiago del Estero en todo el país, que representan unos 20 millones de dólares y que comprometerán los fondos de las obras sociales y de las prepagas.

El caso del Zolgensma se hizo conocido en nuestro país en abril pasado, cuando el influencer Santiago Maratea inició una campaña pública para ayudar a Emmita, una beba de once meses que tiene Atrofia Muscular Espinal y necesitaba el remedio.

Sobre el tapete está la necesidad de ayudar a los afectados por esta grave enfermedad degenerativa, que termina con pacientes con falta de movilidad y en los casos más graves con respiradores y sin poder moverse ni alimentarse, aunque hay una suerte de vacío legal que no define a quién le corresponde financiar este tipo de tratamientos de muy alto costo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene un histórico planteo de que el Estado se haga cargo de pagar los tratamientos de alta complejidad. “Los medicamentos de alto costo están haciendo mucho daño al sistema financiero de las obras sociales, que tienen que hacerse cargo, por ejemplo, del Spinraza, que se utiliza para los chicos con Atrofia Muscular Espinal: cada ampolla cuesta 60.000 dólares y para el tratamiento se necesitan 4 o 5 ampollas por año. Si alguna obra social no lo puede pagar, el paciente presenta una cautelar y el juez obliga a brindar ese medicamento, dijo en junio de 2020 a Infobae el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Si en ese momento era un problema para el sistema de salud afrontar el costo de esos medicamentos, la situación se complicó luego de que el año pasado la FDA norteamericana autorizó el Zolgensma como un tratamiento genético curativo de la Atrofia Muscular Espinal y salió al mercado con un precio que ronda los 2.100.000 de dólares.

Uno de los especialistas más preocupados por este tema es Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y presidente del Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, que ya hace dos años había alertado que la aprobación del Zolgensma “representa una luz de esperanza para los pacientes que sufren esta enfermedad devastadora, pero provoca al mismo tiempo una fuerte inquietud en el ámbito sanitario internacional” por su elevado costo.

“Ni la seguridad social ni los prestadores privados están en condiciones de afrontar por sí solos la responsabilidad del financiamiento de este tipo de coberturas. El Estado, como garante constitucional de la salud, no puede mirar para otro lado”, advirtió el experto sanitarista en un artículo periodístico.

En diálogo con Infobae, Scervino alertó que “lo que está en juego es el financiamiento y el eventual quiebre del sistema de seguridad social en primera instancia y del sistema de salud en general porque es la segunda droga que ingresa a la Argentina con costos elevadísimos” y estimó que “hay unos 700 protocolos de investigación de medicamentos de altísima tecnología para enfermedades poco frecuentes, pero no estamos preparados para afrontar el pago”.

“En los próximos meses van a venir nuevas moléculas de este tipo con este costo, con lo cual si no hay un nuevo marco legislativo que haga que este tipo de medicamentos sean cubiertos por el Estado Nacional para los 45 millones de habitantes se pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud en general”, señaló el ex titular de la Superintendencia.

Recordó “desde el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social propusimos en su momento que esto se discutiera a nivel del Congreso una ley sobre nuevas tecnologías médicas de alto costo, que implica dos cosas: que se defina cuál es el umbral de esas tecnologías, que será una discusión técnica, y por otro el mecanismo a través del cual el Estado va a cubrir a los 45 millones de habitantes en forma equitativa e igualitaria. Y, además, que se vuelque en el presupuesto nacional para que sepamos cuando se discute la ley cuánto es lo que se va a invertir anualmente en este rubro”.

Scervino, de todas formas, aclaró que “no queremos entrar en colisión con los pacientes ni con sus familias porque no estamos en contra de que reciban el medicamento sino que el planteo es quién debe financiarlo porque desde la seguridad social y el sector prepago no se puede cubrir”.

Consideró que también “es normal que el médico que le ofrezca a la familia lo más moderno en el mundo y tampoco son los responsables los jueces ya que cuando un medicamento está autorizado no puede no dárselo, pero existe la posibilidad de que si hay un marco legal que defina que el Estado lo va a financiar se organice un seguro para enfermedades catastróficas y ver de qué manera desde el Estado, como garante constitucional de la salud, se obtienen los recursos para financiar específicamente este rubro”.

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