“Vendieron el voto”: Laura Alonso apuntó contra cuatro diputados que le darían al Gobierno votos clave para la reforma del Ministerio Público Fiscal

Hoy, martes, el oficialismo tratará en comisión el proyecto de ley que impulsa la reforma del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa propone que la designación del procurador general se realice con una mayoría absoluta del Senado (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que rige actualmente, al tiempo que elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años.

El Gobierno, que con esta iniciativa busca desplazar al actual procurador, Eduardo Casal, y nombrar a uno propio, ya comenzó a poner en marcha un mecanismo de negociación para poder sumar voluntades. Es que sin el apoyo de Juntos por el Cambio, que ya anticipó su rechazo, tiene que buscar el apoyo de los interbloques más pequeños.

En este contexto, y durante el fin de semana, la ex titular de la Oficina Anticorrupción en la gestión Cambiemos, Laura Alonso, apuntó contra cuatro legisladores, a quienes acusó de ser “falsos opositores” y de “vende su voto”. A través de las redes sociales, apuntó a Diego Sartori, Pablo Ansaloni, Ricardo Wellbach y Luis Di Giacomo. Se trata de integrantes del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Luis Ramón.

“Falso opositor; vendió su voto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal y garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Corrupto y traidor a la patria”, fue el mensaje de Alonso, acompañado por la foto del diputado en cuestión.

Consultada por Infobae, la ex diputada amplió: “La libertad individual y la propiedad están en riesgo. Un procurador politizado que puede digitar o intervenir o correr a los fiscales de sus causas, en el sistema acusatorio donde estos son los principales impulsores de la acción, es una herida de muerte a la independencia judicial y las garantías de igualdad de tratamiento ante la ley e imparcialidad que tenemos los ciudadanos”.

“Un jefe de fiscales con esos poderes viola la Constitución y los tratados internacionales de DDHH en los que se garantiza el acceso a una justicia independiente, objetiva e imparcial. Los empresarios, los opositores, las ONG, los periodistas independientes y cualquier ciudadano que ejerza una crítica sobre el poder podría ser apuntado por un fiscal políticamente flexible o presionado por su Procurador. Es un retorno a 2013, solo que esta vez quieren dominar el sistema; impunidad para Cristina Kirchner y su familia y persecución a opositores, empresarios y todo aquel que no se someta”, agregó.

Una vez superada la instancia de mañana, el dictamen de comisión, el Frente de Todos primero necesita reunir 129 legisladores para lograr quórum y poder empezar la sesión. Después tendrá que encontrar las manos que logren la mayoría simple, algo con lo que hoy no cuenta. Además del bloque de Ramón, el oficialismo busca el respaldo de la bancada que conduce Eduardo “Bali” Bucca, Federal, que tiene 11 legisladores.

Ambos bloques suelen negociar con el oficialismo. Además de los señalados por Alonso, los dirigentes que podrían acompañar el proyecto de ley del Gobierno serían Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Andrés Zottos (PJ/ Salta), Eduardo “Bali” Bucca (PJ/ Buenos Aires), José Luis Ramón (Mendoza), Flavia Morales (Misiones), Felipe Álvarez (La Rioja) y Antonio Carambia (Santa Cruz).

Del interbloque que conduce Bucca hay legisladores que todavía no definieron su postura. Entre ellos, los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, peronista pero no kirchnerista. Se trata de Paulo Cassineiro, Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez. También el socialista Luis Contigiani y los legisladores que responden a Roberto Lavagna, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini. Además, en ese grupo de indecisos también aparece la diputada tucumana Beatriz Ávila.

Y resta saber la postura de Graciela Camaño. En las últimas horas, y en declaraciones a radio Mitre, evitó una definición: “El oficialismo tiene el número para producir un dictamen respecto al Ministerio Público Fiscal, pero no tiene los números para llevarlo al recinto; no sé por qué salieron a cacarear”, expresó, en relación a las críticas de Juntos por el Cambio.

“Nosotros hemos sido claros respecto a nuestra posición sobre la reforma judicial: dijimos que no son tiempos de resolución de los temas judiciales, porque los dos líderes de las fuerzas políticas mayoritarias tienen causas penales; y esto lo sostenemos”, completó. En Juntos por el Cambio, sin embargo, desconfían: “Se hizo la distraída pero va a votar. Y los de Lavagna van a acompañar”.

SEGUÍ LEYENDO: