
“Si en las próximas 48 horas la empresa no paga el dinero de los trabajadores, vamos a determinar un paro general”. Así lo advirtió este lunes por la tarde el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, en una asamblea realizada en el centro de distribución de Walmart en Moreno, provincia de Buenos Aires, luego de otra reunión sin resultados positivos con representantes de la cadena de supermercados en el Ministerio de Trabajo.
El conflicto se generó ante el reclamo sindical de despedir, indemnizar y volver a contratar a unos 500 empleados de Walmart y la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral venció el viernes pasado. Ambas partes pidieron cinco días más para seguir negociando y pactaron que otra audiencia para este lunes al mediodía. Sin embargo, no hubo avances en las conversaciones y por eso solicitaron a la cartera laboral tener 48 horas más para intentar una solución.
“Está frío aún y por el momento ninguno de ha movido de sus posiciones. Pero hay intención de encontrar entendimientos sin dejar los puntos de vista de cada uno”, sostuvo a Infobae un representante de Walmart que está al tanto de las tratativas con Camioneros.
Del lado del sindicato, admitieron que están más cerca de una medida de fuerza que afectará la distribución de productos, aunque confiaron en que buscarán alcanzar una solución “sin abandonar el reclamo original”, que es precisamente al que se niegan los dueños de la empresa.

En los contactos informales se hablaba de la posibilidad de pagar un bono a los empleados del centro de distribución de Walmart porque la fórmula de echar, indemnizar y volver a contratar “está fuera de la legislación vigente”, según lo advirtieron voceros empresariales.
El gremio liderado por Hugo y Pablo Moyano exige desde 1998 ese resarcimiento a los empleados de nuevas concesiones de servicios o de empresas que cambian de dueños, mientras que la empresa que compró Francisco de Narváez en 2020 argumenta que sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y advierte: “No podemos negociar algo que no está en la ley”.
Tras la negativa, el gremio comenzó el trabajo a reglamento y “otras medidas de fuerza encubiertas” que “derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país”, según una solicitada que publicó Walmart del 25 de marzo, con el título “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Para el gremio de los Moyano, el tipo de reclamo efectuado a Walmart “comenzó en 1998 con Manliba y desde entonces se aplicó en empresas de recolección de residuos, logística, correos y aguas gaseosas, y el último antecedente fue una distribuidora de bebidas en Formosa, siempre con los acuerdos homologados en el Ministerio de Trabajo”.
“Estas propuestas se generan cuando hay un traspaso de manos en una empresa o cuando se van del país compañías internacionales y viene un nuevo dueño del que no se conoce su solvencia ni sus antecedentes -explicó a Infobae un dirigente de Camioneros-, entonces indemniza a los trabajadores y los vuelve a contratar porque se genera una incertidumbre terrible”.
En rigor, se trata de un planteo insostenible desde el punto de vista legal, pero que en el mundo empresarial ya se conoce como “la ley Moyano” y que fue el eje de numerosos reclamos del gremio desde 1998, cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.

El pedido de echar, indemnizar y volver a contratar quedó pendiente hasta que Mauricio Macri, ya como jefe de Gobierno y aspiraciones de un proyecto político, impulsó en 2012 en la Legislatura porteña la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que fue Manliba.
Desde entonces, la “ley Moyano” se impuso no sólo en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura sino también en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo públicamente que “no hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar” lo que le estaban exigiendo a Walmart, lo que originó duras críticas de Pablo Moyano, quien dijo no saber si el funcionario “habla a favor de los empresarios” e invitó a que “este ministro seudoperonista les explique (su posición) a los trabajadores en una asamblea”.
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