Lejos en el tiempo quedaron las reuniones semanales del inicio de la pandemia y los anuncios en conjunto de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. La disputa política, sanitaria y judicial en torno a la presencialidad en las escuelas fue in crescendo al punto tal que la foto del último sábado entre el Presidente y el Jefe de Gobierno porteño pudo haber sido la última en mucho tiempo. La relación está congelada y el diálogo entre ambas administraciones pende de un hilo.
La puja por la vuelta a clases en la Ciudad de Buenos Aires siguió sumando capítulos: en el último, el Gobierno Nacional instó a los colegios privados a que suspendan la educación presencial hasta el 30 de abril, tal como rige en DNU vigente y basándose en el fallo de la Justicia Federal que dejó sin efecto la decisión anterior de la Justicia porteña que había habilitado el retorno a las aulas.
La tensión entre Alberto Fernández y el jefe de gobierno continuó en aumento. El Presidente ve de reojo la interna de la oposición y en Casa Rosada se preguntó por qué el alcalde porteño no asume la gravedad de la situación epidemiológica. No entiende por qué Rodríguez Larreta acepta el discurso extremo que encarnan los halcones del PRO, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Mientras monitorea la capacidad de respuesta sanitaria en el AMBA, Alberto Fernández sostiene que no es momento para hacer “política” en medio de la segunda ola de contagios de COVID-19.
Larreta por su parte considera que desde el punto de vista institucional ya hizo todo lo que tenía que hacer. Se ampara en el fallo de la Cámara local que reconoció la competencia del Gobierno porteño para administrar la política educativa y ratifica que pese a las presiones de Nación, mantendrá los colegios abiertos. Larreta resiste en su postura, buscará esquivar las provocaciones del Gobierno y del kirchnerismo duro que lo tiene en la mira por la administración de la pandemia, mientras aguarda que la Corte Suprema emita la decisión judicial sobre el alcance del DNU en CABA.
Entre tantas diferencias hay un punto de coincidencia entre Alberto Fernández y Larreta: creen que el máximo tribunal se tomará su tiempo para decidir y consideran muy probable que cuando falle, se habrá vencido la vigencia del Decreto que restringió las clases presenciales en el AMBA, y en definitiva todo será “una cuestión abstracta”.
El enfrentamiento público entre ambos complica la relación institucional entre el Frente de Todos y Juntos Por el Cambio, al punto tal que a esta altura del mes en Casa Rosada y en el Congreso de la Nación preveían que ya estaría firmado el acuerdo entre las dos coaliciones para postergar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a raíz del avance de la segunda ola de contagios. En las últimas horas hubo contactos informales entre dirigentes de ambos espacios y llegaron a la conclusión que nada será posible hasta que la Corte emita su fallo o hasta que caduque el plazo de la suspensión prevista para la presencialidad escolar. El 30 de abril vencen las restricciones vigentes y se espera el análisis del impacto de las mismas para trazar la hoja de ruta de las próximas semanas. Aún es pronto, pero en el Poder Ejecutivo evalúan avanzar hacia una “presencialidad administrada” en las escuelas de Capital Federal y del Gran Buenos Aires: una decisión educativa y sanitaria que buscará dejar atrás la disputa política de las últimas semanas con la oposición.
El rumbo que tomará el Gobierno para el mes de mayo dependerá de que el acatamiento al DNU tenga su correlato en la disminución de la velocidad de los contagios, dándole un respiro al sistema sanitario. Alberto Fernández monitorea con muchísima atención el avance del virus en el AMBA, pero también en el interior del país, y sigue de cerca la capacidad de respuesta de clínicas y hospitales, públicas y privadas. El mandatario aguarda un tiempo razonable para definir si profundiza aún más las medidas de confinamiento para evitar un mayor nivel de contagios y muertes causado por la segunda ola de coronavirus en la que se encuentra sumergido el país.
El jefe de Gobierno de la Ciudad hace lo propio: está preocupado por el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva y aguarda que lleguen más vacunas al distrito porteño para lograr que en las próximas cuatro semanas todos los mayores de 60 años integrantes de los grupos de riesgo tengan al menos una dosis aplicada.
La relación política e institucional entre Alberto Fernández y Larreta está congelada. Hay un canal de diálogo que se mantiene abierto entre Julio Vitobello -secretario General de Presidencia- y Diego Santilli -vicejefe de Gobierno-, pero no hay una sola chance en esta coyuntura que permita pensar un nuevo encuentro mano a mano entre el presidente y el alcalde porteño para diseñar una estrategia común sanitaria en los próximos meses.
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