El ex vicepresidente Amado Boudou tiene previsto exponer el próximo 3 de mayo sobre “noticias falsas y guerra jurídica” en un seminario optativo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se analiza de manera crítica el rol del periodismo en torno a los casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.
En este marco, un grupo de profesores manifestó su rechazo a esta jornada académica y cuestionó los antecedentes de Boudou para encabezar una disertación. “Se observa con preocupación el silencio de las máximas autoridades de la UBA frente a este arrebato que se intenta consumar, instalando a un delincuente en sus aulas, en flagrante violación del artículo 19 de la Ley 22.207 de Educación Universitaria”, señalaron a través de un comunicado.
Según este colectivo, denominado “Profesores Republicanos”, la condena accesoria de inhabilitación en forma perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta a raíz del caso Ciccone, le impide al ex funcionario desarrollar actividades académicas. “Admitirlo a ocupar un sitio en la UBA viola esa prohibición y hace incurrir en un delito a quienes lo propician”, destacaron.
Boudou será el protagonista de la cursada que se llevará bajo el nombre “Casos emblemáticos de noticias falsas y guerra jurídica”, en contexto del programa “El periodismo argentino en su laberinto: guerra mediática y jurídica, operaciones políticas, noticias falsas y otras delicias de la independencia”, que organizan los profesores Gustavo Bulla y Daniel Rosso.
Esta presentación coincidirá con la citación por parte del juez federal Ricardo Basílico, para una nueva audiencia para el próximo 14 de abril, a las 9.30, en la que se discutirá si seguirá en prisión domiciliaria o debe volver a cárcel.
En el seminario ya expusieron, entre otros, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; y los periodistas Ari Lijalad, Cynthia García y Sandra Russo, entre otros dirigentes y personalidades afines al kirchnerismo.
En el comunicado, firmado por Alejandro Fargosi, Santiago Kovadloff, Miguel Wiñazki, entre más de 60 docentes, solicitan al rector de la UBA, Alberto Barbieri, “que emita un comunicado de repudio”, y que “requiera a la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación la inmediata anulación de la disertación que categóricamente cuestionamos y rechazamos”.
“El silencio de la UBA y de su Facultad de Derecho hará suponer una complicidad lamentable con quienes idearon esta acción de propaganda, propia de un populismo endémico y corrosivo que no se detiene siquiera ante los valores y las instituciones más sagradas de la Argentina”, indicaron.
El seminario optativo que dictan Bulla y Rosso tiene como objetivos que los estudiantes tengan una “mirada crítica sobre la actividad de los medios de comunicación y la profesión periodística”, así como tener “herramientas teórico-conceptuales para entender la complejidad del momento político actual”.
La invitación de la carrera de Comunicación de la UBA generó una fuerte discusión en las redes sociales, donde dirigentes de la oposición recordaron que el ex funcionario registra una condena a 5 años y 10 meses de prisión por haber cometido los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por la apropiación de la empresa Ciccone Calcográfica. Esa sentencia cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia, cuyo fallo también había generado rechazo de un sector del Frente de Todos.
En la propuesta académica del curso, que consta de tres horas semanales, 45 horas totales, los docentes fundamentan: “Hace poco más de una década que el ejercicio periodístico en nuestro país y en buena parte de la Región, ha abandonado su tradicional impostura de independencia y objetividad. La actividad de los periodistas, especialmente en los medios de comunicación con posición dominante, cada vez se asemeja más a una actividad abiertamente político partidaria que a una profesional destinada a informar a los públicos, como durante décadas los propios involucrados se encargaron de proclamar como autopercepción”.
Boudou fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone. La condena fue confirmada por Casación en julio de 2019. En agosto de 2020, el juez Daniel Obligado, como magistrado de ejecución en el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 del ex vicepresidente, le otorgó la prisión domiciliaria por la situación de la pandemia. Según el magistrado, sus hijos –mellizos de dos años– estaban en una situación de vulnerabilidad ya que solo tenían a su madre y que la presencia del padre podía ayudar en esta situación.
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