Imputaron a Fernando De Andreis por presunto enriquecimiento ilícito

Fernando De Andreis, ex secretario general de la presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, comenzó a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito durante sus cuatro años en ese cargo. La justicia federal abrió una investigación tras la denuncia que presentó la semana pasada el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade.

La acusación es que De Andreis pasó de tener en 2015, cuando ingresó a la Casa Rosada, un patrimonio declarado de 2.258.147 pesos y se retiró en 2019 con 13.149.190 de pesos, lo que para el denunciante no tiene justificación. Junto con el ex secretario de la Presidencia también fueron imputados su esposa, María Sol Ascanope, la ex subsecretaria de Comunicación Presidencial Fátima Micheo y su esposo; dos empresas y una inmobiliaria.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello que delegó la investigación en el fiscal Jorge Di Lello, quien ayer abrió la investigación, informaron a Infobae fuentes judiciales. La Fiscalía ya ordenó las primeras medidas de prueba.

“De la propia declaración jurada se pueden apreciar inconsistencias como así también actos que dan cuenta de un incremento patrimonial que no tiene justificación con los ingresos declarados”, sostiene la denuncia del legislador kirchnerista.

Infobae se comunicó con De Andreis que no quiso hacer declaraciones. Allegados al ex funcionario señalaron que “cualquiera que vea su declaración jurada, que es de acceso público, puede corroborar que la denuncia es mal intencionada” y “una persecución contra quienes son las autoridades de la Fundación de Mauricio Macri y no es más que otra de las denuncias de Tailhade, conocido por dedicarse a ser un denunciador serial que opera en función de los intereses del kirchnerismo”.

En el dictamen, la Fiscalía detalló las inconsistencias denunciadas. Una es un incremento de ocho mil a 19 mil dólares sin que se determine su procedencia u origen. Ese dato tiene una curiosidad: según la denuncia la declaración jurada de De Andreis señala que parte de los dólares los tiene desde 1969.

Otro punto es que hay diferencias en los años que declaró haber comprado acciones de la empresa Boizo Investment S.A., el saldo de una deuda de 417 mil pesos con su esposa que no explica cómo la pagó. Lo mismo con una deuda de 734.271,46 pesos con la empresa “Charle F. Cartier”.

De Andreis también fue denunciado por la compra en diciembre de 2018 de un departamento en Barrio Parque, en Palermo, de 370 metros cuadrados y escriturado por 31.154.880 de pesos con un valor de mercado de dos millones de dólares. El ex funcionario declaró que es el dueño del 50 por ciento y que tiene una deuda de 7.820.000 pesos con la inmobiliaria Darwin S.A. Para Tailhade, el ex funcionario “no demostró cómo generó esos ingresos en tres años de actividad pública, además de no declarar qué tipo de deuda registra con la inmobiliaria, en qué moneda y por qué no realizó pago alguno”.

La denuncia señala otros dos aspectos para investigar. Uno es que en su declaración de 2019 dijo que destinó 2.388.526 de pesos para gastos personales y 564.565 de gastos no deducibles al impuesto a las ganancias, “lo que implica que utilizó el total de sus ingresos para vivir dentro de ese año, por lo que, lo percibido, lo gastado no se condice con el incremento salarial”. Y el segundo es una inconsistencia en el rubro “diferencia de Valuación en los mismos bienes al inicio y al final del año”.

Por su parte, respecto de Micheo -que dependía funcionalmente de De Andreis- la denuncia sostiene que ingresó a la función pública en 2015 con 156.837 pesos declarados y que se retiró en 2019 con un patrimonio neto de 3.891.776. Como De Andreis, Micheo sostuvo que tenía dólares por 945 mil pesos que habían ingresado a su patrimonio en diciembre de 1969. Tailhade señaló que la fecha es antes del nacimiento de Micheo. También que la funcionaria compró en 2017 el 50 por ciento de un departamento con un valor de escrituración de 6.453.312 pesos cuando el de mercado es de 750 mil pesos.

La primera medida del fiscal Di Lello es determinar el período de tiempo de lo que se va a investigar. Para eso dispuso obtener informes patrimoniales del registro de datos NOSIS de cada uno de los imputados.

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