El Gobierno está en alerta por la crisis social y diseñó un plan de contención para evitar un fin de año violento

En la Casa Rosada no prevén un clima de desborde en diciembre, pero igualmente prepararon un esquema que contempla el pago de bonos especiales, aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar, cajas navideñas y más fondos para las provincias. La preocupación de los movimientos sociales

mdinatale@infobae.com
Las Fuerzas Armadas estarán disponibles como ocurrió en lo que va de la pandemia para los operativos de reparto de alimentos en los barrios
Las Fuerzas Armadas estarán disponibles como ocurrió en lo que va de la pandemia para los operativos de reparto de alimentos en los barrios

El Gobierno no prevé un diciembre de tensión social. Mucho menos un fin de año violento como en otros momentos de la historia de la Argentina a pesar de que durante 2020 aumentó la pobreza. No hay funcionario que hoy vea síntomas de desborde social en el horizonte, pero en la Casa Rosada todos coinciden en un punto: el Gobierno debe estar en alerta y en función de esto ya se empezó a organizar un esquema de política social reforzada con el entramado de distintos programas destinados a descomprimir situaciones de tensión y contener a los sectores vulnerables.

La estrategia que desplegará la Casa Rosada en diciembre para apaciguar el malestar social en los barrios marchará al compás del operativo destinado para el reparto de la vacuna contra el COVID-19 que espera tener el Gobierno a fin de año.

El plan de contención social que empezó a diagramar el Gobierno es amplio. La estrategia armada va desde la eliminación del IFE para su redefinición en otros programas, hasta la entrega de un bono de fin de año, la caja navideña, una ampliación de programas laborales, más fondos para los comedores escolares, un nuevo giro de fondos a las provincias y el pago doble de la Tarjeta Alimentar, entre otras cosas.

La redefinición de planes sociales y de trabajo que prepara el Gobierno para fin de año no son las únicas herramientas destinadas a encarar un diciembre en paz. También se está trabajando articuladamente con movimientos sociales, las Iglesias y los gremios para sustentar esa contención social en los barrios populares.

A la vez, se contará con el aporte de las Fuerzas Armadas en la distribución de alimentos como se viene haciendo hasta ahora con 1.200 operativos realizados en los barrios populares. La continuidad de este esquema será crucial para sortear la etapa clave de fin de año en una Argentina donde la pobreza supera el 45% de la población.

“No vemos una situación de desborde social. Estamos lejos de ello porque hemos hecho un buen trabajo de contención social en este año difícil de pandemia", asegura a Infobae el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Para el ministro de una de las áreas más sensibles del Gobierno en materia social, después de lo que fue el despliegue de ayuda en la pandemia, se viene ahora un esquema de “reconstrucción” basado en tres ejes:

1- El refuerzo en asistencia alimentaria. La Tarjeta Alimentaria, que que llega a 3 millones de chicos, a más de 1 millón y medio de familias se va a duplicar en su monto para diciembre. Esto es un pago doble que implicará una erogación global del Estado de 14.000 millones de pesos.

2- Más planes laborales. A raíz de que el IFE tenderá a desaparecer o se redefinirá, el Ministerio de Desarrollo Social lanzará en estos días el plan Potenciar Joven para 100.000 chicos de 18 a 29 años, y las personas que se quedaron sin ingresos. Para ellos se prevé un esquema de contraprestación de proyectos de trabajo a cambio de una beca durante 12 meses de cerca de $8.500 mensuales. La intención del Gobierno es llegar a un millón de beneficiarios de este plan laboral y empezar a apuntalar en diciembre a estos sectores vulnerables.

Además, se buscará reforzar el plan Potenciar Trabajo, que contempla un pago de 9.400 pesos mensuales para unas 300.000 personas

3-Comedores escolares. El Ministerio de Desarrollo Social se encuentra en plena etapa de ampliación de fondos para los comedores y merenderos de todo el país. Se destinarán de aquí a fin de año más de $1.000 millones para este proyecto de contención social que se trabaja coordinadamente en los barrios con los movimientos sociales y las Iglesias.

A todo ello, en diciembre el Gobierno ya prepara un bono de fin de año para los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo monto aún se encuentra en estudio en la Anses, a cargo de Fernanda Raverta.

Y como gesto destinado a contener a los sectores humildes también se prepara el operativo de reparto de 1,7 millón de cajas navideñas que este fin de año contemplará más de nueve productos y estará destinado a las familias que concurren a los comedores o merenderos. De esta manera, la caja navideña que se prepara duplicará a la que se entregó en diciembre de 2019.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en una de las tantas recorridas para repartir alimentos en comedores escolares (Twitter: @LicDanielArroyo)
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en una de las tantas recorridas para repartir alimentos en comedores escolares (Twitter: @LicDanielArroyo)

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro expresó a Infobae: “En este fin de año la situación social en los barrios más críticos se ha descomprimido. En las ollas y comedores está yendo menos gente. Hay mucha más movilidad laboral. Millones de argentinos están buscando trabajo, hacen changas, hay más trabajo informal por lo que la situación social está más descomprimida”.

Sin embargo, Chino Navarro admite que hay que estar “alertas” y no descuidarse. En la práctica, esto es lo que le plantea a su equipo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: recorrer los barrios, estar atentos y contener a la gente que la está pasando mal.

El monitoreo diario de la situación social es casi una gimnasia obligada que impone el jefe de Gabinete a sus ministros y funcionarios. No ven en la Casa Rosada un clima de desborde social y creen que la idea de la llegada de la vacuna va a descomprimir el malestar y la angustia que generó la pandemia durante el año.

Matías Kulfas prepara desde el Ministerio de Producción la continuidad del programa ATP para las empresas que se encuentran en situaciones complicadas. Se trata también de una herramienta clave para contener a los sectores productivos y evitar desmanes a fin de año. En el Gobierno saben que una quita de los ATP implicará un mayor foco de conflicto con los gremios, que ya están en estado de ebullición por la eliminación del IFE.

No todos están en línea con la idea de eliminar el IFE en la Casa Rosada. El dirigente de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, pidió ayer al Gobierno haga un esfuerzo y que pague un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) solo para los sectores necesitados. “La situación social es muy mala. El que no llega a ese diagnóstico es porque ve la realidad de espaldas”, dijo Menéndez.

En el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo de Pedro, se prepara la última entrega de un fondo especial para la atención a las provincias para enfrentar la pandemia que llegará en diciembre con un giro de $20.000 millones. “Es la última reliquia que nos quedaba”, dijo a Infobae un allegado al ministro del Interior en función del último tramo del fondo de $60.000 millones que se enviará como herramienta de contención a las provincias para fin de año.

El otro componente clave que remarcan en la Casa Rosada a la hora de hablar de contención social es la ampliación de la AUH que sumará un millón de chicos y de estos hay más de 15.000 que serán incluidos por la eliminación del tope de 5 niños por familia.

Así, la AUH que hoy llega a 2,3 millones de beneficiarios que cobran la Asignación Universal por Hijo pasará a ampliarse a más de tres millones de beneficiarios. Es la forma que encontró también el Gobierno para descomprimir el IFE y trasladar la ayuda a esos sectores.

Foto de archivo ilustrativa de un hombre con su hija llenando cubos con agua en Villa Azul, en las afueras de Buenos Aires, en medio de la pandemia de coronavirus. 
Jul 17, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo ilustrativa de un hombre con su hija llenando cubos con agua en Villa Azul, en las afueras de Buenos Aires, en medio de la pandemia de coronavirus. Jul 17, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Reclamos sociales

Los movimientos sociales están alertas. Algunos perciben que la situación social está muy grave y que el desborde en las calles está latente. Otros creen que el tema está controlado desde la política social desplegada por la Casa Rosada.

En el Gobierno creen que pueden existir “micro conflictos” en algunas zonas pero no ven un panorama de tensión social generalizado. Entienden que la situación de inseguridad con altos niveles de violencia en el conurbano está controlada por el Ministerio de Seguridad y no tiene nada que ver con una eventual revuelta social en los barrios.

A diferencia de la mirada del Gobierno sobre diciembre, Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Martín Fierro, una agrupación que está alineada con el kirchnerismo, observa un fin de año complicado.

“Vemos con preocupación el aumento de precios que se dio como consecuencia de los aprietes para devaluar a pesar de que el gobierno se mantuvo firme para no hacerlo. No hay espacio para abordar la crisis junto al Estado, los comités de emergencia no funcionan y la gran mayoría de las organizaciones no somos convocadas”, dice Beibe a Infobae.

Desde esta agrupación creen que fue una “decisión equivocada” sacar el IFE en este contexto porque si bien se refuerzan otros programas y se está haciendo una inversión importante en la ayuda social “hay millones de argentinos que no tienen acceso a ellos y se van a quedar sin ese ingreso que no era mucho pero ayuda sobre todo en vísperas de estas fiestas que van a ser las más duras de los últimos años”.

Los referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) mantuvieron el viernes pasado una reunión con el ministro Arroyo para trasladar la preocupación por lo que se viene para fin de año en materia de protestas y reclamos sociales.

“Hay una preocupación del sector de la economía popular, tras la salida del IFE y la situación económica que se vive en los barrios. Hoy hay mucha gente en una situación de indefensión absoluta. La realidad en los barrios es muy difícil”, dijo Dina Sánchez de la UTEP después de la reunión en el Ministerio de Desarrollo Social.

Y desde el Movimiento Evita, Gildo Onorato, remarcó a Infobae: “No es función de los movimientos popular contener ningún conflicto, sí pelear para que se canalicen institucionalmente, nos parece relevante inyectar recursos para iniciar integración social a través de trabajo, porque el tiempo de los subsidios tiene que terminarse, son funcionales a que la pobreza se estructuralice”, dijo.

La presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, trabaja en estos días en articular fuertemente esta cadena de ayuda entre el Estado, los movimientos sociales, las Iglesias y los gremios. Es que en el Gobierno están convencidos de que el dispendio de recursos sólo será útil en un diciembre caliente si se sostiene con un fuerte plan de contención.

“El Gobierno sigue sosteniendo a los sectores que más lo necesitan con un doble pago en la tarjeta AlimentAR, que además prevé una ampliación que alcanza a los 200.000 niños y niñas que ingresaron a la AUH entre marzo y septiembre. A esto se suma la ampliación de esa misma asignación y el Certificado de Preinscripción de Identidad, medida que permitirá llegar a los sectores más castigados y que -justamente por no contar con la documentación correspondiente- no pueden acceder a derechos básicos”, dijo Tolosa Paz a Infobae.

La funcionaria también mencionó como esquema de contención social el relanzamiento del Repro II que funcionará como un empalme para que los desempleados jóvenes puedan acceder al mundo del trabajo. Y si a esto le suma el bono extraordinario que podría aprobarse el próximo martes. “Vamos a tener un 25% de esa asistencia destinada al ProgresAR, que en los hechos significa la incorporación de unos 700.000 jóvenes al programa”, añadió.

Es la misma línea que planteó desde la Iglesia Católica monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas Argentina, cuando dijo: “La pandemia, con sus consecuencias tan dolorosas, ha sido la ocasión para que estrechemos lazos de cooperación y coordinación con otras organizaciones de asistencia y promoción. El aporte solidario de la sociedad y el trabajo admirable de los voluntarios, son los nervios vitales con los que se sostienen los servicios más variados, que Caritas brinda desde los centros urbanos hasta los parajes más remotos del país”, señaló.

Así, la Iglesia y el Gobierno renovaron los convenios para asistir a los comedores y merenderos en los próximos meses. Todos saben que la situación social es frágil y que cualquier mecha puede encender un incendio tan reiterado en cada diciembre de la Argentina.

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