Alrededor de mil familias ocupan desde diciembre del año pasado un terreno perteneciente al Estado nacional en La Plata. La Municipalidad de la capital bonaerense denunció a la Justicia Federal la usurpación de las 160 hectáreas del terreno.
El predio está ubicado entre las calles 141 y 155 y 76 y 90 de la localidad platense de Los Hornos. Y es propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABBE) del gobierno nacional. “Claramente las tomas no responden sólo a un déficit habitacional, hay una intencionalidad política detrás, el Estado debe intervenir, no puede fomentar la ilegalidad”, sostuvo el intendente platense Julio Garro, que se presentó en la Justicia como querellante, e informó que “el 95% de las personas que están en las tomas no son de La Plata”.
“El Estado nacional y provincial deben dar pautas claras, hay que ponerle un freno a la ilegalidad, no se puede premiar ni defender al delincuente”, agregó el jefe comunal y pidió que la Justicia “actúe con celeridad para desalentar cualquier intento de toma de tierras”.
La causa se investiga en el Juzgado Federal Nro. 1 de La Plata, a cargo de Adolfo Gabino Ziulu. Desde el municipio bonaerense reclaman que el expediente "está totalmente parado”. Según consideran en La Plata, la dificultad para el desalojo radica en que "desde el gobierno nacional y provincial anunciaron que van a avanzar con urbanizar y dar loteos sociales a los usurpadores pero hace 10 meses que no hay movimientos de ningún tipo”.
Garro expresó su preocupación ya que son tierras inundables. Por eso, elevó a la Provincia un informe desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata, el cual demuestra la grave situación hídrica de estos lotes que se encuentran en la planicie del Arroyo Regimiento.

Los terrenos pertenecían a la Agencia Nacional de Aviación Civil (funcionaba el Club de Planeadores de Los Hornos) y fueron traspasados por la Justicia al Estado con la idea de que allí se desarrolle un “Proyecto Urbanístico Integral” que daría solución habitacional a familias de La Plata que se inscribieron y que viven en asentamientos precarios de la zona, y a otras que podrán acceder a través de otros programas habitacionales.
El proyecto cuenta con la declaración de interés municipal desde el Concejo Deliberante local. Se trata de un trabajo conjunto entre la Provincia, el Municipio de La Plata y el Gobierno Nacional, a través de la AABE, que aporta las tierras.
El Jefe Comunal explicó que con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y autoridades nacionales se conformó una mesa de trabajo para urbanizar el predio, no obstante “la toma sigue avanzando y el proyecto de urbanización se sigue deteriorando”.
En el estudio profundo llevado a cabo por técnicos y especialistas de la UNLP, se advierte “una alta peligrosidad con riesgo hídrico en la situación de toma actual”, por lo que consideran “la urgente necesidad de proceder a un desalojo y/o reubicación de las familias que han tomado las áreas inundables según los mapas expuestos”.
El trabajo fue diseñado teniendo en cuenta un estudio profundo de desagües pluviales, el cual respetaría las condiciones geomorfológicas del predio, con la condición de alejarse de los cursos de agua que lo atraviesan dejando una franja de restricción.

La idea del proyecto sobre las tierras ahora ocupadas ilegalmente es producir lotes con servicios básicos (luz, agua) para las familias que fueran debidamente censadas por la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. También se generarán áreas para la ejecución de viviendas dirigidas a sectores medios, trabajadores agremiados y de la economía popular.
Además se contempla el uso de una parte de la tierra para proyectos agroecológicos en consonancia con la actividad productiva frutihortícola existente en la zona, crear un mercado regional de abastecimiento de alimentos y generar un espacio recreativo y de esparcimiento para la comunidad y los barrios de su alrededor.
“Pero con la usurpación es imposible avanzar con obras de infraestructura que se necesitan”, comentaron a Infobae desde el Municipio platense, desde donde aseguran que el 95% de los ocupantes no son de La Plata y están allí para hacer negocios con la venta de los lotes.
“Nosotros hicimos un censo al arranque de la toma cuando se estaba inicialmente pidiendo el desalojo y eran más de 200 familias. Pero con el correr de los meses siguientes fue avanzando la toma y hoy hay unas 1.000 casillas, carpas o lotes”, explicaron fuentes del Municipio. Y agregaron: “La realidad que no vive ese número de gente. Es mucho más menor. Porque lo que hicieron es tomar las tierras, alambrar y poner casillas para apropiarse de los terrenos. Muchas familias marcaron la tierra, van y vienen custodiando, pero no están ahí”.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
El Gobierno se muestra optimista para aprobar el temario completo de las sesiones extraordinarias
En Casa Rosada aseguran que “debiera salir todo” lo enviado, incluso la Reforma Laboral, que cosecha algunas críticas, a la que se resisten a implementar cambios. Las negociaciones abiertas

Javier Milei planea desembarcar con el “Tour de la Gratitud” en Mendoza
En cumplimiento de las dos recorridas por mes, desde La Libertad Avanza tienen en mente una nueva bajada a una provincia clave que celebrará elecciones municipales el 22 de febrero. El cronograma en estudio

Ante empresarios, Kicillof desplegó un discurso anti Milei y le mandó un guiño al radicalismo
El gobernador bonaerense llevó a parte de su gabinete a un encuentro en Chascomús, en donde volvió a confrontar con las políticas del gobierno nacional. Hubo representantes de la UCR y Magario lo ungió hacia 2027

Denunciaron por mal uso de bienes del Estado al intendente entrerriano que se accidentó en Brasil
José Luis Walser sufrió un accidente a principios de diciembre. Iba con su familia en un vehículo oficial. Ediles opositores lo denunciaron por haber usado bienes del Estado con fines privados

Presentaron un proyecto de ley para prohibir la circulación de vehículos en las playas bonaerenses
La iniciativa legislativa, impulsada tras varios accidentes en la costa atlántica, busca restringir la circulación de rodados motorizados en zonas turísticas y preservar la seguridad de los visitantes

