Luego de que la Corte de Suprema de Justicia le pidiera al Procurador General Eduardo Casal su opinión sobre el caso de la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires por parte de Alberto Fernández, el jefe de los fiscales avaló que el territorio porteño haga su reclamo ante el máximo tribunal.
“El Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986 ”, aseguró Casal.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentado lo anterior, toda vez que en el sub lite el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el art. 116 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia", concluyó Casal.
Ayer, el máximo tribunal había girado al procurador Eduardo Casal la demanda y el pedido de amparo que presentó la Ciudad de Buenos Aires contra el recorte de fondos de la coparticipación que dispuso días atrás el Gobierno nacional.
La Corte le pidió a Casal que dictamine si tiene competencia y si corresponde dictar una medida cautelar, tal como pidió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con el objetivo de que cese el descuento de fondos de manera inmediata.
El Gobierno porteño presentó el pasado 18 de septiembre su reclamo por la reasignación de partidas, y solicitó que “se restablezca en forma inmediata el derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % en el Consenso Fiscal”.
La presentación realizada por el Gobierno de la Ciudad es en respuesta al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 735/2020 que se publicó el pasado 20 de septiembre en el Boletín Oficial y que recupera un punto de la coparticipación que el ex presidente Mauricio Macri había destinado durante su gestión a la Ciudad en 2016.
En el escrito judicial del Ejecutivo porteño, firmado por la apoderada María Cristina Cuello, se solicitó que “se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”.
La gestión de Rodríguez Larreta también interpuso ante la Corte una acción de amparo, en la convicción de que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está legitimada a iniciar la presente acción de amparo y reclamar en juicio la invalidez de actos que vulneran atribuciones y poderes inherentes a su autonomía política”.
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