Coronavirus: en los tribunales bonaerenses advierten que habrá un incremento de juicios cuando termine la pandemia

La justicia bonaerense dictó más de 178 mil sentencias desde el inicio de la pandemia, llevó adelante más de 24 mil audiencias virtuales, giró más de 4 millones de notificaciones electrónicas y abrió casi 200 mil causas, aunque todavía hay problemas para desarrollar “audiencias esenciales”. Así surge del segundo informe sobre el servicio de la “Administración de Justicia” durante el aislamiento por el COVID-19, que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la provincia

Los datos buscan demostrar que no hubo una “inactividad” en los tribunales bonaerenses durante todo este período. “La progresión a lo largo de los cuatro meses expone un incremento sostenido de actividad hasta casi equiparar la cantidad de trámites efectuados en el mes de julio de 2020, con respecto a julio de 2019”, detalló el informe al que accedió Infobae. El estudio, no obstante, también advierten que habrá un incremento de litigiosidad cuando termine la pandemia y una “estrechez” de recursos presupuestario que requerirá “esfuerzos y creatividad” entre todos los operadores judiciales.

En términos estadísticos, se informa que desde el 20 de marzo, inicio de la emergencia, hasta el 31 de julio, en todos los fueros e instancias. Se dictaron 7.344.001 trámites judiciales, se registraron 4.659.549 notificaciones y presentaciones electrónicas, ingresaron 191.502 causas y se iniciaron en forma completamente digital y remota otros 68.420 nuevos expedientes. En relación al trabajo a distancia, hacia fines de julio se asignaron 12.506 credenciales de acceso remoto, con un promedio superior a 8000 usuarios conectados diariamente.

Según se detalla, entre junio y julio se amplió el inicio electrónico de todo tipo de procesos judiciales y se dispuso el restablecimiento del servicio de justicia presencial en los departamentos judiciales de Trenque Lauquen, San Nicolás, Pergamino, Azul, Necochea, Junín, Bahía Blanca, Mercedes y Mar del Plata (estas dos últimas a partir del 24 de agosto), además de las sedes descentralizadas de Tandil, Bragado, Olavarría y Tres Arroyos; y los 77 de Juzgados de Paz.

La Suprema Corte resaltó que esto se concretó "en un estado de situación en la cual todavía en la mayor parte de los partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires rigen importantes restricciones enmarcadas en el aislamiento social, preventivo y obligatorio que condicionan la labor de los tribunales".

En torno a las funcionalidades a distancia, se consignó que a partir del 25 de junio se extendió el inicio electrónico de toda clase de causas en los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y Juzgados de Paz; y desde el 13 de agosto se dispuso que los órganos judiciales de todos los fueros mencionados, como así también de los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil, puedan celebrar cualquier clase de audiencias en forma remota.

En cuanto a sentencias y resoluciones, se detalla que entre abril y julio de este año la Suprema Corte dictó 2.475 fallos (un 68,4% más que en el mismo período de 2019); las Cámaras de Apelación y el Tribunal de Casación Penal 33.419 (un 3% más que entre abril y julio de 2019); los juzgados de primera instancia 121.008 (lo que representa el 61% de lo efectuado en 2019); y los organismos de la Justicia de Paz 21.589 (lo que representa el 69% de las resuelto en el mismo período del año 2019).

El informe precisa que, especialmente entre junio y julio, se afianzó una reacción que permitió reducir las brechas interanuales e incluso alcanzar rendimientos semejantes o superiores a los del año pasado.

De acuerdo al informe, a pesar de los avances verificados a partir de la adopción y el sostenimiento del programa de innovación en la gestión de los tribunales, subsisten dificultades en distintos planos del servicio de justicia, ya sea por la continuidad de restricciones de diligencias y trámites esenciales, como por una serie de limitaciones que vienen evidenciándose desde antiguo (se mencionan, como ejemplos, la falta de un régimen legal de autarquía económico-financiera del Poder Judicial, la deficitaria infraestructura edilicia, la creciente cantidad de vacantes en un gran número de juzgados y tribunales).

“Cierto es que subsiste la imposibilidad de afluencia regular de personas -y por ende de la actividad presencial- en importantes sedes tribunalicias, en particular en las del AMBA. Ello causa una merma importante en el quehacer habitual de los órganos jurisdiccionales. Al mes de agosto los problemas se mantienen, fundamentalmente, en lo que atañe a la realización de audiencias esenciales y a la diligencia de los traslados de demanda. De todas formas, los resultados verificados en términos de producción de actos procesales exhiben un estado de cosas objetivamente alejado de cualquier idea de inactividad”, se destacó.

El estudio recordó que “el período de la pandemia también se caracterizó por un compromiso de la Administración de Justicia con la solidaridad y la austeridad” y precisó que “el Sistema de Aporte Solidario y las Medidas de Austeridad para la Emergencia Sanitaria, dispuestas por medio de la Resolución SA N° 14/20, generaron -al mes de julio- un ahorro superior a los $270 millones”.

En el informe, no obstante, se advierte que “se avizoran incrementos en la litigiosidad y el mantenimiento de la estrechez presupuestaria, factores que verosímilmente pueden acentuarse por el impacto de la pandemia”. Y por ello - se añadió- “no sólo será menester profundizar los esfuerzos y la creatividad de todos los miembros del Poder Judicial para optimizar los programas implementados y sumar iniciativas que mejoren la organización del servicio a fin de garantizar la tutela judicial de los derechos en la Provincia de Buenos Aires”.