En medio de la polémica, se puso en marcha la comisión asesora que conformó Alberto Fernández para analizar cambios en la Corte Suprema

En medio de las críticas, los once juristas convocados por el presidente Alberto Fernández para “repensar” el funcionamiento de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura se reunieron hoy, por primera vez, vía Zoom, para empezar a definir cómo será el esquema de trabajo que pondrán en práctica a partir del 18 de agosto y por 90 días para elevar al Ejecutivo propuestas concretas y recomendaciones.

Desde las 13 y hasta minutos después de las 15, los expertos elegidos propusieron pautas sobre cuándo y cómo sesionar y la manera de llevar adelante las reuniones. Allí estaban los abogados Carlos Beraldi –defensor de Cristina Kirchner–, León Arslanian –ex juez del juicio a las Juntas y ex ministro de Justicia–, Andrés Gil Domínguez –el constitucionalista que participó del debate de Ley de Medios ante la Corte por el grupo Clarín–, Gustavo Ferreyra –allegado a Eugenio Zaffaroni– y Marisa Herrera –especialista en derecho de familia–; junto a los ministros de las cortes locales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), Omar Palermo (Mendoza) María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) e Inés Weinberg de Roca (Capital Federal que, además, fue la candidata a la Procuración General postulada por Mauricio Macri). El último integrante es Enrique Bacigalupo, un ex juez en España, donde vive hace 40 años luego de exiliarse en los años 70.

Una propuesta que tenían en la cabeza varios de los integrantes, como León Arslanián, Raúl Gustavo Ferreyra o Andrés Gil Domínguez, fue la de hacer públicas las reuniones en la medida en que se pueda para darle transparencia a la comisión, así como abrir el debate a personas jurídicas especialmente invitadas: distintos colegios de profesionales, asociaciones, ONG y personas públicas con conocimiento del tema para sumar iniciativas.

“Fue un encuentro muy cordial, muy ameno, donde cada uno planteó cómo podía ser la mejor manera de trabajar”, contó a Infobae uno de los participantes de la reunión. Con el chat que ya habían creado la semana pasada, apenas Alberto Fernández los presentó en la Casa Rosada, los juristas ya empezaron a conocerse, pero hoy fue la primera vez que se vieron las caras virtualmente.

Por lo pronto, ya se pusieron de acuerdo en algo básico: cuándo hablarse fuera de las reuniones que se lleven adelante. El chat del grupo funcionará entre las 13 y las 16, porque todos tienen otros trabajos a los que abocarse.

La temática de hoy giró sobre cómo será la dinámica de trabajo que pongan en marcha desde el 18 de agosto. “Se trató de una reunión preparatoria. Fue ponernos de acuerdo sobre algunos puntos”, explicaron.

El abogado Fabián Musso, director del BICE y coordinador designado por el Ejecutivo, participó del encuentro, pero fue una voz más dentro de los profesionales. Es que, según se describió, se trató de una charla muy “horizontal” en donde participaron todos. Quedaron en labrar un acta con lo ocurrido allí y la intención es que se difundan los detalles de lo acordado a través de un comunicado.

Lo que aún no decidieron es sobre qué tema van a avanzar. Si empezarán a desgranar el funcionamiento de la Corte Suprema, el tema sobre el cual se puso la mirada periodística y que promete generar más ruido, o si comenzarán sobre aspectos menos conflictivos, como la forma de implementar a nivel nacional el juicio por jurados. “Esto es como armar un auto. Primero tenemos que definir el chasis, después vemos el diseño del volante”, resumió a Infobae uno de los juristas.

La conformación de la comisión asesora generó polémica desde su anuncio. La presencia de Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, desató el rechazo de la oposición. Beraldi –que en su rol de abogado culpó a la actual Corte de haber avalado el avance de las causas contra CFK desde Comodoro Py, bajo la hipótesis de lawfare– prefirió mantener silencio.

Lo mismo sucedió con la reforma judicial que impulsa el Gobierno. En las últimas horas, sumó el rechazo de la Cámara Civil y Comercial, que ayer dictó una acordada en la que objetó la fusión del fuero civil y comercial federal con el contencioso administrativo federal que propone la iniciativa.

“La fusión propuesta en el proyecto acarreará, además de los cuestionamientos basados en la garantía del juez natural, dificultades concretas en el funcionamiento de los juzgados y salas, cuyo personal deberá atender, repentinamente, materias que le son ajenas con recursos ya de por sí escasos, todo lo cual irá en seguro detrimento de los litigantes”, sostiene la resolución a la que accedió Infobae.

La Cámara del Crimen se había pronunciado este miércoles también en forma crítica respecto de la reforma judicial. El tribunal calificó de inconstitucional la iniciativa y señaló que “importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados”.