Esta semana comenzó la discusión en el Senado del proyecto de reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández. Durante un plenario de comisiones, el senador oficialista Oscar Parrilli pidió agregar en la iniciativa que los jueces puedan plantear al Consejo de la Magistratura, como posibles presiones, la de los medios de comunicación.
Ante esta propuesta, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió que se busca “acallar voces” de los medios de comunicación, y que “lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía”.
A través de un comunicado, las autoridades señalaron que el pedido de Parrilli es “un riesgo para la libertad de expresión, el derecho a la información y el debate democrático”, y advirtieron sobre el peligro de que “se promuevan normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen inhibiendo el libre y pleno ejercicio periodístico en nuestro país”.
Durante su intervención virtual en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, el senador del Frente de Todos solicitó que se incluya a los “poderes mediáticos” como “grupo de presión” pasible de ser denunciado por los jueces de todos los fueros con jurisdicción federal, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, frente a un presunto “intento de influencia en sus decisiones”.
Para ADEPA, hay un claro objetivo de “promover mecanismos de intimidación, autocensura o silenciamiento del periodismo a la hora de informar, investigar, opinar o criticar la labor judicial”. “Uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial”, se agregó en el texto.
“Hay algunas luces amarillas”, alertó el senador kirchnerista durante su exposición y se refirió puntualmente a dos incisos del artículo 70. En primer lugar, se refirió al inciso “E”, que indica que los jueces federales deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos”. “Si bien luego dice de ‘amistades o grupos de presión’, acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos”, apuntó.
“Todos queremos una Justicia que nos garantice a todos la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso. Les puedo asegurar que en los últimos cuatro años estos principios fueron absolutamente violentados”, agregó. En ese sentido, tras mostrarse como víctima de persecución judicial -al igual que Cristina Kirchner-, el senador cargó contra el periodismo: “Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”, completó.
Parrilli también manifestó sus “dudas” con respecto al inciso “F”, en el que también pidió incluir a los medios de comunicación. Dicho inciso sostiene: “Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones (las de los jueces) y en ningún caso deberán actuar sobre la base de consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias”.
“Tengo miedo que el clamor público sea el clamor de los medios de comunicación y que en función de eso se tome esto como un hecho de la sociedad. Y en realidad no son hechos de la sociedad o reclamos de sectores sociales, sino que hay determinados intereses económicos que utilizan los medios para presionar a los jueces”, expresó el senador, quien añadió que “por lo menos tendríamos que reanalizar y discutir esos términos”.
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