El Presidente espera que el Senado apruebe esta semana el canje de deuda bajo legislación local

En sólo una sesión de comisión, el oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo en el Senado sobre el proyecto de ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo Ley Argentina. De todos modos, Juntos por el Cambio pidió correcciones al texto y firmó el dictamen con algunas disidencias. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos), pasó el texto para la firma de los senadores que sumó diez rúbricas del oficialismo y cinco de la oposición y ya está habilitado para ser tratado en el recinto en esta semana, tal como espera Alberto Fernández para avanzar en la reestructuración.

El envío del proyecto al Congreso es una señal del Presidente a los bonistas y un espaldarazo para el ministro de Hacienda. También la Vicepresidenta Cristina Fernández hizo un gesto de apoyo a Martín Guzmán, en plena negociación. El rápido avance del marco legal para la reestructuración de la deuda bajo ley local completa la estrategia del Presidente de la Nación. Podría haber sesión esta semana y una votación por unanimidad, aunque hasta ahora el interbloque de Juntos por el Cambio mantiene su disidencia por la redacción sobre la cláusula RUFO. Los reparos no pondrían en peligro la media sanción.

En línea con la indicación presidencial el equipo de Guzmán, y luego Caserio en la negociación con la oposición, insistieron en que no habrá trato diferencial entre los acreedores bajo ley extranjera y los bonistas bajo ley local. Es una parte clave de la reestructuración. El apoyo de todo el arco político para una deuda que se paga a largo plazo, le dará la misma legitimidad que tuvo la ley aprobada en sesiones extraordinarias para la reestructuración con los tenedores externos.

La semana pasada los senadores de la comisión de Presupuesto y Hacienda, más los senadores de la Bicameral de Seguimiento de la Deuda en calidad de invitados, escucharon la exposición del secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y del subsecretario Ramiro Tossi.

Por Juntos por el Cambio el ex ministro de Economía Martín Lousteau planteó correcciones en la redacción del texto. Manifestó dos preocupaciones. La primera respecto a la redacción de la cláusula RUFO ya que, consideró, debería indicarse que la ley se aplicará desde su sanción. El riesgo, explicó, es la ventana de tiempo entre el tratamiento de la ley y la negociación paralela con los tenedores de títulos bajo ley extranjera. Varias veces repitió Lousteau que sería más saludable esperar una semana pero Caserio, un hombre que responde a Alberto Fernández, mostró firmeza en cuanto a la necesidad de darle este instrumento lo antes posible al Gobierno para avanzar rápidamente frente a los bonistas.

El secretario de Finanzas agradeció el aporte y dijo que se tendría en cuanta aunque aún los senadores no recibieron el visto bueno de Economía para modificar el texto. Bastourre insistió en que la piedra fundamental de la ley es dar el mismo y tratamiento a los tenedores locales y extranjeros.

Ante el temor de que quienes tienen bonos bajo legislación extranjera consigan luego una mejora en la oferta Caserio repitió palabras del presidente Alberto Fernández: “Esta es la oferta final, el Gobierno no hará otra oferta”.

Otro cuestionamiento de Lousteau fue respecto a si los organismos públicos tenedores de deuda podrían verse “desfavorecidos” ya que, alertó, “hay que hacerlo con mucho cuidado porque están administrando pasivos de terceros”. También los funcionarios nacionales buscaron llevar tranquilidad sobre eso y dijeron que cada ente, PAMI y ANSES por ejemplo, analizarán muy bien antes de entrar al canje.

El secretario Bastourre defendió la iniciativa porque, explicó, “dará alivio financiero en el corto plazo” al pasar de “un perfil de vencimientos muy cargados en los primeros años, de USD 32400 millones en 2024 a USD 2152 millones básicamente por el pago de intereses en esos años ya que el capital se empieza a pagar en el 2025″.

Poco más de la mitad de la deuda local está en manos de privados y el resto, en manos del sector público. Si aceptan entrar al canje, se ofrecerán cinco bonos en dólares y otros dos en pesos qu se ajustarán según el CER (coeficiente de estabilización de referencia) más un interés adicional (Boncer) en ese caso con vencimiento entre el 2030 y el 2041 y entre 2026 y 2028 según sus denominaciones sean en moneda extranjera o local.

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, agradeció el apoyo opositor y resaltó que se trata de “un tema estratégico para la economía del país”. “Es central arreglar el tema de la deuda” explicó por lo que consideró que “la respuesta del Parlamento tiene que ser inmediata”.

Todo parece indicar que efectivamente la respuesta será “inmediata”. El debate en comisión tuvo lugar el lunes pasado, el dictamen se pasó rápidamente a la firma, y probablemente el jueves se le dé media sanción en el Senado para pasar a su tratamiento a Diputados donde se debatiría en la primera semana de agosto.