Despidieron a 400 obreros de la construcción en Catamarca y lo comunicaron mediante mensajes de texto a sus celulares

Luego de los 1.450 despidos en Techint, frenados por la conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno, se sumaron en las últimas horas las cesantías de unos 400 obreros de la construcción y personal técnico de la obra del acueducto Los Patos, en la provincia de Catamarca, a quienes el viernes pasado les comunicaron la decisión a sus celulares mediante mensajes de texto.

El personal despedido había sido contratado para las obras en el Salar del Hombre Muerto, en la ciudad catamarqueña de Antofagasta de la Sierra, por un consorcio empresarial que integran las firmas argentinas Contreras, Mogetta y Boetto y Buttigliengo y que trabaja para la empresa minera norteamericana Livent.

El titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, confirmó a Infobae los despidos y anticipó que pedirá de manera urgente que el Ministerio de Trabajo de la Nación declare la conciliación obligatoria porque las autoridades provinciales afirmaron que no tienen facultades para disponer esa medida, que obliga a las partes a sentarse a negociar una solución por un plazo de quince días y a retrotraer la situación al momento previo al conflicto.

El gobernador de Catamarca es Raúl Jalil, está enrolado en el Frente de Todos y antes había sido intendente de la capital provincial durante dos períodos, entre 2011 y 2019.

Para evitar que los efectos de la cuarentena agraven la situación económica y laboral, el presidente Alberto Fernández estaría a punto de firmar un decreto de necesidad y urgente (DNU) para prohibir los despidos. La medida que dictaría el Presidente suspendería de manera temporaria los efectos de los artículos 247 y 221 de la ley de Contrato de Trabajo.

El artículo 247 establece que “en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleadorfehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley”, mientras que el 221 afirma que “las suspensiones por fuerza mayor debidamente comprobadas podrán extenderse hasta un plazo máximo de 75 días en el término de un año, contado desde la primera suspensión cualquiera sea el motivo de ésta”.

El mensaje de texto que recibieron los cesanteados de Catamarca dice lo siguiente: “Por motivos de público conocimiento relacionados con la emergencia sanitaria del Covid-19, y ante la imposibilidad de enviar despacho postal, le notificamos que a partir del 25 de marzo prescindimos de sus servicios por finalización de la fase de la obra para la cual fue contratado”.

Según trascendió, representantes de la UOCRA les habrían dicho a los despedidos que el consorcio empresarial prometió que “apenas se reinicie la obra se los va a volver a contratar a todos”.

En las obras del Salar del Hombre Muerto trabajan en total unas 800 personas y las obras se paralizaron porque la actividad minera no fue considerada como esencial en el decreto que estableció el aislamiento preventivo y obligatorio.

Sin embargo, la empresa Livent afirma que envió a sus trabajadores a cumplir con la cuarentena, pero que “continúa pagando el 100% de los salarios de sus 389 empleados en el país”. “Antes de la cuarentena éramos 389 empleados en Argentina. Hoy continuamos siendo 389”, sostuvo en un comunicado Juan Carlos Cruz, vicepresidente de Asuntos Públicos de Livent.

El consorcio empresarial que integran Contreras, Mogetta y Boetto y Buttigliengo es el que había contratado a los 400 obreros de la construcción y personal técnico por un plazo de entre ocho y diez meses. Cuando comenzó la cuarentena por el coronavirus todavía les faltaban cuatro meses para finalizar su vínculo laboral.

La empresa Livent fue pionera en la explotación de sales de litio en la Argentina como una unidad de negocios de la multinacional FMC Corporation, que se instaló en la provincia de Catamarca en los años 90, y las obras en el Salar del Hombre Muerto fueron el eje de fuertes protestas de vecinos y organizaciones ambientalistas que denunciaron que el emprendimiento ponía en peligro los recursos hídricos de la zona.

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