Para entender el conflicto planteado en el largo proceso concursal de Correo Argentino hay que remontarse a 1997, año en el que el Estado otorgó la concesión del servicio postal a la empresa de la familia Macri. Esa relación quedó plasmada en un contrato que le concesionaba el servicio a la firma por 30 años.
Tal como establece la normativa, esa relación contractual implicaba obligaciones para ambas partes, la empresa y el Estado Nacional. Según el pliego de licitación, el Estado estaba obligado a garantizarle al concesionario la exclusividad del servicio vinculado a la Carta Documento, que sería el único instrumento que daba “fe pública”; ser el único prestador postal para el Estado Nacional, sus reparticiones y entes descentralizados; ser el único emisor de sellos postales; el ejercicio del poder de policía postal para impedir la proliferación de correos no autorizados; ser el único prestador de servicios telegráficos y de giro postal; la unificación del régimen impositivo federal para los servicios postales; y ser agente de pago de las prestaciones relacionadas con la ANSES.
Según fuentes de la empresa y lo manifestado por la compañía en el expediente judicial, el Estado incumplió con todas sus obligaciones. Por su parte, Correo Argentino S.A. estaba obligado a realizar una inversión anual no inferior a 25 millones de pesos y al pago de un canon anual total de 101, 2 millones de pesos. De acuerdo a lo que surge de los balances aprobados por los accionistas, a menos de dos años de celebrado el contrato de concesión la firma realizó inversiones por algo más de 126 millones de pesos. El total de la inversión realizada hasta el quite de la concesión fue de más de 330 millones de pesos según el Tribunal de Tasación de la Nación. Asimismo, durante los primeros dos años de concesión, CASA canceló los cánones comprometidos. De acuerdo con lo que pudo reconstruir Infobae, en 1999 los incumplimientos del Estado Nacional habrían desencadenado una crisis financiera de la compañía que no canceló en forma regular el cánon y la posterior cesación de pagos que derivó en el concurso preventivo en septiembre de 2001.
En el año 2003, el entonces Presidente Néstor Kirchner disolvió la comisión creada por el anterior Jefe de Estado, Eduardo Duhalde para reestructurar el contrato de concesión, que además había reconocido los incumplimientos del Estado Nacional. La administración Kirchner rechazó también la oferta de la empresa de pagar los cánones compensando con la deuda del Estado por servicios postales impagos y por la ruptura del contrato 24 años antes de su finalización.
Al mismo tiempo, el Estado Nacional tomó posesión de bienes de Correo Argentino como la planta procesadora del servicio postal y la planta potabilizadora de agua ubicada en un predio de la localidad bonaerense de Monte Grande, además de vehículos, máquinas, soportes tecnológicos, sucursales, mobiliario, dinero en efectivo y los recursos humanos. Según pudo saber Infobae esto afectó a las empresas de la familia Macri al punto de poner en riesgo la continuidad de todo el grupo económico.
En 2016, Correo Argentino presentó una propuesta para pagar que no fue impugnada por ninguna de los intervinientes salvo la fiscal Gabriela Boquin, que cuestionó el acuerdo. La empresa alegó en el expediente que la representante fijó un monto de deuda de 70 mil millones de pesos con el objetivo de decir que la propuesta de pago representaba solamente el 1,2 por ciento de la deuda. Indicó la compañía que para llegar a esa cifra la fiscal Boquin no sólo aplicó una tasa de interés nunca utilizada en un proceso concursal sino que a su vez la capitalizó hasta el año 2032. También alertó por acciones penales que promovió Boquin contra funcionarios públicos y abogados de la firma que participaron en la presentación de la propuesta de pago de la deuda.
Este martes la Justicia ordenó la intervención con el desplazamiento total de órgano de administración de Correo Argentino S.A. a pedido de la fiscal Gabriela Boquin y del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
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