A partir del 1 de marzo, los camiones que circulen por la ruta nacional N°3 y pasen por el municipio santacruceño de Río Gallegos deberán pagar una tasa especial que va desde los $3.000 (para vehículos de hasta 25 toneladas) hasta los $10.000 (para los de mayor envergadura).
La norma, que fue aprobada el 23 de diciembre el Concejo Municipal de Río Gallegos, desató un verdadero revuelo entre los transportistas, que denuncian una especie de “peaje encubierto” en una ruta de jurisdicción nacional.
Los damnificados sostienen que la medida es inconstitucional ya que va en contra de los artículos 9, 10 y 11, que prescriben que la circulación territorial está exenta del poder impositivo. Además, sienta un peligroso antecedente ya que, de implementarse, cualquier municipio del país podría arrogarse el derecho a hacer lo mismo sobre vías nacionales encareciendo de manera exponencial el costo del transporte de carga y afectando negativamente a la actividad productiva.
Cabe destacar que la ciudad de Río Gallegos es el único lugar de paso habilitado para que circulen camiones que tienen como destino la provincia de Tierra del Fuego o la localidad de Punta Arenas en Chile. El control será realizado por los agentes de bromatología local cuando los transportistas pasen por el puesto de Güer Aike.
“Es arbitrario y discriminatorio. Solo nos cobran a las empresas de Tierra del Fuego. Cuando cualquier ciudadano carga combustible en Santa Cruz, el ticket dice que estamos pagando un impuesto para el mantenimiento de las rutas”, dijo Darío Loreto, secretario de la Asociación de Transportistas de Tierra del Fuego.
La medida también generó rechazo en los transportistas chilenos, que ya amenazaron con tomar medidas al respecto. Desde la Asociación de Dueños de Camiones de Magallanes (ASODUCAM), el presidente del gremio, Miguel Cárdenas, calificó la medida de “unilateral, abusiva y antojadiza” y que “no responde a acuerdos bilaterales ni a la reciprocidad que debería existir en la relación de ambos países”.
El jueves pasado, los transportistas habían quedado en reunirse con el intendente Pablo Grasso, pero nunca se acercó a la Federación. “Es preocupante porque ni siquiera podemos tener un argumento concreto de porqué están tomando esta medida”, dijo Loreto por FM Aire Libre, quien adelantó que ya solicitaron asistencia jurídica para ver de qué forma pueden dar marcha atrás con el impuesto.
Por su parte, el diputado nacional Federico Frigerio, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley para instar al intendente que derogue esa ordenanza. “Rechazamos categóricamente la “tasa especial” al transporte de carga en Río Gallegos, porque es arbitraria, inconstitucional y afectará la actividad económica de Tierra del Fuego. La mayoría de los bienes que llegan a la isla lo hacen a través de este medio de transporte, por lo que el cobro de este impuesto es una medida claramente perjudicial para mi provincia que seguro resultará en un aumento de costos del transporte y por consiguiente en aumento de precios para el el pueblo fueguino", señaló el legislador.
“Se viene haciendo un esfuerzo muy grande desde la industria y en conjunto con los trabajadores para darle competitividad el régimen industrial, se ha logrado una baja de precios considerable en dólares para que todos los argentinos podamos acceder a bienes electrónicos de calidad y a precios competitivos con el exterior. Ya estamos en condiciones de empezar a exportar electrónica a otros países de la región, este tipo de medidas va en contra de todo el trabajo que se viene realizando en el sector desde 2017”, agregó Feigerio quien también es industrial fueguino.
Según los cálculos estimados, con un promedio de 30 mil camiones que ingresan Tierra del Fuego anualmente, “el costo logístico aumentaría entre 200 y 300 millones de pesos por año, no solo para la industria sino también para todos los bienes de consumo que ingresan al territorio fueguino", precisó el diputado.
Y concluyó: “Es llamativo el silencio del gobierno provincial y de los gobiernos municipales sobre este hecho que socava nuestra autonomía provincial, a esto hay que sumarle un posible conflicto internacional con el el hermano país de Chile”.
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