Con la vicepresidenta Cristina Kirchner en Cuba, el ex ministro de Planificación Julio De Vido clamando por los presos políticos y el empresario Lázaro Báez a la espera del pedido de condena en el juicio por la ruta del dinero k, el Tribunal Oral Federal 2 reanudará hoy el debate por la causa conocida como “Vialidad”. Se trata del juicio oral contra la ex presidenta y sus ex funcionarios por las obras concedidas al dueño de Austral Construcciones en Santa Cruz.
Hoy, en la primera audiencia del 2020, el TOF 2 tiene previsto escuchar Fernando Sánchez, el ex diputado de la Coalición Cívica que, junto a Elisa Carrió, había firmado la denuncia inicial por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner, funcionarios y empresarios. En 2017, Sánchez había renunciado a la banca en el Congreso para ocupar un cargo en el Gobierno de Mauricio Macri como Secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete.
Sánchez se convertirá en el tercer testigo en desfilar en este debate. Antes ya declararon s ex diputados Juan Carlos Morán, también firmante de la denuncia junto a Carrió, y la ex diputada Margarita Stolbizer, quien radicó la causa por Hotesur, en donde también espera juicio Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Báez. Fue un testigo por audiencia. En esta tanda de testigos también están convocados Javier Iguacel, primer titular de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri y quién presentó la denuncia que derivó en el juicio oral y la actual legisladora Mariana Zuvic.
Hay 159 testigos citados. Son los que fueron aceptados por el tribunal a pedido de las partes. Entre ellos varios ex funcionarios de Cristina Kirchner. Se destaca el presidente Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; el gobernador de Chaco Jorge Capitanich; el flamante titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina -todos ex jefes de Gabinete durante las presidencias de Cristina Kirchner. A ellos se les suma Carlos Zannini, procurador General de la Nación.
Hay expectativas por más testimonios, pero aún no se sabe cuándo tendrán lugar. Por ejemplo el empresario Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Cristina Kirchner lo había pedido como testigo a mediados de 2018 para demostrar que no hubo cartelelización. Sin embargo, Wagner se convirtió en “arrepentido” de la causa de los cuadernos, en donde confesó como operaba el reparto de obra pública durante el gobierno de los Kirchner. Aunque el caso de los cuadernos no esté en foco en este debate, el juicio de Vialidad –el primero en donde Cristina Kirchner enfrenta el banquillo, ahora devuelta al poder de la Casa Rosada- vuelve a poner en foco todas las acusaciones sobre la ex jefa de Estado.
El juicio comenzó el 21 de mayo pasado. Se trata de esclarecer las presuntas irregulares en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para Santa Cruz durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la ex mandataria están acusados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del fallecido presidente Néstor Kirchner- y funcionarios de vialidad nacional y de Santa Cruz.
Con la intervención de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la acusación esta en manos del fiscal Diego Luciani y las querellas a cargo de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, dos organismos que habían impulsado la causa durante el Gobierno de Mauricio Macri.
El 2 de diciembre pasado, apenas unos días antes de jurar como vicepresidenta, Cristina Kirchner declaró en indagatoria. En una explosiva exposición, en donde les advirtió a los jueces que ellos serían los que tendrían que contestar preguntas, la ex jefa de Estado sostuvo que la acusación en su contra “fue un plan ordenado por el gobierno saliente”.
"El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no sé cómo tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas”, afirmó. “Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó el país, había que traer de vuelta al FMI y para traer el Fondo había que convencer que el que los desendeudó era un chorro y vino a saquear el país. Eso es lo que hicieron y por eso estoy sentada acá. No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo, eso pasó en la dictadura y no voy a prestarme a eso”.
La expectativa de las defensas está en demostrar que no hubo ni sobreprecios, ni favorecimiento, ni demoras, incluso en base a una auditoría que encargó el macrismo. Hay planteos en la Corte Suprema porque no se peritaron las 51 obras que se cuestionan.
Sin embargo, Cristina Kirchner entiende que los jueces ya tienen redactada su sentencia. "Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo el día de su indagatoria.
Esta es una de las causas judiciales contra Cristina Kirchner. La que más rápidamente lpuso a la hoy vicepresidenta en el banquillo. También en instancia de juicio oral, pero sin fecha aún, están la causa dólar futuro (la primera por la que fue procesada), la del Memorándum con Irán (denuncia original de Alberto Nisman) y los expedientes de Hotesur y Los Sauces que tramitarán juntos, como se sabe, en un mismo debate.
A eso se le suma el capítulo de los cuadernos, con un ramillete de expedientes que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio por las anotaciones de Oscar Centeno y en donde se le fueron añadiendo otras acusaciones como la cartelización de la obra pública o los subsidios al transporte ferroviario. Otros procesamientos dictados por Bonadio contra Cristina Kirchner fueron revocados por la Cámara Federal, como el caso de Gas Licuado o los subsidios al transporte automotor.
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