La UIF apeló el sobreseimiento de ex gobernadores y la hija de Hebe de Bonafini en la causa de Sueños Compartidos

La Unidad de Información Financiera (UIF), que sigue bajo la conducción de un funcionario puesto por Mauricio Macri, Mariano Federici, apeló el sobreseimiento de más de 30 personas en la causa conocida como “Sueños Compartidos”, entre los que figuran la hija de Hebe de Bonafini, allegados a los hermanos Schoklender, y ex gobernadores y ex intendentes que recibieron las obras en sus distritos. La hija de Hebe está sospechada de comprar un departamento en la ciudad de La Plata y simular una venta a una empresa de Sergio Schoklender.

Los sobreseimientos fueron ordenados a fines de diciembre por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en un tramo residual del expediente. El núcleo central de la causa espera el comienzo del juicio oral, a cargo del Tribunal Oral Federal 5, donde serán juzgados los hermanos Schoklender, Hebe de Bonafini y ex funcionarios del Ministerio de Planificación, entre otros. La Justicia pudo probar que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos de los $750 millones destinados al plan de viviendas.

Antes del comienzo de la feria judicial, la UIF apeló los sobreseimientos en dos escritos a los que tuvo acceso Infobae.

El organismo que investiga el lavado de dinero cuestionó el sobreseimiento de la hija de Bonafini, que tuvo un breve paso por la administración de la Fundación Madres de Plaza de Mayo luego del escándalo con los Schoklender. No se la investiga por el manejo de los fondos públicos sino por una operación inmobiliaria. La mujer compró un semipiso en la avenida 44 de La Plata. Lo adquirió sin un crédito bancario y luego se lo vendió a la empresa Meldorek, de Sergio Schoklender. El ex apoderado declaró varias veces que fue una operación ficticia, a pedido de Hebe. La Justicia hasta ahora entendió que los fondos estaban justificados.

En su rol de querellante, la UIF también apeló el sobreseimiento de la ex ministra Felisa Miceli, acusada de participar de la administración de la Fundación; de la ex mujer de Schoklender, Viviana Sala; y del ex jefe de Seguridad de la Fundación, Rubén “Pocho” Brizuela; entre otras personas.

Para la UIF, que en su momento apeló la falta de mérito de Julio De Vido, el juez “omitió valorar prueba esencial” para valorar la situación de los imputados. El recurso puntualiza el caso de Viviana Sala y de Carolina Gentile, quienes constituyeron la sociedad VICASA para comprar un terreno en la localidad de Pilar. “Dicha sociedad tuvo como fin únicamente comprar el terreno mencionado, sin registrar actividad comercial alguna. Es decir, se utilizó la sociedad comercial, sin actividad, para la canalización de un bien inmueble. No puede dejar de observarse que la operatoria descripta reúne las características esenciales del lavado activos”, cuestiona el escrito al que tuvo acceso Infobae.

En otro tramo de la apelación, la UIF advierte que el juez intenta “ordenar el proceso” con la última tanda de sobreseimientos: “No correspondería sobreseer a los acusados que no están en condiciones de ser elevados a juicio y poner fin al proceso. Esta parte entiende que correspondería mantener en instrucción a quienes requieran la producción de diligencias adicionales”.

Sobre los ex gobernadores y ex intendentes que recibieron las obras en sus distritos, Martínez De Giorgi había entendido que no tenían responsabilidad porque había un acuerdo previo entre los responsables del Ministerio de Planificación y las autoridades de la Fundación.

Entre los beneficiados aparecen Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados, Julio Zamora, entre otros.

Sin embargo, la UIF entendió que los intendentes y gobernadores “tuvieron en sus manos la obligación de controlar y no lo hicieron” y que además “autorizaron pagos en condiciones irregulares”. “No puede dejar de tenerse en cuenta que ninguno de los involucrados denuncio, a lo largo de la ejecución del proceso, irregularidad alguna”, agregó el organismo anti lavado.

Las apelaciones quedarán en manos de la Sala I de la Cámara Federal, que en 2018 revocó la falta de mérito de De Vido y decretó su procesamiento por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.