Finalmente y como se esperaba, la Legislatura de Mendoza derogó la nueva ley de minería, que se había aprobado el 20 de diciembre pero que desde que fue reglamentada por el gobernador Rodolfo Suárez fue blanco de duras críticas y masivas protestas frente a la gobernación.
Tanto el Senado -34 votos a favor y 2 en contra- como la Cámara de Diputados votaron para que se restablezca la nueva norma (7.722) y de este modo queda sin efecto la habilitación para utilizar sustancias químicas -cianuro, entre otras- para la explotación minera.
La marcha atrás comenzó luego de que Suárez, debido a las protestas, anunciara que quedaba sin efecto la aplicación de la ley: "El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Ha habido hechos de violencia, hay cortes de ruta, hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, queremos evitar que eso pase a mayores”, afirmó el jueves en conferencia de prensa.
“En la campaña dijimos que éramos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por esa razón hemos decidido enviar a la legislatura un proyecto para la derogación de la ley minera 9209”, expresó el mandatario.
A pesar de esto, el mismo viernes hubo una masiva manifestación en toda la provincia de Mendoza para insistir en el repudio a la minería a cielo abierto con contaminantes.
El epicentro de la protesta fue la capital y fue definida como “histórica” por la prensa local. Incluyó una actividad denominada “Tambores por el Agua” que, con instrumentos de percusión, se hicieron oír en la manifestación. La masiva columna sumó más de 8 cuadras de manifestantes que marcharon hasta la plaza Independencia, frente a la Legislatura provincial.
La nueva iniciativa modificaba los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 por los que se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico -lo que permite separar los metales extraídos de la roca- y habilitaba la minería metalífera a cielo abierto. Sí se mantenía la prohibición del uso del mercurio.
Además, creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que debía informar anualmente el estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera.
Durante el debate legislativo, el gobierno de Mendoza argumentó que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando.
Un caso aparte es el del departamento Malargüe, que impulsa el desarrollo de la minería metalífera y pidió a la legislatura que los exceptúe de la vigencia de 7.722.
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