La llamada del Gobierno que cambió la causa, una confesión y la convicción de Pedraza hasta su muerte: a nueve años del crimen de Mariano Ferreyra

“Doctora, le vamos a llevar un testigo que sabe lo que pasó”.

Cerca de las 10 de la mañana del 20 de octubre de 2010 militantes del Partido Obrero (PO) y empleados tercerizados del ferrocarril Roca llegaron a la estación Avellaneda de trenes. Querían cortar las vías para reclamar por despidos y por la precaria situación laboral de los tercerizados para quienes se pedía la incorporación a planta permanente. Pocos sabían que apenas tres horas y media después se iba a producir un crimen que pegaría de lleno en la política argentina y del que hoy se cumplen nueve años.

“Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode”, cantaban los militantes y los tercerizados. Pero no pudieron cortar las vías porque allí ya estaban entre 100 y 120 personas de la Unión Ferroviaria (UF), el gremio que desde 1985 lideraba el sindicalista José Pedraza. No querían que se produzca el corte. “Viva Perón”, les contestaban.

Los militantes y los tercerizados no subieron a las vías. Caminaron por una calle lindera ante la mirada de los ferroviarios. Hubo pedradas, botellazos y palazos. Ya del lado de la ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Pedro de Luján, en el barrio de Barracas, los militantes y los tercerizados decidían qué hacer cuando ocurrió el desenlace fatal. “Vamos, vamos”, gritaron los de la UF y bajaron desde un terraplén. Los dos grupos volvieron a agredirse con piedras, palos y armas caseras y entre las 13:35 y las 13:39 del lado de la patota ferroviaria comenzaron los disparos.

Uno de ellos impactó en el estómago, lo atravesó, llegó al corazón y mató a Mariano Ferreyra, de 21 años, militante del PO y estudiante de historia. Otra bala dio en la cabeza de Elsa Rodríguez, que quedó en silla de ruedas, con el habla comprometida y una incapacidad del 100 por ciento. También fueron heridos Nélson Aguirre y Ariel Pintos.

El crimen de Mariano Ferreyra conmocionó a la política. Un militante muerto en la calle, algo que para los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner era algo que no podía pasar y sobre todo después del antecedente en la administración de Eduardo Dauhalde con los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. A eso se sumaba el ataque de parte de un gremio peronista, la sospecha de que la Policía Federal, que estaba en el lugar y que dependía del Gobierno Nacional, había dejado actuar a la patota y la crítica de la izquierda al gobierno de Cristina Kirchner. Pero la política iba a actuar.

La causa judicial quedó a cargo de la fiscal de instrucción Cristina Caamaño. “Doctora, le vamos a llevar a un testigo que sabe lo que pasó”, fue el mensaje telefónico que Caamaño recibió al día siguiente desde el Ministerio de Justicia de la Nación, entonces a cargo de Julio Alak. El testigo era Alejandro Jesús Benítez, guarda tren de Constitución y que había formado parte de la patota de los ferroviarios.

Benitez había estado ahí. Se lo contó a un amigo y lo pusieron en contacto con Francisco “Barba” Gutierrez, entonces intendente de Quilmes. El dato llegó a Néstor Kirchner y lo activó.

La declaración de Benitez debía ser secreta pero había un problema para llevarlo hasta la fiscalía de Caamaño, en la calle Paraguay al 1500: la permanente presencia de periodistas que cubrían el caso. Por eso, el testigo llegó después de la medianoche acompañado de Alak y de Juan Martín Mena, también funcionario de Justicia. Fueron en dos autos y antes habían estado en la quinta de Olivos.

Benitez estaba asustado pero declaró y se transformó en testigo protegido. Con las imágenes que le mostraron identificó a los ferroviarios que conocía. Nombró a Pablo Díaz, delegado de la UF que tuvo a cargo la convocatoria de la gente para evitar el corte. Y describió por la ropa a uno de los autores de los disparos que luego iba a ser identificado: Cristian “Harry” Favale, barra brava de Defensa y Justicia y que un día antes del crimen había estado en el gremio porque quería ingresar a trabajar. “A ese zurdo, a ese gil le agujereé la panza”, dijo Favale esa tarde del 20 de octubre según testigos.

El aporte de Benitez fue clave para que la causa empiece a tener nombres. No iba a ser el único que iba a hacer el gobierno. El entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, llamó a la fiscal. “Déjame de joder, con el laburo de tengo, un imitador”, le contestó Caamaño pensando que le estaban haciendo un chiste. Fernández volvió a llamarla. Era el jefe de Gabinete y le preguntó que necesitaba para la casua. La fiscal se reunió con la jueza Susana Wilma López y coincidieron que iba a ser de mucha utilidad tener escuchas telefónicas en tiempo real. La entonces SIDE lo hizo y se instaló en el juzgado un aparato para que las comunicaciones se puedan escuchar desde ahí.

La intervención de Néstor Kirchner en el crimen de Ferreyra fue uno de sus últimos gestos políticos. A la semana, el 27 de octubre, murió en El Calafate. “La bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor”, contaría tiempo después Cristina Kirchner.

La causa tuvo las primeras detenciones: Favale, Díaz, los ferroviarios Juan Carlos Pérez, Jorge González, Guillermo Uño, Salvador Pipito y quien fue el segundo tirador: el guardatren Gabriel “Payaso” Sánchez, señalado por Favale. Dijo que quien tiró tenía el tatuaje de un payaso en su antebrazo derecho. Pero el tatuaje que tiene Sánchez es un águila. Pero el apodo de Payaso le quedó para siempre. A Sánchez lo complicó un militante del PO. “Se puso detrás de un auto y disparó”, declaró en la causa.

La relación más tensa durante la causa fue la de Favale y Sánchez, que se iba a poner de manifiesto en un careo que tuvieron en el juzgado.

Favale: Él disparó

Sánchez: Ah, ¿sí? ¿Y cómo disparé? Hijo de puta, me estás mandando en cana de algo que no hice.

Favale: Perdóname pero tengo que decir la verdad.

Sánchez se paró para agarrarse a trompadas. “Por favor, dialoguen”, les pedía la jueza. Los agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) los esposaron por la espalda para evitar cualquier agresión. Sánchez está detenido en la cárcel de Senillosa, le siguen diciendo Payaso y sigue pensado lo mismo de Favale: “Es un traidor”.

Con los ferroviarios que estuvieron en Barracas detenidos a la causa le faltaba los autores intelectuales. Y el expediente se encaminó a Pedraza y a su segundo en la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández. “Hace lo que tengas que hacer”, le dijo Esteban Righi a Caamaño. Righi era el jefe de los fiscales y su estudio de abogados representaba a Pedraza. En este caso no intervino. Poco tiempo después, Caamaño pasaría a ser viceministra de Seguridad de la Nación y su lugar en la causa lo ocupó el fiscal Fernando Fiszer.

Desde que fue asesinado Ferreyra hubo preocupación en la cúpula del gremio. A los pocos días del hecho se hizo una reunión con abogados en la sede del sindicato, en la calle Independencia. Y allí Fernández soltó una frase que sonó a confesión: “La culpa la tiene Díaz que le dijimos que no lleve a ninguna hinchada”. Lo escuchaba Pedraza.

Díaz era delegado de la UF y tuvo la tarea de la convocatoria para evitar el corte de vías. Fueron empleados ferroviarios pero también hubo externos. Desde Florencio Varela llegó un micro en el que venía menores de edad. Los ferroviarios iban para evitar represarías internas porque se tomaba lista para saber quién estaba o porque tenían prestamos del gremio o para hacer méritos. Y en el lugar, Díaz era quien hablaba con Fernández para contarle lo que iba ocurriendo. Mientras eso pasaba, Pedraza estaba en un congreso con el entonces secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.

Las escuchas judiciales arrojaron otro dato que complicaría a Pedraza. Con servicios de inteligencia y abogados se planificaba el pago de una coima de 50 mil dólares para que la causa le toque a una sala en particular de la Cámara Federal de Casación para liberar a los detenidos y desligar a Pedraza. En esas escuchas también se supo que Pedraza buscaba apoyo en el gobierno. “La mejor defensa es un buen ataque”, le dijo al sindicalista el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a quien Pedraza le transmitía su preocupación por los tercerizados.

En las primeras horas del martes 22 de febrero de 2011 la Policía Federal recibió una orden de la jueza López. Era la detención de Pedraza. Fueron allanados sus tres domicilios, en Ramos Mejía, en la avenida Del Libertador y en un edificio de Puerto Madero, en la calle Azucena Villaflor, donde fue detenido.

El mismo día, a la medianoche, Pedraza caminaba con dos agentes del Servicio Penitenciario Federal por los oscuros pasillos del quinto piso del Palacio de Tribunales para ser indagado por la jueza. Los únicos testigos fueron tres periodistas que cubrían el caso y se escondían en una escalera. La jueza López era muy celosa de cuidar que no se conozca información del expediente. Lo era a tal punto que por escrito le pidió a todas las partes del caso que no le den información a los medios.

La Policía Federal fue investigada. Ese 20 de octubre la fiscal Caamaño y dos funcionarios de su fiscalía fueron a Barracas. Los recibió un oficial de la fuerza con una particular aclaración.

-Esta vez nosotros no fuimos.

-Se puede ser por acción o por omisión –le contestó la fiscal.

La causa determinó que la Policía Federal dejó actuar a la patota de la UF sin intervenir cuando atacaron a los militantes y los tercerizados: la filmación de la fuerza no grabó el momento de los disparos y después de los tiros los ferroviarios se fueron por el sector en el que estaba la Policía.

En menos de dos años, todo el hecho se investigó y llegó a juicio oral. Lo hicieron los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, del Tribunal Oral Criminal 21. Se perfilaba como uno de los juicios más trascendentes por el impacto político que tuvo el crimen de Ferreyra, porque uno de los sindicalistas más importantes del país sería juzgado y porque el Poder Judicial sería observado.

Pocos días antes, los abogados de los acusados tuvieron dos reuniones. Estuvieron Carlos Froment, abogado de Pedraza; Mario Fenzel, de Díaz, Gustavo D´Elia, de Sánchez; Alejandro Freeland, de Fernández, entre otros. Allí acordaron una estrategia conjunta para llevar al juicio: que los ferroviarios fueron atacados, que se generó un enfrentamiento y que el crimen de Ferreyra fue un homicidio en riña, que tiene una pena máxima de seis años de prisión. Querían evitar la acusación de homicidio agravado.

Esposado y con los dedos en V, Pedraza saludó a su familia que el 6 de agosto de 2012 lo acompañó a la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py en la primera audiencia del juicio. Eran 17 los acusados, 10 de la UF y siete de la Policía Federal.

Fueron ocho meses de juicio, con tres audiencias por semanas y momentos graciosos que contrastaban con la tensión. Por ejemplo, la coloquialidad del juez Días. “Hago un cuarto intermedio de cinco minutos porque ya no aguanto más de hacer fuerza”, dijo el magistrado el primer día para referirse a las ganas de ir al baño. En esa primera audiencia hasta hubo un poco de miedo. El abogado Oscar Igounet estaba haciendo una serie de planteos cuando que de repente dijo: “Se me prenden fuego los papeles”. Los tenía sobre la luz del escritorio. Quienes estaban más cerca del letrado cuentan que hasta se le prendió fuego un poco de pelo.

María del Carmen Verdú fue una de las abogadas que representó al PO y una de las más batalladoras y peleadoras con las defensas. “Doctora, no me caliente el ambiente”, le pedía Dias.

Lo que ocurrió en Barracas se recreó en una maqueta que mandó a hacer la defensa de Pedraza y en el juicio los testigos protegidos declararon disfrazados. Tenían gorro, anteojos y barbas y bigotes postizos, lo que era objetado por las defensas. Para esos testimonios no había público y los jueces les pedían a los abogados que apaguen los celulares.

La tensión política del caso también estuvo en el juicio. La querella del PO dijo que el crimen de Ferreyra fue un plan de tres patas: empresarios, ferroviarios y gobierno. Que el Poder Ejecutivo tercerizaba la represión en manos del gremio. Y hasta le contestó a Cristina Kirchner. “No, señora Presidenta, la bala que mató a Mariano Ferreyra no rozó el corazón de Néstor, salió del corazón del estado”, dijo Verdú.

El juicio terminó el 19 de abril de 2013. Pedraza fue condenado a 15 años de prisión, también su segundo, Fernández. Díaz, Favale y Sánchez recibieron una pena 18 años. González y Pipitó a 11 años y Claudio Alcorcel a ocho años. Los comisarios de la Policía Federal Luis Mansilla y Jorge Ferreyra recibieron una pena de 10 años y nueve años de prisión, respectivamente. El comisario Hugo Lompizano, el subcomisario Luis Alberto Echavarría y el principal Gastón Conti una de dos años. David Villalba, el operador de la cámara de la Policía Federal, una multa de 12.500 pesos. De los 17 acusados, solo fueron absueltos tres: los ferroviarios Pérez y Uño y el subcomisario Rolando Garay.

¿Por qué la patota de la UF atacó a los tercerizados, mató a Ferreyra e hirió a tres personas? Para la justicia los motivos fueron dos, uno político y otro económico. El ingreso a planta permanente de los tercerizados era una amenaza para el poder de Pedraza porque por izquierda podían disputarle la jefatura del sindicato. Pero además los tercerizados eran un negocio. En la casa de Pedraza se encontró una carpeta de la cooperativa “Unión del Mercosur”. Con la privatización de los ferrocarriles en los 90, el gremio creó cooperativas para dar trabajo a quiénes lo perdían y el estado pagaba a esas cooperativas para los tercerizados.

El tribunal sostuvo que contra Pedraza no había “prueba directa" pero sí indicios sobre su responsabilidad en el hecho. Las condenas fueron confirmadas después por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ni en la investigación ni el juicio se pudo determinar quién disparó la bala que mató a Ferreyra. Si fue Favale o Sánchez. Lo que sí quedó demostrado es que los dos dispararon. Las armas que se usaron esa tarde nunca fueron encontradas. Pero todas las sospechas recaen en Favale. Según los testigos fue quien más disparó y el mismo tipo bala se extrajo de Ferreyra y de Elsa Rodríguez.

Pedraza salió de prisión en febrero de 2016 cuando le dieron la detención domiciliaria por su estado de salud y su edad, tenía más de 70 años. Estuvo cinco años en la unidad de Ezeiza. Murió el 23 de diciembre de 2018 en la clínica Agote, a los 75 años. En los últimos tiempos debía contar con ayuda para caminar. El último alivio de su vida fue la detención domiciliaria.

Hosto y parco, de pocas palabras, hincha de Boca, Pedraza se murió con una convicción: “Me querían voltear del sindicato”. Para otros, entre ellos la justicia, se hizo justicia en un crimen político.