La Justicia frenó un subsidio del Gobierno para desocupados al considerar que tiene fines electorales

La jueza electoral nacional, María Servini, le ordenó hoy al Gobierno nacional de Mauricio Macri que no pague un subsidio de cinco mil pesos para desocupados antes de las elecciones del próximo 27 de octubre para “evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”.

La magistrada hizo lugar a una medida cautelar que presentó el Frente de Todos, que lleva la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, tras una publicación periodística que dio cuenta de que el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, a cargo de Dante Sica, había dictado la Resolución n° 1177 por la cual se iba a pagar un subsidio de cinco mil pesos para las personas que no tuvieran ningún otro ingreso. Se calculó que eran 114 mil personas.

El peronismo sostuvo que la medida violaba el artículo 139 del Código Electoral de la Nación que establece una pena de uno a tres años para quien “compeliere a un elector a votar de manera determinada”. Además señalaron que la decisión no fue publicada en el Boletín Oficial y “que existen testimonios de intendentes y dirigentes que confirmaron que el beneficio creado fue prometido a los votantes a cambio de apoyar a los ejecutivos que lo conceden y se han remitido planillas con datos personales de los futuros posibles beneficiarios”.

También señalaron los apoderados que presentaron la denuncia, Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, que el Gobierno tiene un listado armado con los distritos y los montos en los que se entregará el subsidio: “Más de una cuarta parte irá a Lomas de Zamora, con 153 millones de pesos para el pago de unos 30.000 subsidios. El Partido de San Martín es el segundo en importancia con 62 millones presupuestados para 12 mil planes… y otros distritos destacados son la provincia de Chaco con 37 millones de pesos y 7 mil subsidios; Formosa, con 34 millones para 6.800; Rosario, con 30 millones y 6 mil; Santa Fe ($28 millones y 5.600); Mar del Plata ($27 millones y 5.400); Corrientes (26 millones y 5.300): También fueron asignados recursos para La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza, Catamarca y hasta la Capital Federal, con un monto de 10 millones para el pago de 2.000 subsidios".

El fiscal electoral, Jorge Di Lello, avaló el planteo del Frente de Todos y pidió que el subsidio no se pague porque induce al voto. “El Código Nacional Electoral establecía un plazo de veda en la administración, con el fin de que la estructura pública, integrada en este caso por el Ministerio de la Producción, pueda actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios”, señaló.

La jueza Servini explicó que el subsidio tenía como fecha tope de cobro el 8 de noviembre y que esto tenía “el posible objeto de ‘condicionar’ a algunos electores, a través de la ayuda social legalmente ordenada, la que se otorgaría a cambio de apoyar al actual gobierno nacional”.

“Esta situación podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las Autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años; es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social”, agregó la magistrada.

“En base a lo expuesto y a los efectos de garantizar una mayor certidumbre a la totalidad de las agrupaciones que compitan en las elecciones del próximo 27 de octubre, con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente, corresponde disponer, en forma previa a la sustanciación de este proceso, una orden de restricción al Sr. Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Sr. Dante Sica”, resolvió Servini.

La medida implica que el Gobierno deberá abstenerse de “disponer de los fondos” del subsidio “hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 27 de octubre próximo”. El gobierno nacional tiene la posibilidad de apelar la decisión para que sea revocada por la Cámara Nacional Electoral y así pagar el subsidio antes de las elecciones.