Alberto Fernández no solo será el candidato a presidente de la fórmula que tendrá a Cristina Kirchner como vicepresidenta. El ex jefe de Gabinete también será protagonista del juicio oral a la ex mandataria por la obra pública que comenzará el próximo martes. Fernández es uno de los 159 testigos citados y, dependiendo de cuando le toque declarar, podrá hacerlo como candidato o, dependiendo del resultado de las elecciones, como presidente o desde el llano.
Cuando el Tribunal Oral Federal 2 aceptó la prueba que se analizará en el proceso -entre ellas los testigos- era septiembre del año pasado y Fernández no aparecía en los escenarios electorales. Pero ahora su nombre cobra otro valor.
El precandidato presidencial es uno de los testigos citados a pedido de la defensa de Cristina Kirchner, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del empresario Lázaro Báez. La ex presidente quiere que él y todos sus jefes de Gabinete den cuenta en el juicio de cómo era la administración de la obra pública durante su gestión Así, además de Fernández declararán Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández.
La fecha en la que declarará Fernández no está definida. Para la etapa de testigos faltan algunos meses y dependerá del cronograma que arme el tribunal y de la dinámica que tiene todo juicio oral. El proceso está previsto que dure por lo menos un año, por lo que el veredicto -cuando se define si los acusados son culpables o inocentes- será mucho después de las elecciones. Entonces, ya se sabrá si la fórmula Fernández-Fernández gobierna el país.
Como todavía no se conoce cuando testificará Fernández, la expectativa está en que lo haga como candidato o como, potencialmente, presidente. Las elecciones primarias son el 11 de agosto, las generales el 27 de octubre y el posible ballotage el 24 de noviembre.
Cristina Kichner será juzgada con De Vido, Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios del área de vialidad nacional y de Santa Cruz. En total son 13 los imputados. La acusación es por las presuntas irregularidades en 51 obras que las empresas de Báez recibieron para la provincia amañadas con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la imputación, la mayoría de las obras no se terminaron o concluyeron fuera de los plazos originales pero siempre fueron pagadas a término.
Uno de los puntos de la acusación es que el gobierno de Cristina Kirchner se valió de distintos mecanismos, tales como decretos presidenciales, resoluciones del Ministerio de Planificación Federal o de la Dirección Nacional de Vialidad, para favorecer a las empresas de Báez.
Cristina Kirchner rechaza las acusaciones y una de sus defensas es que las partidas para la obra pública las votaba el Congreso en el presupuesto y que las modificaciones que podían sufrir eran decisiones de los jefes de gabinete. En esa línea pidió la declaración de su compañero de fórmula.
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