Si continúa en su cargo de ministro de Defensa hasta febrero próximo, Oscar Aguad será el primer integrante del gabinete en funciones del gobierno de Mauricio Macri en declarar en indagatoria como sospechoso de un caso de corrupción.
El juez Ariel Lijo citó a indagatoria a Aguad para el 28 de febrero próximo por su actuación en 2016 como ministro de Comunicaciones en la negociación con la empresa Correo Argentino -de la familia Macri- para el cobro por parte del Estado nacional de la deuda contraída por la compañía. El Ministerio de Comunicaciones fue disuelto y Aguad pasó de allí a Defensa en 2017. El acuerdo no se concretó.
Lijo aceptó el pedido que hizo el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó que fueran indagados Aguad y Juan Manuel Mocoroa -encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones-, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher.
En el pedido de indagatorias el fiscal había dicho que "la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher".
Pollicita imputó a Aguad y al resto de los involucrados en el caso por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. El fiscal destacó que hasta 2015 el Estado defendió los intereses públicos, algo que contrasta con lo sucedido en el hecho bajo investigación. "Lo expuesto precedentemente -dijo Pollicita- resulta demostrativo de dos situaciones, por un lado, la defensa de los intereses públicos que mantuvo el Estado Nacional hasta el año 2015, tanto a través de sus representantes en el proceso concursal como de los distintos organismos públicos consultados a efectos de emitir opinión sobre las diversas propuestas efectuadas por Correo Argentino S.A., la cual se vio reflejada en el rechazo de aquéllas, y por el otro, las reiteraciones por parte de la concursada de ofertas de pago irracionales que solamente propendían a alcanzar un acuerdo que contemplara una quita inadmisible o, en su defecto, a dilatar indefinidamente el trámite concursal. Lo expuesto hasta aquí evidencia que Mocoroa y Aguad, a sabiendas del alcance de la voluntad de la firma involucrada en función de lo previamente negociado con los representantes de Correo Argentino S.A., ajustaron las pretensiones de cobro del Estado Nacional con miras a alcanzar un acuerdo que beneficiase los intereses de la sociedad concursada".
Para Pollicita, de haberse firmado el acuerdo, se habría perjudicado a las arcas públicas: "En definitiva, la secuencia de hechos expuesta evidencia que los términos de la oferta de pago que aceptaron los representantes del Estado Nacional en la audiencia celebrada el día 28 de junio de 2016 se establecieron previamente con el imputado Jaime Cibils Robirosa, presidente del Directorio de Correo Argentino S.A., siendo todos los actos administrativos que se sucedieron la forma mediante la cual los imputados buscaron dotar de aparente legalidad a aquello que constituía un acuerdo perjudicial en el que el Estado Nacional se sometía solapadamente a la voluntad de pago de la sociedad concursada".
El fiscal sostuvo que hubo reuniones previas a la propuesta que se llevó a la Justicia: "…evidencia que Mocoroa y Aguad, a sabiendas del alcance de la voluntad de la firma involucrada en función de lo previamente negociado con los representantes de Correo Argentino S.A., ajustaron las pretensiones de cobro del Estado Nacional con miras a alcanzar un acuerdo que beneficiase los intereses de la sociedad concursada".
El fiscal había cuestionado los dichos de Aguad en el Congreso: "la tesis sostenida públicamente por AGUAD en oportunidad de ser interpelado en el Honorable Congreso de la Nación, en el sentido de que el crédito del Estado había perdido el 90 % de su valor en virtud del largo tiempo insumido por el trámite concursal y que, en consecuencia, el acuerdo celebrado con Correo Argentino S.A. era el único que garantizaba al Estado Nacional el cobro de la deuda, no puede ser válidamente considerada. En primer lugar, porque la instrucción que AGUAD formuló a quien terminó por expresar la voluntad estatal en el expediente n° 94.360/01 fue, antes que la consecuencia de una evaluación técnica que aconsejara la suscripción de un acuerdo como el alcanzado, el ejercicio irreflexivo de una discrecionalidad que no resulta propia de la razonabilidad que debe caracterizar a los actos de gobierno".
El fiscal concluyó que: "En virtud de los fundamentos expuestos, considero que existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y Correo Argentino S.A., que motivó el inicio de la presente investigación, fue espuriamente concebido y a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada comprometió abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente quince años. Según quedó evidenciado a largo de esta presentación, la concertación de voluntades cuestionada, por la que deberán dar explicaciones las personas involucradas, fue en buena medida posible por la existencia previa de un desnaturalizado trámite concursal que ciertamente sirvió de contexto para que intereses particulares se colaran en el proceso de toma de decisiones gubernamentales en detrimento de la administración pública. Ese mismo escenario permitió que los funcionarios públicos cuya intimación se propicia se movieran con la libertad de quien encuentra solución a una controversia que parecía no tener fin, seguramente alentados por la impunidad que, en el contexto de un inexplicablemente prolongado y engorroso trámite —aunque también complejo— creyeron garantizada".
El juez compartió los fundamentos del fiscal y por eso citó a indagatoria a Jaime Cibils Robirosa para el 19 de febrero, a Jaime Leonardo Kleidermacher el 21, a Juan Manuel Mocoroa el 26 y al ministro Aguad para el 28 de febrero.
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