El Ministerio de Defensa auditará todas las reparaciones al ARA San Juan realizadas durante el kirchnerismo

Dentro de los efectos colaterales que la tragedia del submarino ARA "San Juan" comenzó a desnudar, ahora hay algunos que se tornan notoriamente palpables. Sin lugar a dudas el más importante tiene que ver con la profunda revisión de todo lo actuado en materia de licitaciones, reparaciones y procesos de adquisición de repuestos, realizados por cuenta y orden de la Armada o del Ministerio de Defensa por intermedio de sus organismos dependientes, TANDANOR y CINAR.

Según las altas fuentes ministeriales a las que accedió Infobae, no se trata solamente de poner en el tapete la posible existencia de sobreprecios, fallas administrativas o eventuales hechos de corrupción. "Queremos ver en especial para el caso del submarino, los aspectos técnicos de cada proceso contratado para encarar la reparación de media vida. Desde la decisión de reparar las baterías en lugar de cambiarlas íntegramente, hasta la calidad y modo de instalación de los sensores de fallas, los de acumulación de gases y todo lo que hace a la seguridad náutica de la embarcación", señalan en la sede ministerial de la calle Azopardo 250.

La medida no abarcará solamente a funcionarios políticos o técnicos; Defensa maneja la teoría de que todo lo relacionado con las tareas de reparación de unidades navales debió haber sido auditado en forma indelegable por personal militar especializado. La Dirección General de Material Naval y la oficina naval denominada "Proyecto Submarino" tendrán que rendir cuentas para deslindar su propia responsabilidad.

Dando por sentado el buen desempeño de los técnicos y operarios de la industria naval que aportaron su mano de obra en las tareas de reparación realizadas tanto en el Rompehielos Irízar como en el ARA San Juan, comienzan a encenderse luces amarillas sobre varios elementos colocados a bordo del submarino en reemplazo de los originales, así como algunas reformas menores en la estructura interna de la nave, en especial en los bancos de baterías. "No se está acusando a nadie, pero queremos ver todos los detalles con la justificación técnica correspondiente en cada caso", indicaron las fuentes.

En ocasión de cumplirse el octavo mes de la desaparición del San Juan luego de la famosa última comunicación del capitán de fragata Fernández con sus superiores, algunas de las familias de los 44 tripulantes del submarino marcharon en plena Avenida de Mayo reclamando la continuidad de la búsqueda y exigiendo la renuncia del ministro Aguad.

Ante esta situación y siempre conforme a lo expresado desde el entorno ministerial, se sostiene que luego del fracaso de la licitación convocada mediante los mecanismos tradicionales y que fuera anulada a partir de la denuncia que realizó una de las querellas que representan a las familias, se delegó la realización de un nuevo proceso de compulsa de precios, pero súper abreviado, a la propia Armada.

El viernes pasado el Ministerio de Defensa ha dado precisas directivas a los altos mandos de la Armada para que el procedimiento no sufra más dilaciones. Lo que la Marina tiene que hacer es proceder a la elección de la firma que será contratada para buscar finalmente los restos de la malograda nave, partiendo de una serie de entrevistas con los representantes de cada firma para luego volcar en un simple cuadro comparativo con las fortalezas y debilidades de cada una. "Se están tardando más de la cuenta", apuntan los asesores ministeriales.

"Le hemos explicado reiteradamente a la Armada que no hay margen para dilatar más el proceso de contratación. En este estado de cosas necesitamos un trámite ágil el que, si bien reúna un marco de certidumbre y confiabilidad, permita saldar de una vez esta deuda que tenemos con las familias y la sociedad toda. Algunos reparos que ponen los uniformados son infundados ya que luego de que tengamos el resultado del análisis naval, será el ministro junto con el jefe de Gabinete quienes asuman la responsabilidad de la medida firmando la resolución respectiva", remarcaron desde el máximo nivel de la cartera ministerial.

Ocean Infinity, Igotest, el venezolano Hugo Marino y la firma Falcon son las empresas que están "rindiendo examen", ante una comisión de oficiales navales y representantes de las familias; otra firma internacionalmente reconocida en el rubro de las búsquedas submarinas, Williamson & Associates Inc, entretanto, ha iniciado una campaña de difusión considerándose dejada de lado por la Armada para poder participar de esta compulsa, pero en el día de la fecha, Defensa ha ordenado a las autoridades navales que tomen contacto con la firma para que no haya excluidos de ningún tipo.