Tras la salida de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, el Gobierno acelera los cambios en la selección de los jueces federales

La salida "consensuada" de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero de la Cámara Federal se transformó en una oportunidad inesperada para el Gobierno, que tuvo que relegar durante más de dos años reformas sustanciales en el mundo enmarañado de Comodoro Py.

En las próximas horas, el ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, impulsará una reforma en el proceso de selección de los jueces federales, tal como había adelantado Infobae hace tres semanas. Exámenes orales, transmitidos por internet, mayores exigencias académicas, y un "filtro patrimonial" desde la AFIP para todos los candidatos, figuran entre los cambios propuestos.

La reforma se activará por medio de un decreto, pero también incluye un proyecto de ley enviado al Congreso para modificar parcialmente la ley del Consejo de la Magistratura. A su vez, el represente del Poder Ejecutivo en el organismo, Juan Mahiques, impulsará modificaciones en el reglamento interno del organismo sobre concursos públicos.

Con el objetivo de sumar "publicidad y transparencia de todo el proceso", se dejarán de lado los exámenes escritos en el proceso de selección. Las pruebas serán orales y deberán ser transmitidas por internet.

También se impulsará una modificación en la composición de los jurados y se buscará reducir la duración de los concursos. Hay casos testigos: el concurso para elegir un nuevo integrante de la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que perdió dos jueces, arrancó en 2008. Finalmente el Gobierno se inclinó por Mariano Llorens, con una extensa carrera en Tribunales.

"Decidimos avanzar con esta reforma más acotada mientras el Congreso sigue tratando la reforma integral del Consejo de la Magistratura", explicó ayer una fuente oficial sobre las motivaciones del proyecto.

Infobae había anticipado que los cambios venían siendo analizados hace varios meses. Pero la salida de Farah y Ballestero aceleró los tiempos.

Otro aspecto de la reforma apunta a la formación de los futuros jueces federales, aquellos que investigan los casos de corrupción. "Se requerirá a los aspirantes, a los candidatos seleccionados y a los magistrados en función la acreditación de haber aprobado el cumplimiento de mayores exigencias académicas", dice una resolución oficial a la que tuvo acceso este medio.

El punto más innovador de la reforma apunta a profundizar los controles patrimoniales sobre los candidatos a jueces federales. Esa tarea estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que destinará un equipo para realizar una "investigación patrimonial integral" de los postulantes. Aunque no afectará a los jueces en ejercicio, la propuesta podría generar resistencia en Comodoro Py.