No estaba en la agenda oficial del Presidente. Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y un puñado de asesores de la denominada "mesa judicial", se reunieron este jueves al mediodía en el despacho presidencial para analizar cuestiones vinculadas a la Justicia y al clima social, con el análisis de la causa que tramita el juez federal de Esquel, Guido Otranto, vinculada a la desaparición de Santiago Maldonado, como tema de fondo.
Desde que se levantó el secreto de sumario en las últimas horas y el caso del joven artesano escaló al tope de la agenda judicial y mediática, Macri envió al sur al secretario de Justicia, Santiago Otamendi –del riñón de Garavano–, y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, para interiorizarse sobre la investigación que busca determinar cómo y a manos de quién desapareció Maldonado. Hay cierto malhumor por estas horas en la cúpula del Poder Ejecutivo por la actuación del juez. "Necesitamos más premura en la investigación", resumieron fuentes oficiales.
De hecho, durante la reunión sobrevoló la idea de "auditar externamente" el expediente, aunque no prosperó. "Es muy complejo", explicaron. Un sector del entorno de Macri no esconde el fastidio con el magistrado. Por ejemplo, por no ordenar aún el rastrillaje en las tierras que las comunidades mapuches consideran "sagradas". Consideran, sin embargo, que es imposible escindir la investigación del contexto en el que se mueve Otranto.
En el encuentro, el jefe de Estado también analizó junto a los funcionarios el clima de crispación social de las últimas semanas. Se centraron en los incidentes del viernes pasado en las inmediaciones de Plaza de Mayo después de la masiva movilización que pidió por el paradero del artesano. Macri cree que la tensión social seguirá hasta las elecciones de octubre.
Lo cierto es que por estas horas, y tras el levantamiento del secreto de sumario, el ministro Garavano estará mucho más encima de la investigación por Maldonado. Responde, además, a la posición inicial de la ministra Patricia Bullrich, que realizó una defensa cerrada de la actuación de la Gendarmería durante el desalojo de la Ruta 40, el pasado 1 de agosto. La hipótesis principal del Gobierno se desechó tras el resultado negativo de los cotejos de ADN de la camisa del puestero Evaristo Jones con el perfil genético de la familia de Maldonado. El estudio, más allá del apoyo mediático del jefe de Gabinete a Bullrich, volvió a levantar las sospechas en torno a la supuesta participación de la Gendarmería en el caso.
Últimas Noticias
La Justicia confirma como accidente laboral ‘in itinere’ el resbalón que sufrió una trabajadora autónoma en su garaje cuando iba a trabajar
La mutua se quiso librar de pagar los costes derivados de su incapacidad temporal, alegando que su domicilio fiscal coincidía con la vivienda y no había un “traslado” efectivo al lugar de trabajo
Crean un registro para garantizar la atención médica de los monotributistas afectados por la baja de obras sociales
A través de la resolución 492/2026, se creó una nueva sección en el registro de agentes de salud para mantener la continuidad en la cobertura de los trabajadores autónomos
Cuatro de cada cinco personas que adquieren la nacionalidad española desde el extranjero no han nacido en España
El 73% de los 3.202.002 españoles que no residen en territorio nacional nacieron en otros países, con Argentina, Francia y Estados Unidos a la cabeza
El relato de un padre en medio de la protesta por discapacidad: “Empujaban la silla de mi hija”
El hombre participaba de la movilización frente a la Casa Rosada junto a su hija cuando se produjeron los incidentes con la Policía. Denunció falta de pagos desde octubre, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las familias y los prestadores del sector
Andalucía pagará una indemnización de 1.2 millones de euros a los padres de un niño que nació con graves trastornos por “deficiencias médicas” en el parto
La demanda señala que el caso fue “consecuencia de una deficiente y negligente actuación por parte de los facultativos médicos”
