La suerte judicial del empresario argentino Ibar Pérez Corradi empezará definirse esta mañana en Asunción, cuando el hombre más requerido por la Justicia argentina se presente ante las autoridades paraguaya para identificarse y fijar posición sobre la extradición solicitada desde Buenos Aires.
El juez que está a cargo del trámite, Julián López, explicó que el detenido tiene dos posibilidades: allanarse y aceptar el traslado, u oponerse y explicar los motivos por los cuales cree que debe ser juzgado en el país en el cual fue detenido.
"Para evitar la extradición tendría que existir una causa muy grave por la que esté implicado en nuestro país. Hasta el momento no veo que exista un caso con esas características, pero no quiero prejuzgar", aseguró el magistrado en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.
La fiscal paraguaya Sandra Quiñónez, quien indagó al empresario Ibar Pérez Corradi por la falsificación de documentos en ese país, explicó que los plazos podrían acortarse en el caso de que el detenido se allane y acepte su extradición inmediata.
"No podría decir cuándo estará en la Argentina. Sería imprudente. El proceso habitual de extradición demora 45 días, pero se podría acortar si él acepta el pedido desde Buenos Aires", explicó.
Un trabajo de inteligencia
Quiñonez y López ratificaron que el empresario no se entregó y que su detención fue consecuencia de una operación de inteligencia coordinada por el jefe de la Policía de Paraguay, Críspulo Sotelo.
La fiscal reveló que en su primera declaración, el empresario le contó informalmente que "hace cuatro meses se hizo una cirugía en las manos" para borrar sus huellas dactilares. Sin embargo, admitió su verdadero nombre, algo que hasta ahora había intentado evitar.
De acuerdo a la mirada de la funcionaria judicial, en su primera presentación formal ante la Justicia, Pérez Corradi estaba mucho más tranquilo que el día de su detención, cuando exigía protección para sus familiares; los de Paraguay y los de Buenos Aires.
Este año, la justicia de Paraguay ordenó su detención en el marco de una causa por falsificación de documentos de identidad en ese país. La sospecha era que se movilizaba con papeles truchos que presuntamente obtuvo gracias a una red que operaba en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
Una pesquisa confirmó que Pérez Corradi pagó 200.000 dólares a cambio de un documento falso y un pasaporte a nombre de Walter Miguel Ortega Molinas, un joven muerto en un accidente para poder permanecer prófugo. "Él está en un centro de operaciones está custodiado por varios oficiales elite", finalizó.
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