
El ataque ocurrido esta madrugada en Trujillo ha generado una reacción inmediata en el Congreso peruano. Un grupo armado, haciéndose pasar por policías, asesinó a cuatro personas y secuestró a un empresario, según los reportes preliminares. El hecho ha incrementado la presión política sobre la cúpula de la Policía Nacional del Perú (PNP), en especial sobre su comandante general, Óscar Arriola.
La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado oficial manifestando su “firme condena” al atentado y expresando condolencias a las familias de las víctimas. En el documento, los legisladores afirman que la población enfrenta diariamente el avance del crimen organizado, lo que consideran evidencia de una crisis de seguridad.
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Renovación Popular pide cambio en la PNP
En su pronunciamiento, Renovación Popular solicitó la renuncia de Óscar Arriola argumentando “falta de resultados” en la lucha contra la delincuencia. El comunicado señala que la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, exige al Gobierno la adopción de medidas inmediatas frente a la escalada de violencia.
“Exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, se lee en el mensaje difundido este 30 de agosto.

Convergencia política: la izquierda y la derecha en la misma demanda
La exigencia de la renuncia de Arriola no es exclusiva de la derecha. Dos días antes, el bloque de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley vinculado a la destitución del jefe policial. La propuesta busca habilitar mecanismos para que la presidenta o el Congreso puedan separar al comandante general de la PNP, una iniciativa que hasta entonces había sido impulsada por agrupaciones de izquierda.
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En ese contexto, la coincidencia de Renovación Popular con la izquierda en el reclamo de salida de la máxima autoridad policial marca un giro en la política de seguridad. Ambas bancadas, tradicionalmente opuestas, sostienen que la permanencia de Arriola agrava la crisis de inseguridad en el país.
Impacto del atentado y reclamos al Gobierno
El atentado en Trujillo es percibido por diversos sectores como una muestra de la capacidad de acción de organizaciones criminales. El secuestro del empresario, perpetrado por sujetos que portaban uniformes policiales apócrifos, ha reavivado la preocupación ciudadana por la falta de resultados en la lucha contra el crimen.
Los legisladores de Renovación Popular consideran que la respuesta del Ejecutivo y de la jefatura de la PNP no ha sido suficiente para contener la ola delictiva. Por ello, insisten en que la salida de Arriola debe ir acompañada de una estrategia integral de seguridad y una revisión urgente de los mandos policiales.
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El pedido de Renovación Popular añade presión al Gobierno y a la presidenta Dina Boluarte, quien hasta el momento ha evitado pronunciarse directamente sobre el futuro del comandante general. El debate sobre la continuidad de Arriola se intensifica, mientras crecen las expectativas sobre las medidas que podría adoptar el Ejecutivo en respuesta a la crisis de seguridad y a la convergencia política inédita entre bancadas opuestas.
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