Piratas en el Pacífico: la pesca ilegal de Perú gana terreno porque el Gobierno monopoliza la información satelital

A pesar de que el Perú cuenta con tecnología satelital capaz de rastrear embarcaciones y detectar actividades ilícitas en alta mar, los gobiernos regionales —responsables de supervisar la pesca artesanal— todavía no acceden a esta información en tiempo real.

Esta brecha institucional dificulta la fiscalización efectiva de prácticas prohibidas, como la pesca de arrastre en las primeras cinco millas marinas, vigente desde hace más de 25 años, según un informe presentado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

La organización refiere que la falta de acceso a sistemas de monitoreo como el SISESAT o plataformas internacionales como Global Fishing Watch limita la capacidad de los gobiernos subnacionales para actuar ante denuncias y sancionar a los infractores.

Brechas tecnológicas y desafíos de coordinación

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) dispone de herramientas satelitales para monitorear grandes embarcaciones bajo su competencia, pero los gobiernos regionales, que regulan la pesca artesanal, no reciben esa información de manera inmediata.

Según el análisis de DAR, la principal barrera no es la ausencia de tecnología, sino las restricciones institucionales y la falta de articulación entre entidades estatales.

Percy Grandez Barrón, consultor y autor del informe, explicó que “no existe ninguna sanción administrativa contra una embarcación que haya realizado pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas marinas”, lo que revela la ineficacia de la fiscalización regional.

A pesar de estas limitaciones, algunos avances recientes muestran el potencial de las herramientas tecnológicas. Hace menos de un mes, pescadores de Cabo Blanco presentaron la primera denuncia administrativa formal por pesca de arrastre prohibida en la costa norte peruana.

Esta denuncia utilizó reportes de la plataforma Skylight y registros de drones de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau como evidencia del recorrido y las operaciones ilícitas de una embarcación. “Es la primera denuncia formal sustentada con imágenes satelitales y drones”, detalló Grandez.

Impacto económico y ambiental de la pesca ilegal

La falta de fiscalización efectiva tiene consecuencias directas sobre la economía y los ecosistemas. Según DAR, la pesca ilegal genera pérdidas de hasta USD 23 mil millones al año en el mundo y afecta cerca de 26 millones de toneladas de recursos hidrobiológicos.

En el Perú, este delito no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las pesquerías y la seguridad alimentaria, sino que también debilita las economías locales. Además, la presencia de redes ilegales facilita la entrada de mafias y organizaciones criminales en las zonas costeras, lo que incrementa los riesgos para las comunidades pesqueras.

Para los pescadores artesanales, la lucha contra la pesca ilegal es una cuestión de subsistencia y seguridad. Amancio Ormeño, pescador y vigilante comunal de la Reserva Nacional de Paracas, señala que la pesca ilegal reduce la disponibilidad de recursos y deteriora los ecosistemas.

“Cuando llega la autoridad, muchas veces la pesca ilegal ya terminó”, comenta Ormeño. En tanto, Miguel Martínez, presidente de la Federación Regional de Pesca Artesanal de Tumbes, advierte que la pesca ilegal “trae delincuencia y amenazas a los pescadores artesanales”.

Retos institucionales y propuestas de solución

Especialistas y autoridades coinciden en que ampliar el acceso a información satelital y fortalecer la coordinación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y las instituciones de vigilancia es clave para enfrentar la pesca ilegal.

Denisse Linares, líder de proyectos de DAR, sostiene que “la información satelital puede aportar mucho más, pero también se necesita mejorar capacidades, presupuesto y articulación institucional”.

Por ejemplo, en la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, el uso de drones y plataformas de monitoreo permitió reducir en más del 98% el ingreso de embarcaciones ilegales, aunque persisten limitaciones operativas y de recursos humanos.

Las propuestas incluyen incorporar sistemas de geolocalización en todas las embarcaciones, fortalecer la respuesta institucional y promover reformas que permitan a los gobiernos regionales contar con información en tiempo real.

El objetivo común: cerrar la brecha tecnológica y de gobernanza que hoy deja a amplios sectores del mar peruano sin vigilancia efectiva frente a la pesca ilegal.